¿Qué sistemas de digitalización utilizan las provincias?

El Estado tendió a digitalizarse con el correr de los años y la llegada de la pandemia profundizó la incorporación de tecnología. Las provincias siguen esta línea adoptando sistemas de digitalización de expedientes electrónicos para poder dejar de funcionar en papel, simplificar los pasos administrativos y mejorar el servicio a la ciudadanía. Pero no todas están en el mismo nivel de avances, ¿en qué situación se encuentra cada una?

A través de un pedido de acceso a la información, El Auditor.info pudo acceder a la cantidad de provincias que utilizan el sistema de Gestión Documental Digital (GDD) también llamado Gestión Documental Electrónica (GDE), el mecanismo provisto por Nación. Según aseguraron en el pedido, hay ocho jurisdicciones con el sistema en funcionamiento: Catamarca, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Y otras siete en proceso: Jujuy, Salta, Tucumán, La Pampa, Santa Cruz, Chubut y La Rioja.

¿Qué utilizan las provincias que no usan GDD? 

La respuesta al pedido de acceso a la información, firmada por el director nacional de Implementación Digital Territorial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Pablo Barbosa, indica que para conocer qué sistema utilizan las restantes provincias “se deberá dirigir a las jurisdicciones correspondientes”. Es decir, la Nación no tiene información sobre qué sistema utilizan las jurisdicciones que no tienen GDD.

En un relevamiento realizado por el El Auditor.info, funcionarios de Chaco, CABA, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, San Juan, Misiones y Corrientes brindaron la información requerida y se corroboró que, a grandes rasgos, no hay una unificación de los sistemas digitales de la administración pública a nivel federal. La única herramienta que comparten todas las jurisdicciones menos San Luis es la Firma Digital. También se observó que sólo dos provincias, de las nueve relevadas, están completamente despapelizadas: CABA y  San Luis.

En el caso de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) de Nación, la Ciudad de Buenos Aires es la única que lo utiliza. El resto de las jurisdicciones recurren a desarrollos propios mediante los cuales les acercan a los ciudadanos la posibilidad de acceder a servicios de forma remota, menos Entre Ríos y Corrientes que aún no cuentan con estas herramientas. Esta última jurisdicción se encuentran trabajando en Mi Corrientes para poder realizar trámites a distancia sin la necesidad de la presencialidad. Un caso para destacar es el de Córdoba que desde 2014 tiene una plataforma para la ciudadanía con más de 3 millones de usuarios activos.

Otra provincia con un gran desarrollo propio de ciudadano digital es San Juan, que desde hace más de 10 meses tiene en funcionamiento la plataforma con más de 72.000 usuarios. “Dentro de nuestro plan de modernización, nuestro principal proyecto es la plataforma Ciudadano Digital donde digitalizamos servicios. El sistema de gestión de expedientes hoy se puede consultar desde la aplicación indicando el recorrido que lleva el trámite”, afirmó Lorena López, secretaria de la Gestión Pública de San Juan. 

Si bien la pandemia aceleró las modernizaciones internas, la mayoría comenzó sus procesos en 2018, salvo San Luis, CABA y Formosa. Entre Ríos y Corrientes fueron las últimas en sumarse con sus desarrollos propios para proveer expediente digitales a sus administraciones. De estas nueve provincias, solo San Luis comparte el sistema con sus municipios si las intendencias lo solicitan. 

En el caso de Chaco, realizaron su sistema con ayuda del gobierno nacional e inspirados en el Sistema de Gestión Documental Digital  (GDD) de Nación. “Acudimos a Nación para que nos traspasen los conocimientos. Tuvimos mucho acompañamiento de ellos para el desarrollo y eso nos permitió realizar un sistema más evolucionado de GDD. Hoy en Nación hay TAD que es parte del GDD, pero para la vista del usuario no es el mismo sistema. En nuestro caso es el mismo sistema y cuando se genera el número de actuación administrativa de forma electrónica impacta de forma directa”, afirmó Mariela Dolce, subsecretaría de Modernización del Estado de Chaco.

Capacitación como parte del desarrollo

De las nueve provincias consultadas, la coincidencia entre todas radica en la capacitación constante en materia de modernización y digitalización. Cabe destacar que Misiones tiene un centro de capacitación de empleados, el Instituto de Formación para la Gestión Pública (INFOGEP), equivalente al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y al Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), según Carlos Brys, director de Modernización de la Gestión y Gobierno Electrónico de Misiones. El organismo depende de la vicegobernación de la provincia y cuenta con el Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES), donde se lleva a cabo la profesionalización de los agentes de la Administración Pública.

