Fallas en los planes para desalentar el uso de armas

Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la gestión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), durante 2016 y 2017 hubo más de 370 mil ciudadanos con armas denunciadas y/o con sus permisos vencidos. Además no se comprobó el trabajo para disminuir el uso de estos artefactos, ni tampoco se pudo constatar de que el ente haya realizado capacitaciones. 

La Agencia Nacional de Materiales Controlados fue creada por la Ley 27.192 en 2015, como continuadora del RENAR (Registro Nacional de Armas). Es un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y su función es la “aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 del año 1973”, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia y el desarrollo de políticas de prevención de la violencia armada. 

Un año después de su creación, el Ministerio de Justicia suscribió un convenio de “cooperación técnica y financiera” con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), con el objetivo de contribuir en la gestión de distintas actividades, como por ejemplo, en la ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

Irregularidades en las contrataciones

El primer hallazgo de la AGN tuvo que ver con los recursos humanos: en 2018, el 88% del personal (391 de 445 agentes) de la Agencia estaba contratado a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Tan solo 15 personas están nombradas en la planta permanente, 27 en la transitoria y 12 se encuentran con contratos directos con la Agencia. Los auditores explicaron que constituía una contradicción con la ley de creación del organismo, la cual especifica que se debe regir por “las normas de empleo público nacional y las convenciones colectivas de trabajo”.

ACARA también debía ayudar a la Agencia a ejecutar el “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”  mediante el cual el ciudadano entrega un arma a cambio de dinero. Respecto a esto, la Auditoría aseguró que “no consta la ejecución de planes tendientes a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego”. 

No se comprobó la realización de talleres de capacitación sobre el tema ni de investigaciones sobre el comercio de armas. 

Dentro de estas tareas en conjunto también se debían brindar talleres para concientizar sobre el tema. Según la AGN, "tampoco se pudieron verificar acreditaciones fehacientes de las capacitaciones realizadas”. El auditado aseguró que se realizaron tres tipos de talleres: formación para formadores, otro orientado a jóvenes y una charla. “No se ha podido comprobar información detallada de los docentes, formadores, asistentes, lugares y/o cualquier otra información particular sobre el desarrollo de los mismos”, explicó la AGN.

Además, el organismo de control señaló que no se realizaron investigaciones sobre el mercado de armas y el uso, cuyos resultados podrían ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas del sector. 

Armas denunciadas y credenciales vencidas

El organismo de control verificó un alto porcentaje de usuarios con credenciales vencidas y con tenencia de armas denunciadas, especialmente conformado por personas mayores a sesenta años. 

Para fines de 2016 había un total de 366.352 usuarios que tenían vencidas sus credenciales de tenencia de arma individual y un total de 620.760 armas denunciadas. Un año después pasaron a ser 380 mil los usuarios y 654 mil las armas. Por último, en 2018, fueron 379.122 personas y 625.250 armas. Ante esta situación, la AGN señaló que no se obtuvieron evidencias de que el auditado haya realizado “acciones para depurar el padrón de armas registradas e intimar a los usuarios con credenciales vencidas a fin de obtener su regularización”.

Fallas en los procesos de control

La Agencia distingue dos tipos de acciones en orden a su poder de policía: las inspecciones, que son revisiones para certificar las condiciones legales de su funcionamiento, y las verificaciones, las cuales son intervenciones solicitadas para certificar importaciones o exportaciones, y distintos trámites de intervención obligatoria. 

Respecto de las inspecciones, el organismo tomó un lote de 32 archivos seleccionados para el período auditado y en 22 se encontraron irregularidades. En el caso de las verificaciones, sobre 70 expedientes vistos hallaron fallas en 22. Los problemas más comunes fueron que estaban incompletos, sin foliatura y con demoras injustificadas en las tramitaciones. 

Para entender la magnitud del problema, entre los archivos de verificaciones hubo un expediente de mayo de 2016 en el que se detectó un faltante de 2.000 unidades de munición calibre 9 mm, respecto a esa cantidad declarada en el despacho de importación. A partir de esto, según consta en el informe, se hizo un informe dirigido a los pocos días a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, sin que conste movimiento alguno o decisorio administrativo posterior. 

Una modernización incompleta

Durante 2016, la Agencia comenzó a implementar un plan de modernización. Según la Auditoría, no logró el fortalecimiento administrativo de gestión ya que no se agregaron nuevos servicios que ofrecieran eficiencia y transparencia para los administrados. Tampoco se registraron, siguiendo al organismo de control, nuevos sistemas informáticos que permitieran mecanismos de contralor precisos y eficientes tal cual se preveía en los objetivos del plan.

La misma resolución del plan de modernización dispuso la creación del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos con el propósito de “robustecer los requisitos solicitados y extremar los recaudos a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones exigidas”. 

Al momento de las tareas de control, en el informe se señala que no se verificó que los solicitantes de tenencia de armas hayan sido "evaluados por un profesional médico matriculado, en virtud de criterios uniformes y en un marco de absoluta profesionalidad".

Armas en Parques Nacionales

En 2016, en una auditoría de gestión realizada en la Administración de Parques Nacionales, la AGN había detectado la existencia de armamento en distintos Parques, que si bien estaba inventariada no estaba en los registros del RENAR. En esta oportunidad, el organismo de control fue a verificar el estado actual de esa situación y detectó que la Administración sigue teniendo esas armas y que continúan sin estar registradas.