La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en un informe, aprobado en diciembre de 2021, evaluó el programa que brinda subsidios a personas mayores para que puedan seguir residiendo en sus viviendas. El organismo de control detectó “fallas” en el control interno, así como también “debilidades” en la guarda y carga de información. Según la auditoría, estas deficiencias atentan contra la transparencia de la gestión pública y la efectivización del control interno.

En 2019 y 2020, el programa de subsidios a personas mayores para que puedan seguir residiendo en sus viviendas asistió a 6.094 personas. 

Durante el período auditado, 2019 y 2020, el programa de Sistemas Alternativos a la Institucionalización del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat asistió a 6.094 personas. Esta ayuda económica alcanzó a los beneficiarios de las Comunas de CABA que integran la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo (totalidad de la 8 y parte de la 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10), de acuerdo con la Ley 26.168 y la adhesión de CABA a través de la Ley 2.217. 

El subsidio está destinado a facilitar el alojamiento de aquellas personas mayores de 60 años que acrediten un mínimo de dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires y se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad. El financiamiento comprende los gastos ocasionados por alquiler, expensas, servicios u otra situación conexa con la problemática de vivienda.

Falta de documentación

La Auditoría de la Ciudad advirtió la ausencia de documentación necesaria en los legajos de los beneficiarios. Esta situación impidió la correcta evaluación del organismo porteño. 

El 96% del total de los expedientes no acreditó la revisión anual del subsidio y en 89 de los 95 registros no figuró el monto de la subvención.

Según el informe, en 79 de los 95 de los expedientes relevados (83% del total) no se halló la copia del DNI del adjudicatario. La AGCBA, por otro lado, expuso la falta de evaluación psicológica en el 87% de la documentación analizada. 

Asimismo, la Auditoría manifestó que en 82 de los 95 legajos estudiados no se observó la evaluación social. “Lo señalado impide acreditar el cumplimiento de las condiciones generales de admisión para los postulantes”, afirmó el organismo de control.  

Por otro lado, el 95% de la documentación analizada no registró la realización de la evaluación a cargo de la Unidad Interdisciplinaria de Admisiones necesaria para establecer los niveles de prioridad de los postulantes de la asistencia. En esta misma línea, el 96% del total no acreditó la revisión anual del subsidio y en 89 de los 95 registros no figuró el monto de la subvención.

El organismo de control observó que más de la mitad de los registros (58%) no contaban con la constancia de que el beneficiario haya declarado un domicilio legal en CABA, uno de los requisitos necesarios para obtener el beneficio. Además, del informe se percibió que, en menor medida, 18 de los 95 legajos no registraron comprobantes de pagos de alquiler, expensas, ni servicios básicos.

Imputaciones presupuestarias incorrectas

El crédito presupuestario del programa de Sistemas Alternativos a la Institucionalización resultó ser de $72.474.810 para 2019 y $108.507.003 para 2020. Sin embargo, la AGCBA verificó la incorrecta imputación presupuestaria en los períodos auditados.

Acorde al informe de transferencias realizadas, se observó que la suma total de $969.680 ($684.480 en 2019 y $285.200 en 2020) fue destinada a la Fundación Manos Abiertas. Esta organización brinda un servicio que “no encuadra dentro del objeto del programa auditado”. La práctica en cuestión vulnera lo establecido por los artículos 26 y 60 de la Ley 70; contraria al correcto uso de la técnica de Presupuestos por Programa, así como también a los principios de rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública e impide el correcto ejercicio del control interno y externo del Sector Público.