La Auditoría General de la Nación aprobó un informe acerca del desempeño de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el trabajo para palear la contaminación de origen industrial. Problemas en el presupuesto, información desactualizada e inconvenientes a la hora de sancionar fueron algunos hallazgos. 

El Plan Integral de Saneamiento (PISA) es un documento que sirve como guía del trabajo que debe realizar el organismo. Se presentó en el año 2010 y se actualizó seis años más tarde. Le permite accionar coordinadamente con actores que trabajan para resolver las problemáticas de la región. La línea de acción Nº 11 del mismo habla sobre la contaminación de origen industrial y el resultado esperado de su acción de control es obtener registro y mejoras en los agentes económicos. 

Cuando la AGN comenzó a hacer los trabajos de campo para este informe halló que por ese entonces la ACUMAR no contaba con una Planificación Operativa Anual (POA) en donde quedaran plasmadas las estrategias utilizadas para gestionar con eficiencia y eficacia la ejecución de los proyectos establecidos según los recursos disponibles.

Además de esto, los indicadores establecidos en el PISA para los proyectos de la línea 11 “carecían de metas específicas que permitiesen realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas por la ACUMAR”, explica el trabajo de los auditores.

Informes imprecisos

En la línea de las documentaciones, se hallaron debilidades e inconsistencias en la información generada por el organismo y presentada en los distintos documentos que iba elaborando, como por ejemplo en los informes de avance trimestral e informes de gestión anual.

Este último punto trae distintos inconvenientes en la gestión, por ejemplo, respecto al control de la contaminación industrial no fue posible determinar con certeza la cantidad de fiscalizaciones, tomas de muestras, agentes contaminantes declarados, establecimientos reconvertidos, planes de adecuación presentados y aprobados, como tampoco sanciones aplicadas en el marco del proyecto de fiscalización y adecuación ambiental de establecimientos.

En relación a las sanciones, en el 76% de los expedientes analizados no se pudo comprobar el desenlace del trámite iniciado y, en consecuencia, la subsanación del motivo que generó la infracción. Además de que la documentación analizada incumple con los procedimientos administrativos respecto de la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites. “Se observa un orden cronológico confuso, detectándose documentos duplicados o que no corresponden al establecimiento bajo examen”, señala el informe de AGN.

El vil metal

Otro gran problema para ACUMAR fue el presupuesto. Durante el período analizado (2019 y 2020) hubo una subejecución en el primer año, ya que se ejecutó el 29,10% del monto asignado. Para cuando terminaron los trabajos de campo no se había registrado la  ejecución de 2020. 

Pero además el presupuesto otorgado en 2019 fue reducido, ya que pasó a ser de $5.600.000 respecto de los $9.500.000 originales, mientras que para 2020 se asignaron $14.400.000 de los $34.400.000 presupuestados inicialmente.

Conclusión

Por todo lo analizado, la AGN entiende que ACUMAR “cuenta con mayor información que al momento de su creación”, pero al no estar sistematizada se termina dificultando un accionar que sea eficaz y eficiente por parte de los agentes del organismo, como así también el desarrollo de un seguimiento y control tanto interno como externo. “Esta situación profundiza la necesidad de contar con un sistema de información unificada que permita una mejor gestión”, remarcó el organismo de control.

Para cerrar, considerando que la línea 11 del PISA apunta a la corrección de elementos que afectan al medio ambiente procedentes de la contaminación de origen industrial en la cuenca, “resulta necesario subsanar lo observado y expresado en el presente informe a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos rectores de esta ACUMAR de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, procurando la recuperación del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y tierra), y prevenir daños con razonable grado de predicción”, concluye el informe.