Alcances y falencias de las becas PROGRESAR
La Auditoría General de la Nación analizó la gestión de 2018 y 2019 del programa de becas estudiantiles. Los hallazgos expusieron falencias en el seguimiento de los pagos y falta de mecanismos de actualización de los montos.
Apuntes, transporte, un tostado cuando no se llegó a desayunar, resaltadores, un café a la tarde entre el trabajo y la cursada, cuadernos.
Estudiar es mucho más que el tiempo que se pasa dentro del aula o frente a la computadora cuando es virtual. Que la educación sea gratuita no significa que no se necesite dinero para poder formarse, y conseguir y sostener un empleo que permita realizar ambas actividades no suele ser tarea sencilla.
Considerando esta situación, en enero de 2014 se creó el programa de becas PROGRESAR, que consiste en “el otorgamiento de un estímulo económico para jóvenes en situación de vulnerabilidad social para finalizar la educación obligatoria (primaria o secundaria), fomentar la educación superior (terciaria o universitaria) o la formación laboral, colaborando con la formación de profesionales”.
Es decir, se asigna una suma fija por mes a modo de ayuda para poder solventar consumos de estudiantes (de entre 18 y 24 años) que se encuentran cursando estudios para finalizar la escuela primaria o secundaria, o bien transitando el nivel terciario o universitario.
El monto no permite (ni persigue) una independencia económica - en agosto de 2024 fue de $16.000 (en mano) -, sino ser un apoyo para alumnos con contextos desfavorables.
El organismo que lo lleva adelante es el Ministerio de Capital Humano (ex Ministerio de Educación), y su gestión del plan en el período 2018-2019 fue analizada por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Para esto se examinaron (a modo de muestra) las becas adjudicadas a 384 beneficiarios, y los hallazgos expusieron, entre otros aspectos, falta de seguimiento de la efectivización de los pagos y la ausencia de automatización del cálculo y aumento del monto del subsidio.
Cuánto y a cuántos
La AGN detalla que la cantidad de becas asignadas disminuyó cada año desde 2017 a 2019, pasando de más de 700.000 beneficiarios a 574.909 al final de ese periodo. Si bien no hubo un ajuste aparejado del monto del subsidio, esa reducción de beneficiarios implicó un aumento en términos reales en 2018 (mismo dinero para menos personas), pero producto de la inflación y sumado a un ajuste del presupuesto destinado al programa, en 2019 se terminó evidenciando una reducción del 26.53% del monto de la beca promedio.
El valor de la beca se actualiza por decisiones ministeriales, y no mediante un método automatizado con indicadores.
El Ministerio de Educación (ME) informó que “no existe una metodología definida para calcular y actualizar los montos”. En las tareas de relevamiento se observó que los valores fijados para las líneas de becas en los años 2018 y 2019 se aprobaron por resoluciones ministeriales de las que no surge la implementación de indicadores ni metodología de cálculo, situación que podría dificultar el logro de los objetivos del programa.
Otra de las debilidades expuestas fue la categorización de carreras y correspondiente pago discriminando entre estratégicas y no estratégicas. Las primeras son aquellas que contribuyen a mitigar áreas vacantes y a contribuir al desarrollo económico regional, y reciben un porcentaje de ayuda superior.
Durante el periodo auditado se registraron casos de asignación errónea de estas categorías al momento del pago. Se detectaron tanto cobros superiores como inferiores por ambas clasificaciones.
El subsidio
Con respecto a los pagos, los hallazgos se dividen en tres ejes. La AGN detalla las instancias de pago, premio y pago retroactivo por finalización.
Esta última categoría se refiere a que cada becario cobra mes a mes (durante 10 meses del año) el 80% del subsidio, siendo el 20% restante regularizado una vez que se presenta el certificado de alumno regular en el caso de la educación obligatoria, la certificación académica de avance de carrera en educación superior o el certificado de finalización de curso, cuando se trata de formación profesional.
Ante esta situación, el informe detalla que “la información suministrada por el Ministerio de Educación no fue suficiente para corroborar la liquidación del 20% contra los correspondientes certificados académicos”.
