riachuelo

La Auditoría General de la Nación revisó el desempeño de la Autoridad en el trabajo por palear la contaminación de origen industrial. Falta de información y grandes cambios en las partidas asignadas.

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) realizó un análisis de los desechos flotantes que se extraen del agua. Cómo es el proceso y qué componentes predominan.

La actividad en la cuenca está suspendida judicialmente desde 2011. Ahora un proyecto impulsado por el Ejecutivo pretende reactivar la circulación de naves comerciales en la desembocadura. El Auditor hizo un recorrido por el lecho para observar los trabajos realizados en los últimos años.

A casi 13 años del histórico fallo Mendoza de la Corte Suprema, ACIJ detectó que los presupuestos del Estado Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados al saneamiento y mejoramiento habitacional se subejecutaron y redujeron progresivamente ¿Qué se hizo durante 2020 en la zona?

Actualmente funcionan en nuestro país más de 400 empresas recuperadas sostenidas por 18.000 puestos de trabajo. El objetivo de este sistema es apoyar y asesorar a este sector en el proceso para su adecuación ambiental.

Tras analizar un plan de hábitat, el organismo de control descubrió una diferencia de $ 55 millones entre lo que la ACUMAR dice que ejecutó en obras y lo que figura en el sistema presupuestario del Estado. Además, se entregaron anticipos financieros por montos mayores a lo permitido y quedó sin rendir el 15% de los fondos.

Recorrimos una parte de la cuenca con Javier García Elorrio, Subgerente Higiene Urbana, quien está a cargo de las cuadrillas de limpieza de los márgenes y el espejo de agua de la Vuelta de Rocha. Trabajo, anécdotas, historias, mitos y certezas de uno de los cursos de agua más emblemáticos del país.

La relación directa entre el lavado de manos y la prevención de la enfermedad, más el impacto de la pandemia en los barrios vulnerables, dejaron en evidencia un déficit que se arrastra hace un lustro.

"Los índices durante la cuarentena no son parámetro para pensar en una mejora sostenida", reflexionó Andrés Nápoli, director de FARN, quien también señaló que el control de la autoridad ambiental está en suspenso.

La iniciativa de la ONU, que apunta a mitigar el cambio climático y la desigualdad entre otras cuestiones, no se limita a lo testimonial y tiene su correlato en las gestiones de los Estados. Un área del Congreso analizó el uso de fondos en materia de agua y saneamiento.

La Legislatura porteña aprobó una prórroga por cinco años más de la Ley de Emergencia para cumplir con los procesos de relocalización, limpieza de márgenes y relevamiento de industrias. La modificación de un artículo, que generó controversia, prolongó el plazo del Ejecutivo para rendir cuentas sobre el avance de las tareas.

Durante la última sesión, el Colegio de Auditores aprobó y tomó conocimiento de dos informes vinculados a ACUMAR. La falta de documentación en torno a las contrataciones y la subejecución presupuestaria fueron algunos de los hallazgos del trabajo. La AGN ya lo había advertido en 2016.

El mapa de riesgo que la ACUMAR comenzó a implementar en 2017 cubrió 38 de los 593 barrios afectados. Igualmente, las acciones se hicieron sin tener en cuenta esos diagnósticos: se intervino en solo una de las 10 urbanizaciones más afectadas. El presupuesto de la iniciativa cayó un 88% en dos años.

La Auditoría porteña examinó la reformulación de las iniciativas de limpieza y notó que, aunque se añadieron conceptos, no aumentaron las líneas de acción ni se modificaron sus objetivos. El único proyecto con metas y plazos es el de urbanización de villas, pero tampoco se cumple. No existe interacción entre las jurisdicciones de la ACUMAR.

El nuevo presidente es Lucas Figueras. El organismo es uno de los que tiene más volatilidad en cargos directivos. En su momento, la AGN había advertido sobre los riesgos que implican tantas modificaciones, al considerar que eso "no favorece la consecución de políticas y metas".

La Auditoría porteña reveló la “falta de coordinación” entre la Nación y la Ciudad para controlar el saneamiento. Los datos de las jurisdicciones no coinciden y tanto la Capital como la Provincia de Buenos Aires no tienen acceso a la información de la ACUMAR.

El presidente de la Asociación de Vecinos La Boca, Alfredo Alberti, dialogó con Gestionpublica.info y ElAuditor.info sobre las cuentas pendientes que los gobiernos de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tienen en materia de salud, hábitat y ambiente hace más de diez años.

Según la AGN, el Instituto de la Vivienda de la provincia es “el más incumplidor” a la hora de justificar gastos. No obstante, volvieron a enviarle fondos. Dos de las tres iniciativas destinadas a recomponer la situación habitacional de los vecinos no tuvieron presupuesto. La restante, subejecutó el 58% del dinero.

El ente encargado del saneamiento había firmado un convenio con la Universidad de La Matanza para hacer un diagnóstico de los desagües ilegales. Sin embargo, la AGN descubrió que solo dos de los contratados tenían vinculación con ella. Por el acuerdo se desembolsaron $ 6,2 millones y más de un tercio del dinero quedó sin rendir.

En uno de los primeros informes sobre la actual gestión, la AGN reveló que la ACUMAR devengó el 57% de su presupuesto. Entre las iniciativas con menos movimientos aparecen la limpieza de basurales y el plan sanitario de emergencia. En dos años hubo cinco cambios de autoridades y se eliminó un comité que debía opinar sobre los gastos del organismo.