La AGN aprobó los estados financieros de distintos programas del Estado
Las observaciones de los informes, en general, giran en torno a las prórrogas de los programas y las demoras en las obras planteadas. Además, se menciona la subejecución de fondos y los gastos en concepto de consultorías.
El Colegio de Auditores Generales de la Nación completó el primer semestre de 2023. En la segunda y última sesión de junio se aprobaron distintos informes elaborados por la Gerencia de Control de la Deuda Pública referidos a los estados financieros de distintos programas y proyectos de diferentes áreas.
El primer informe aprobado es una auditoría respecto de los Estados Financieros del ejercicio 2022 correspondientes al Programa para el Desarrollo de la Infraestructura destinada a promover la Capacidad Emprendedora.
El encargado de presentar el trabajo fue el auditor general, Javier Fernández, quien mencionó que el objetivo del programa es promover proyectos empresariales en áreas de altas tecnologías, a través de la dotación de infraestructura.
“Del programa se ejecutó el 68% y el 4% fue destinado a consultorías, puntualmente a una fundación, no a personas humanas”, detalló Fernández.
Otro de los programas auditados fue el de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande II del Ministerio de Obras Públicas, precisamente el ejercicio 2022. En ese informe, los auditores observaron que “se ejecutó más del 100%” de los fondos originales del proyecto, por las redeterminaciones de las obras planteadas originalmente.
También se dio el visto bueno al informe de auditoría respecto de los Estados Financieros correspondientes al Programa de Inversiones Municipales del Ministerio de Obras Públicas por el ejercicio 2022.
Sobre ese punto y su ejecución, Fernández explicó que “tuvo sus demoras porque se realizaron dos prórrogas”. El préstamo firmado en 2014 con el Banco Interamericano de Desarrollo para este programa tenía plazo final en 2019. Primero se aplazó hasta 2021 y luego hasta 2023.
En relación a las obras planteadas, el informe revela que hay “especial discrecionalidad hacia las provincias del norte argentino, que deben recibir, al menos, el 70% de los fondos”.
Por último, Fernández explicó que el monto original del préstamo se modificó. En 2020, se redujo de U$S250 millones a U$S70 millones. La diferencia pasó a otro programa y del resultante total, se ejecutó el 90% del préstamo y el 68% de los fondos locales.