La brecha de género es una construcción analítica que mide la alteración de una variante en relación al género y que puede estar presente en distintos aspectos como la participación, el acceso, la permanencia, la remuneración, entre otras. El informe realizado por la Secretaría de Gestión y Empleo Público analiza las desigualdades entre hombres y mujeres a la hora de acceder a los altos cargos del gobierno desde el 2009 hasta 2022.

La brecha se aprecia a medida que asciende en la escala jerárquica de los cargos.

La información para la elaboración del documento fue extraída de la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. Las precisiones metodológicas sobre el estudio se basan en el personal civil del sector público nacional, sin incluir a las empresas públicas o de mayoría estatal.

Los cargos relevados se concretan en autoridades superiores, cargos políticos del gabinete nacional como ministros, secretarios y subsecretarios de estado y en la alta dirección pública, es decir, los cargos ejecutivos del sector público como directores nacionales, generales, simples y coordinadores.

El documento muestra que existe paridad de género en el personal civil del sector público nacional que no detenta funciones ejecutivas o de conducción: la brecha se aprecia a medida que asciende en la escala jerárquica de los cargos y se advierte el crecimiento de presencia de mujeres en alta dirección pública desde 2019, y un fuerte incremento a diciembre de 2022, más de un 10% respecto del año anterior.

Entre las funciones ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) se advierte el incremento sostenido en la presencia de mujeres, que ronda el 40%. Se destaca la reducción de la brecha en lo que respecta a las direcciones Nacionales/ Generales comparando el primer registro en 2009 con el de 2022.

En lo que respecta a las autoridades superiores, los valores se mantienen sin grandes modificaciones, excepto para los cargos de ministros /as, donde la presencia de mujeres pasa de 8%(2021) al 25% (2022). Crece también, aunque en menor medida, la presencia de mujeres a cargo de subsecretarias.

Reclutamiento desproporcionado

La reproducción en los criterios de reclutamiento con un claro sesgo de género y que genera la concentración de los cargos más altos ocupados mayormente por varones es una de las razones que desliza el estudio. Otra de las hipótesis tiene que ver con las posiciones que tradicionalmente ocuparon los hombres y el ejercicio del rol que se desprende de esta posición, asociado a los atributos socialmente percibidos como masculinos que no resultan atractivos para las mujeres.

De igual forma, el estudio identifica que la brecha de género en el ámbito laboral empieza a romperse por lo que se advierten los efectos de las normativas que promueven la inclusión y permiten el avance hacia la igualdad.

Techo de cristal

Tal como su nombre lo indica, el techo de cristal es la barrera invisible que impide que las mujeres alcancen las mismas posiciones de poder que los hombres. Se lo considera imperceptible porque no existen normas que impongan una limitación explícita en la carrera de ninguna persona, pero opera como una construcción social que establece los roles esperables de las mujeres para los espacios públicos o privados.

Para las Naciones Unidas, la igualdad de género no sólo es un derecho fundamental, sino que es uno de los cimientos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si bien se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay mujeres con cargos en parlamentos y posiciones de liderazgo, y las reformas parlamentarias para fomentar la igualdad.

Los efectos de la pandemia COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.  El brote de coronavirus agrava las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial; desde la salud y la economía, hasta la seguridad y la protección social. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Las mujeres también se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan, de manera desproporcionada, en mercados laborales inseguros. Cerca del 60 % de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza.

Por otro lado, según el último informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en Argentina solo el 6,9% de las grandes empresas, el 4,7% de las medianas y el 9,5% de las pymes son controladas por mujeres. El mismo relevamiento indica que apenas el 28% de los puestos gerenciales y de liderazgo en las organizaciones a nivel mundial están ocupados por mujeres.

Control

En conjunto a 116 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), la Auditoría General de la Nación (AGN) participó del relevamiento coordinado que respecta a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 5 que pretende lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento a todas las mujeres y niñas. El informe fiscalizó los años 2016 y 2017, y fue aprobado por el Colegio de Auditores Generales en 2019.

Las advertencias realizadas por la AGN fueron implementadas por el Gobierno Nacional desde fines de 2019 y durante 2020 y 2021. Entre las principales recomendaciones, se destaca la proveeduría de mayor nivel jerárquico y autoridad de las políticas de género en el gobierno; la participación de las provincias en el abordaje del Objetivo 5; la incorporación de perspectiva de género como herramienta de transversalidad presupuestaria.

En referencia a las recomendaciones señaladas por la AGN, el Gobierno creó el 10 de diciembre de 2019 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a cargo del cumplimiento de las políticas de género en el país. Además, el Consejo Federal de dicha cartera realizó su primer encuentro el 10 de febrero de 2020, manteniendo reuniones periódicas y concretando la participación de todas las provincias. El presupuesto nacional 2021 se convirtió en el primero en incluir la perspectiva de género y diversidad.