Cada 9 de julio se celebra el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, impulsado tras la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras realizada durante 2001 en la sede de Naciones Unidas. La finalidad de la fecha es concientizar y promover el desarme de la ciudadanía. 

En Argentina, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas acaba de recibir media sanción de Senadores y ahora resta que el proyecto sea tratado por Diputados. De recibir el respaldo del Legislativo, se prorrogará la entrega anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico. 

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego no está vigente desde diciembre del año pasado.

De acuerdo a la Ley 27.529, el programa no se encuentra vigente desde el 31 de diciembre de 2021, hasta tanto sea sancionada la nueva ley de prorroga. El proyecto al que senadores acaban de darle el visto bueno fijó como nuevo plazo el 31 de diciembre de 2023.

Además, modifica el artículo 4 de dicha ley vinculado a las finalidades del programa. El nuevo texto indica que los objetivos son la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.

También procura la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.

En nuestro país rige desde 1973 la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Allí se detallan las diferentes categorías de armas de fuego y cuales pueden ser utilizadas por la ciudadanía bajo ciertos permisos previos. El ente responsable de aplicar y hacer cumplir la ley es la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), un organismo descentralizado que funciona desde 2015 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también conocido como el ex RENAR.

Hasta 2019, había 1.618.877 armas registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). En sus registros existen 1.016.843 personas que tienen armas, lo que indica que la mitad de estas tenían más de una en su posesión. El 84% pertenece a civiles y desde ANMAC creen que hay 1.600.000 armas ilegales y/o no registradas.

Informe de auditoría

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe sobre la gestión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) durante 2016 y 2017 en que observaron que hubo más de 370 mil ciudadanos con armas denunciadas y/o con sus permisos vencidos. Además no se comprobó el trabajo para disminuir el uso de estos artefactos, ni tampoco se pudo constatar de que el ente haya realizado capacitaciones. 

También hallaron irregularidades en la contratación de personal, fallas en los procesos de control y un proceso de modernización incompleto.