Desinversión y falta de acciones en la Cuenca Matanza - Riachuelo

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) identificó que en 2020 no se ejecutó el presupuesto nacional destinado a vivienda en la Cuenca Matanza - Riachuelo y que para 2021 el Estado proyectó una reducción de más del 27% en el mismo. Además disminuyeron los montos asignados por el Ministerio de Obras Públicas y lo mismo sucedió con las proyecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se destinan a la zona.

“Desde el 2008 está vigente una sentencia que ordena la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo y el mejoramiento de las condiciones socio-habitacionales que viene siendo incumplida por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, las reducciones presupuestarias para esta actividad se han vuelto una constante”, afirmó Felipe Mesel, abogado del área Derecho a la Ciudad de ACIJ. 

Historia

En 2006, la ley 26.168 motivó la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR) en el ámbito de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con competencias en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires que adhirieron mediante las leyes 2217 y 13642, respectivamente. Desde entonces se lleva adelante el Plan Sanitario de Emergencia (PSE), el cual forma parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Ambos se orientan a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona.

En 2008, la sentencia judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que se conoce como la causa Mendoza ordenó el saneamiento integral y el otorgamiento de soluciones para todas las personas que están en situación de déficit habitacional y ambiental. La demanda que le dio origen había sido iniciada en 2004 contra el Estado Nacional, la Provincia, CABA y 44 empresas instaladas en el área. Reclamaba la recomposición ambiental, la creación de un fondo para financiar las obras y un resarcimiento económico. Posteriormente, la misma se amplió hacia los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la Cuenca Matanza - Riachuelo.

Este fallo histórico determinó quiénes serían los responsables de llevar adelante las acciones. “De esto pasaron casi 13 años y hubo muy poco presupuesto destinado a financiar obras y además asistimos a un proceso de decaimiento progresivo del mismo”, explicó Mesel.

La causa Matanza - Riachuelo involucra 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que casi 20 mil personas se ven afectadas por la falta de políticas públicas.

Presupuestos

Los incumplimientos y las reducciones presupuestarias se pueden ver en las distintas carteras y jurisdicciones. En el ámbito del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Hábitat, existe la actividad “Acciones para el Desarrollo Habitacional y de Infraestructura en la Cuenca Matanza - Riachuelo”, incluida en el programa 40 de la Secretaría de Hábitat. El informe de ACIJ identificó que a septiembre de 2020 el 100% del limitado presupuesto que tenía asignado no había sido devengado. A su vez, detectó que hubo una reducción del 27,43% en el presupuesto proyectado para 2021 (equivalente a más de $ 300 millones).

Otro caso se da en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas. Allí se lleva a cabo el programa 44 “Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo” que tiene como objetivo llevar a cabo tareas vinculadas a la recomposición sanitaria de la salud y su fortalecimiento dentro del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo (PISCUMAR). Asimismo, contribuye al mejoramiento de los servicios de desagües cloacales, la minimización de las descargas industriales sin tratamiento a los cursos de agua, el mejoramiento del sistema de drenaje urbano y el uso del suelo. 

Según ACIJ, en septiembre del 2020 se ejecutó sólo el 59,3% del presupuesto destinado a este programa. Además, el monto asignado para 2021 demostró una reducción del 81% en términos reales. 

También se encuentran disminuciones similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la actividad denominada "ACUMAR-Villas" que es parte del Programa 104 de “Reintegración, integración y transformación de villas” del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que desde el 2019 sólo incluyó presupuesto para la 21-24. ACIJ halló una reducción interanual para la misma: mientras que en 2019 se le destinaron alrededor de 103 millones, en 2020 sólo se le otorgaron 40 millones. Desde la asociación aclaran que como es una actividad y no un programa no está aún publicado el detalle de cuánto se destinará este año. 

El caso de Villa Inflamable

La contaminación de niños con plomo de Villa Inflamable fue el punto de partida de la sentencia de la Corte Suprema de 2008. Se encuentra en las cercanías del Polo Petroquímico Dock Sud y sus habitantes se hallan expuestos a numerosos contaminantes emitidos por las industrias del lugar y por los rellenos del suelo. 

En el marco del fallo Mendoza, las autoridades decidieron relocalizar la totalidad del asentamiento. Dicho proceso debe ser llevado adelante por la Municipalidad de Avellaneda y ACUMAR, pero según ACIJ se realiza sin brindarle a los vecinos ningún tipo de información al respecto y sin contemplar su participación.

"Aunque la gran mayoría de los vecinos no están dispuestos a mudarse, no tendrían dónde porque ni el municipio de Avellaneda, ni el Gobierno Nacional, ni ACUMAR han hecho planes de vivienda eficientes, ni obras de reurbanización, ni mejoramiento del hábitat. Por lo que la gente sigue con una situación cada vez más grave”, explicó Mesel.

El abogado destacó el caso de la creación del Barrio Alianza, el cual estaba destinado a albergar a las más de 2000 familias que deberían ser relocalizadas de Villa Inflamable. Según Mesel, “no se llegaron a hacer 200 viviendas” y actualmente ACUMAR entrega bidones, dado que no llega el agua potable y la que llega lo hace con una presión demasiado baja, lo que obliga a enviar camiones cisternas.

Control 

Aunque la denuncia que dio origen al fallo de la Corte Suprema se originó por el accionar de sólo 44 empresas, el número de fábricas en la Cuenca es dinámico y crece cada vez más. La resolución 297/2018 de ACUMAR, estableció la obligatoriedad de re-empadronamiento de todas las empresas instaladas que, a la fecha, son 5566.

“Se supone que las autoridades públicas deben supervisar a las empresas, controlar que las que degradan el ambiente dejen de hacerlo y que no puedan instalarse más en determinadas zonas. Pero prácticamente no hubo clausuras de industrias altamente contaminantes. Por ejemplo, en Villa Inflamable está el polo petroquímico más grande de Argentina que sigue funcionando y con un ritmo mayor al que tenía en 2008”, expresó Mesel.

Tanto el Estado Nacional, como CABA y la Provincia de Buenos Aires están condenadas por el fallo. Si bien los municipios no lo están, tienen responsabilidad derivada. Aunque en su momento los abogados querellantes quisieron lograr que fueran responsabilizadas las 44 empresas detectadas como contaminantes, la Corte las eximió.  

En este sentido, el abogado destacó lo dificultoso del intrincado panorama de autoridades, que incluye a ACUMAR, a los municipios y los estados locales: "En principio la instalación de cualquier industria necesita aprobación municipal, pero ACUMAR tiene la facultad de su supervisión, es decir que puede rechazar que se instalen en la cuenca. Sin embargo, no lo hace y los municipios tampoco. En muchos casos, las empresas se instalan de manera irregular en barrios populares y ni siquiera cuentan con aprobación para desarrollar sus actividades. No se controla a las que se instalan de esta manera", concluyó.