La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta poderosa que está transformando diversos sectores y la gestión pública no es la excepción. La implementación de sistemas basados en IA promete no sólo optimizar procesos, sino también generar un valor público significativo a partir de una prestación de servicios más efectiva para los ciudadanos.

Desde hace tiempo venimos transitando la era digital, caracterizada por la rápida adopción de tecnologías que han transformado la forma en que vivimos y trabajamos. En la 4ª revolución industrial y la era exponencial, el ritmo de la innovación tecnológica, el desarrollo de datos y el crecimiento de la información se acelera sin precedentes. En este contexto, la “sub-era de la IA” emerge como una fuerza transformadora y desafiante tanto desde el seguimiento de los procesos como del entendimiento de su impacto y resultados. 

La IA abre la posibilidad de converger a una gestión pública más eficiente, proactiva y centrada en el ciudadano.

Es que la IA no solo está revolucionando industrias y servicios, sino también está redefiniendo la comunicación e interacción entre los ciudadanos y el Estado, abriendo la posibilidad de converger a una gestión pública más eficiente, proactiva y centrada en el ciudadano.

Así, la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) nos sumerge en un torbellino de posibilidades. Estos sistemas, capaces de crear contenido original en forma de textos, imágenes, música e incluso lenguajes de programación, se apoyan en modelos avanzados de aprendizaje profundo, cuyo objetivo consiste en emular la creatividad humana.

Esta revolución nos exige una reflexión acelerada y debemos centrar nuestra atención en escudriñar el rol y alcance de esta herramienta como nunca antes. La IAG plantea desafíos colosales en todos los ámbitos de la vida pública y privada, voces a favor y en contra se entrelazan, mientras algunos fanatismos amenazan con sesgar un análisis objetivo y constructivo del tema.

Beneficios de la IA en la gestión pública

Entre los principales beneficios que aparecen en la aplicación de la IA en la gestión pública resulta de interés la optimización de procesos. Los algoritmos pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, permitiendo a los gobiernos tomar decisiones más efectivas y precisas al contar con mejor información. En el ámbito de la salud pública, la IA puede predecir brotes de enfermedades y optimizar la distribución de recursos médicos, lo que resulta en una respuesta más oportuna en uno de los servicios esenciales del Estado.

Por otra parte, la IA puede automatizar tareas administrativas rutinarias, permitiendo reasignar tareas y recursos para que los trabajadores del servicio civil se concentren en actividades de mayor valor público, generando espacios de trabajo interdisciplinarios de mayor alcance y desafío. Para ello, es central que haya programas permanentes de capacitación y actualización puertas hacia dentro de la gestión pública.

Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce costos y minimiza errores humanos. Además, genera nuevas posibilidades laborales dentro del empleo público. Un ejemplo concreto es el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de trámites burocráticos, donde los sistemas automatizados pueden ingresar y procesar solicitudes de manera más rápida y precisa, siempre bajo la auditoría, seguimiento y supervisión humana. 

Es por ello que la IA también tiene el potencial de mejorar significativamente los servicios públicos, tal como ya sucede a través de chatbots y asistentes virtuales, desde donde los ciudadanos pueden acceder a información y servicios de manera rápida y sencilla, las 24 horas del día. Estos sistemas pueden resolver consultas comunes, guiar a los usuarios y proporcionar asistencia personalizada, mejorando la experiencia del usuario.

La información es poder

Otro aspecto central es la toma de decisiones públicas basada en datos. En este punto, la IA tiene la capacidad de analizar datos masivos, lo que le permite a los gobiernos identificar patrones y tendencias que de otro modo pasarían desapercibidos. Esto es especialmente útil en áreas como la seguridad pública, donde puede ayudar a predecir y prevenir delitos mediante el análisis de datos históricos y en tiempo real. De esta manera, las políticas públicas pueden ser más proactivas y basadas en evidencia, lo que resulta en comunidades más seguras y resilientes. En grandes aglomerados urbanos, los algoritmos ayudan a las fuerzas de seguridad a desplegar recursos de manera más efectiva.

En medio de las bondades y las grandes posibilidades que abren el desarrollo de los sistemas de IA, también surgen preocupaciones y llamados de atención sobre su implementación en la gestión pública que no está exenta de desafíos. Uno de los aspectos más críticos es la gestión ética de la IA. Los gobiernos deben asegurarse de que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de manera transparente, participativa, justa y responsable. Esto incluye garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los ciudadanos, así como evitar sesgos en los algoritmos que puedan perpetuar e incluso profundizar desigualdades sociales, o volverse excluyentes y totalmente opuestos a la necesaria participación ciudadana.

Transparencia y participación

La transparencia es fundamental para generar confianza en el uso de la IA y los ciudadanos deben ser informados sobre cómo se utilizan sus datos. Además, deben tener la posibilidad de optar por no participar en sistemas automatizados si así lo desean, por ejemplo, manteniendo la opción de la atención humana al solicitar un bien o servicio. 

Por otra parte, es crucial que los gobiernos implementen mecanismos de auditoría, supervisión y rendición de cuentas para monitorear el desempeño de los sistemas de IA y corregir cualquier desviación ética. Un ejemplo concreto es la creación de agencias estatales y de comités de ética en IA que revisen y supervisen su aplicación en el sector público; para ello, la alianza y colaboración entre el Estado y las OSC es fundamental.

Como conclusión, para nada definitiva y excluyente, sino inicial y primaria, teniendo en cuenta que el debate público sobre este tema recién comienza, podemos decir que la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la gestión pública, aportando valor público y mejorando la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, es esencial que los Estados adopten un enfoque ético y responsable en el desarrollo y uso de la IA. Solo así se podrá garantizar que esta poderosa herramienta se utilice para el bien común, promoviendo una sociedad más justa y equitativa, reduciendo a la mínima expresión sus desviaciones y efectos no deseados para la vida en sociedad.