Los pagos mensuales también fueron señalados por la AGN ya que “no se pudo corroborar que los fondos destinados a los becarios les hayan llegado”. Según la Auditoría, esto se debe a la imposibilidad de identificar los casos de beneficiarios con becas abonadas y las impagas.
No se pudo corroborar la liquidación total de los pagos una vez finalizado el año de la beca.
Tampoco se pudo verificar el cumplimiento de los plazos establecidos para las devoluciones, ni corroborar la aplicación de procedimientos de control del auditado de las rendiciones.
Además, de los casos impagos no se obtuvo evidencia de seguimiento ni de un procedimiento que regularice el uso de los fondos.
Por último, en relación a los premios, los mismos se destinan a aquellos becarios que hayan aprobado el 100% de las materias según el plan de estudio y año de cursada, y a su vez tengan un promedio de 8 o superior. Se abona por única vez, y el monto es equivalente a las 10 cuotas correspondientes a la beca del año en que cumplieron esas condiciones.
El auditado, si bien suministró un archivo con los becarios a quienes se les asignó el premio, “no proporcionó la documentación respaldatoria requerida para su otorgamiento” y, del relevamiento, surge que fueron 20 becarios de la muestra los que obtuvieron el premio del año 2018, 17 becarios en 2019 y 3 en 2020. Pero en las reuniones con el ME se informó que el premio solo se otorgó en el año 2018 y no se implementó en el año 2019.
En conclusión, “no se obtuvo evidencia de un procedimiento que regularice el uso de los fondos, por parte del ME”.
A quiénes
La AGN también expuso falencias en las nóminas de beneficiarios. El auditado no suministró la información de los becarios en condiciones de cobrar la beca con el monto correspondiente.
Por otra parte, en las notas y resoluciones suministradas no se encuentra discriminado el detalle de los fondos en concepto de comisiones bancarias, y tampoco se pudieron verificar los montos totales transferidos con la sumatoria de lo correspondiente a cada beneficiario en condiciones de cobrar.
Por último, no se pudo constatar el cumplimiento de los requisitos que conforman la evaluación socioeconómica, establecida en el DNU 90/2018 y reglamentos del PROGRESAR.
Esta evaluación se realiza a través del ANSES “en función de los ingresos del postulante y los de su grupo familiar” (que se registran en las bases de datos de dicho organismo, al momento de la inscripción).
El convenio entre el ME y la ANSES especifica que el Ministerio remitirá un archivo a través de SITACI con las altas de inscripción del nivel superior universitario/no universitario a ANSES para que efectúe el control socioeconómico y de incompatibilidades de las inscripciones.
Luego del control, la ANSES debe enviar la información resultante al Ministerio. Sin embargo, no se pudo constatar el intercambio de información entre el ME y la ANSES, ni el equipo auditor tuvo acceso al sistema GDE, a los sistemas informáticos ni a la información del Sistema SITACI.
Un hallazgo destacado del programa proviene de encuestas realizadas por el área de Participación Ciudadana de la AGN.
Fueron enviadas a las instituciones educativas y las respuestas provienen principalmente de centros donde se brindan las líneas de beca “Fomento de la Educación Superior” y “Finalización de la Educación Obligatoria”.
Las instituciones afirman que se ha incrementado la cantidad de aspirantes a las becas PROGRESAR y que contribuye a disminuir la tasa de repitencia en la educación obligatoria. Además, de las respuestas surge que el 92,5% de las entidades educativas difunde el PROGRESAR y que los medios más utilizados son las redes sociales (45,9%) y la página web de la institución (14,3%).
El informe concluye expresando que “las debilidades detectadas en la ejecución del Programa impactan en el logro de los objetivos de acompañar y contribuir a la permanencia y egreso en el sistema educativo de los jóvenes en situación de vulnerabilidad”.
Por su parte, el auditado manifestó su compromiso de incorporar las recomendaciones del informe en acciones futuras, con el fin de optimizar el sistema de gestión del Programa.
