subsidios

El Gobierno Nacional dispuso un aumento del 35% de todos los montos de las tarjetas. Aproximadamente llega a 2.4 millones de hogares y cubre las necesidades de casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. La última actualización había sido en noviembre.

El informe detalla que la mitad de las asistencias entregadas fue para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Y observa que el programa no cumplió con “una mejora sustancial de la situación de los consumidores”.

La Ley Lucio y Alcohol Cero son las propuestas legislativas más esperadas, pero también existen otros documentos demorados.

La Administración Nacional gastó $15.874.609 millones (87% del crédito vigente), de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Economía de la Nación a través de Presupuesto Abierto.

Según la OPC, durante el periodo 2019-2020, se produjo el salto más importante en la cantidad de beneficios otorgados. Sin embargo, los recursos asignados crecieron a un ritmo inferior.

La Auditoría aprobó un informe sobre el Ingreso Familiar de Emergencia 2020. El trabajo valoró la planificación e implementación del programa, pero observó que no se previeron alternativas para la inscripción de beneficiarios.

La compañía eléctrica italiana, dueña del servicio, vende sus activos en Argentina. Cuál es el estado de la empresa y qué auditorías se hicieron sobre la prestación.

La iniciativa tiene por objetivo recuperar, consolidar y verificar la información sobre las instituciones deportivas. Con ese diagnóstico se podrán generar proyectos para apoyar y promover su regularización.

El organismo de control hará una investigación paralela a la de la Justicia. Los casos se dieron a conocer tras las denuncias por estafas de personas que entregaban sus tarjetas de débito para que otros cobraran por ellos. Desde el ente de control esperan saber si existió perjuicio fiscal sobre fondos públicos.

En el marco de la celebración por su día nacional, tanto la CoNaBiP como las comisiones directivas de las distintas instituciones expresaron los retos que deben afrontar para seguir brindando servicios a la comunidad.

La Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe en el que se indica que en lo que va del año el Ejecutivo destinó $4.571.179 millones en prestaciones sociales.

La Oficina de Presupuesto del Congreso analizó la flexibilidad del gasto de la Administración Pública Nacional desde 2010 hasta 2021. Según el informe, la presencia de rigideces presupuestarias limita la capacidad de la política fiscal para reaccionar a escenarios imprevistos o nuevos.

La Auditoría porteña presentó un informe dónde se evaluó el plan de asistencia habitacional a residentes de las comunas que integran la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.

La discusión sobre las diferencias de presupuesto hacia los colectivos del AMBA y del resto de las provincias dispuestos por el Ejecutivo sigue abierta. Por qué el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) no está implementado en su totalidad y qué dice el informe de la AGN al respecto.

Del análisis de los datos públicos disponibles del Presupuesto Abierto, en los primeros 114 días del año se devengaron $3.494.938 millones, una ejecución del 32% del total, en regla con la proporción de tiempo transcurrido.

Según datos de la Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo, la mayor parte del gasto vinculado con la equidad social corresponde a las transferencias en los programas de asignaciones familiares, prestaciones previsionales y pensiones no contributivas, todos bajo la órbita de ANSES.

El programa se estima que alcanza a 4,1 millones de personas. Según un informe de la Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo de la Nación tiene un “fuerte sesgo progresivo” y ayudó a reducir los niveles de pobreza e indigencia.

La Oficina de Presupuesto del Congreso realizó el análisis del vínculo alcanzado con el organismo internacional. El desembolso de U$S44.400 millones estará destinado a cubrir los vencimientos derivados del plan anterior tomado en 2018.

Con mayoría dividida, la AGN aprobó un informe sobre la gestión 2016. Allí se determinó que la revisión tarifaria integral, por la cual se decide el precio a pagar por los usuarios, se realizó con información brindada mayormente por las distribuidoras.

El organismo de control observó que algunas tareas que tenían bajo su órbita las asociaciones pasaron a ser ejecutadas por distintas áreas del gobierno porteño y recomendó adecuar los indicadores que conforman el monto adjudicado para cada una.