Hace 15 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó el reclamo de vecinos que denunciaban la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Desde entonces hubo diversos avances: se designaron responsables, se limpiaron los márgenes, se quitaron restos de barcos y se generaron documentos. Sin embargo aún es mucha la tarea pendiente. El agua y el aire siguen contaminados, y el plan integral de saneamiento está más inclinado en el debe que en el haber. 

Con el fallo Mendoza, por primera vez la Justicia ordenó establecer objetivos y contenidos de un plan de acciones que contribuya a la recomposición ambiental de la Cuenca. Además sentenció que sean los Estados Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires los responsables de su ejecución. Y obligó a la creación de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) como organismo público responsable de articular las políticas públicas que se desarrollen en el lugar.

Los valores de oxígeno disuelto de la cuenca baja del Riachuelo son inferiores a 1 miligramo por litro, lo que impide la posibilidad de algún tipo de vida.

Durante una recorrida que El Auditor.info realizó a principios de año pudo observar que ya no hay barcos hundidos, se desmalezaron los márgenes de la cuenca baja, se hicieron corredores verdes junto a la ribera y hay cuadrillas que levantan la basura flotante de forma periódica. Hoy no se siente el mal olor que durante décadas caracterizó a la zona. Pero por debajo de la superficie, la contaminación sigue. Según Acumar, los valores de oxígeno disuelto de la cuenca baja del Riachuelo son inferiores a 1 miligramo por litro, lo que impide la posibilidad de algún tipo de vida. También hay un déficit en lo que respecta a la construcción de viviendas y relocalización de los habitantes de los márgenes. Se estima que en las cercanías del Riachuelo viven más de 4 millones y medio de habitantes, un 10% de la población argentina.

Riachuelo: se cumplen 15 años del fallo que cambió la historia de la cuenca

“Si bien se han hecho grandes avances, aún quedan acciones pendientes de carácter socio-ambiental que deben implementarse de manera conjunta para cumplir con el saneamiento integral del Riachuelo”, explicó Cristián Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN. La fundación ambientalista es una de las cinco organizaciones civiles que conformaron el cuerpo colegiado para el control y seguimiento de las acciones. 

Algunas de las cuestiones pendientes que mencionan desde FARN tienen que ver con un monitoreo más riguroso de los vertidos industriales y más sanciones a las empresas que no cumplen con las normativas. También acelerar la ejecución de las obras cloacales y de saneamiento de aguas, perseguir la presentación, ejecución y finalización de los planes de reconversión industrial por parte de los establecimientos declarados como agentes contaminantes en el ámbito de la cuenca y relocalizar a la totalidad de las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad y con riesgo sanitario y ambiental.

Un plan “poco confiable”

Durante estos 15 años, la Auditoría General de la Nación (AGN) produjo decenas de documentos sobre la Autoridad de la Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR) y distintos aspectos de la empresa AySa, entre ellos los relacionados a cuestiones presupuestarias, financieras, contables. De todos los estudios, los que menos se registran son los referidos a las cuestiones de saneamiento.

En un informe aprobado en 2020, la AGN advirtió sobre la falta de concordancia entre registros presupuestarios oficiales, las rendiciones de gastos incompletas y la ausencia de documentación obligatoria. La Auditoría concluyó que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del Riachuelo “es poco confiable”.

El organismo de control encontró una diferencia de $55 millones entre lo que la ACUMAR dice que ejecutó en obras y lo que figura en el sistema presupuestario del Estado. Además, halló que se entregaron anticipos financieros por montos mayores a lo permitido y quedó sin rendir el 15% de los fondos.

Fallas en la relocalización de familias

También la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires realizó diversos informes como el de la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental durante 2019. Entre los principales hallazgos, encontraron líneas presupuestarias que no se correspondían con actividades relacionadas, retrasos en las tareas de relocalización de familias y errores en los registros de acciones de entes descentralizados que tienen competencias relacionadas al saneamiento.

También observaron que no se había cumplido con un empadronamiento de los establecimientos y empresas radicados en la cuenca, a los efectos de tener más información y mayor control sobre la contaminación de origen industrial.

La AGCBA recomendó entonces que el objetivo a futuro debería ser concentrar los recursos para cumplir con la planificación y los tiempos, de manera de optimizar los fondos disponibles en el presupuesto para el saneamiento.