San Luis entre las de avanzada

Aparte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis es la jurisdicción más avanzada en la digitalización de su administración y en los servicios que brinda al ciudadano de forma online. Además, junto a CABA, son las únicas dos completamente digitalizadas. Alicia Bañuelos, ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia, dialogó sobre este proceso que comenzó en 2010. “Hace 12 años comenzamos con la digitalización y la firma digital. Esto repercutió fuertemente en la cantidad de papel comprado, el ahorro es del 80% en el consumo. Para 2015 no quedaba nada sin digitalizar”, aseguró. El sistema es un desarrollo de Unitech. 

Actualmente sus tres poderes, organismos centralizados y descentralizados, la Universidad de la Punta, junto con algunos municipios han adoptado el sistema TRAMIC, que en el Poder Judicial se llama IURIC. “Hay una cultura de digitalizar toda la documentación administrativa. No nos quedan trámites en papel, pero siempre se descubre algo que se puede hacer”, indicó la ministra. La documentación en papel fue digitalizada en un 100%.

San Luis es la única provincia que logró otorgar la firma digital también a los ciudadanos mediante la cédula de identidad provincial electrónica que ya tiene el 80% de la población. “En 2011 se modificó la constitución provincial y se estableció a la inclusión digital como un derecho de cuarta generación, esto implica muchas cosas: la obligatoriedad de que la conectividad sea gratuita, la obligación por parte del Estado a que la conectividad exista y a digitalizar las actividades. Somos la única provincia que tiene modificada su constitución”, concluyó Bañuelos. 

Entre Ríos y Corrientes

Entre Ríos tiene una normativa de 2021 pero recién este año comenzaron a implementar los sistemas de digitalización. “Aún el 100% de las tramitaciones son en papel. En los próximos 30 días estaremos avanzando en los primeros tres tipos de trámites electrónicos y, escalonadamente, iremos incorporando nuevos expedientes en el transcurso del año”, explicó María Lucrecia Escandón, secretaria de Modernización del Estado de Entre Ríos.

No tan lejos, en Corrientes se encuentran probando un nuevo sistema desde hace apenas unos meses, en siete ministerios. La provincia trabaja junto a Corrientes Comunicaciones SAPEM en Doco, un sistema de expediente digital. “Se intentó implementar GDD, pero era un sistema que no nos servía porque era más enlatado y nosotros teníamos otro tipo de vicisitudes. Por eso fuimos detrás de un desarrollo propio. La idea es compartirlo con los municipios”, mencionó Federico Ojeda, subsecretario de Sistemas y Tecnologías de Información (SUSTI) de Corrientes. Durante la pandemia trabajaron el Sistema de Información Financiera (SIF) para poder operar a distancia.

Sistema compartido en Córdoba

La única jurisdicción que comparte su sistema con el organismo de control local es Córdoba. Actualmente están digitalizando dos grandes secciones de su administración: por un lado capital humano y, por otro, el sistema de compras públicas con las adquisiciones que se hacen mediante subastas electrónicas inversas que dentro de las modalidades de contratación es la más utilizada. Para todas las áreas del Estado, incluso cuando entra al Tribunal de Cuentas, contó Silvina Rivero, ministra de coordinación del Gobierno. “Ahora estamos avanzando con el resto de los esquemas de contratación y tenemos unos 28 mil trámites cursando por expediente digital”, enfatizó.

Gastos en papel y los nuevos modos de controlar

El papel se convirtió en un símbolo del pasado. La modernización de la Administración Pública demanda una mayor capacidad de procesamiento de información, sistemas integrados de bases de datos y una ampliación de los canales de comunicación entre los distintos niveles gubernamentales y la ciudadanía.

A través de los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, Fundación Éforo efectuó un análisis donde observó que durante 2021, un año atípico en las funciones administrativas del Estado en relación a la presencialidad, el gasto habitual en papel realizado por los organismos estatales fue de, aproximadamente, $3.100 millones. 

¿Son estos sistemas transparentes y controlables? Hasta el momento no está clara cuál es la situación de las provincias, pero en 2019 la Auditoría General de la Nación auditó GDD y alertó sobre la necesidad de que el sistema nacional cuente con un perfil de usuario de consulta para auditores externos. Resta esperar qué sucederá con el control en las jurisdicciones en este proceso de digitalización.