El consumo de alimentos contaminados o en mal estado en el mundo provoca 420.000 muertes por año y USD95.000 millones en tratamientos. En el país, el 40% de los brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos ocurren en el hogar. ¿Cómo pueden evitarse? ¿Qué rol debe ocupar el Estado? ¿Cuáles son los programas destinados a atender el problema?

Si bien la inocuidad alimentaria, es decir que las condiciones y medidas necesarias para la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos estén garantizadas y no representen un riesgo para la salud, está implícita y al momento de consumir generalmente no hay mayores dudas o cuestionamientos al respecto, puede fallar. Cada año el 10% de las personas sufre alguna de las 200 enfermedades causadas por ingerir víveres en mal estado.

Recomendaciones del SENASA para evitar la contaminación de alimentos.
Recomendaciones del SENASA para evitar la contaminación de alimentos.

Casi un tercio de todas las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria se producen en niños menores de 5 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recalcaron que si se mejora la inocuidad y calidad de los alimentos, también se reducen el hambre, la desnutrición y la mortalidad infantil, además de que los niños pierden menos días de escuela y los adultos se ausentan menos del trabajo.

Las enfermedades más comunes son la salmonellosis y las enfermedades derivadas de la Escherichia Coli. En nuestro país hay muchos casos de Síndrome Urémico Hemolítico por año. También botulismo, brucelosis caprina y marea roja.

¿Quiénes controlan los alimentos en el país?

El Sistema Nacional de Control de Alimentos está integrado por la Comisión Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Los organismos son los responsables de hacer cumplir el Código Alimentario Argentino (CAA) que comprende la normativa vigente vinculada a la elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de los alimentos para el consumo humano.

Además, los Ministerios de Salud de cada provincia se ocupan del control alimentario, por sí mismos o por medio de algún ente en particular creado para tal fin. En el control de alimentos,  el poder de policía es de las provincias, no de la Nación. Cuando un actor detecta un alimento contaminado en el mercado, se pone en funcionamiento el Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria y se realiza un alerta a todas las provincias. Hay manuales de gestión de crisis alimentaria, donde están estipulados los roles a cumplir por cada actor ante un posible brote de ETA o situación de riesgo sanitario. 

A su vez el Departamento de Evaluación Técnica es el encargado de mantener actualizados el Registro Nacional de Establecimientos (RNE), donde figuran los importadores y exportadores de alimentos acondicionados para venta al público; el Registro Nacional de Productos Alimentarios (RNPA), con los alimentos y bebidas importados y a exportar; y el Registro Nacional de Alimentos Especiales y Registro Nacional de Suplementos Dietarios (RNSD) que comprende todos los suplementos dietarios y alimentos para propósitos médicos específicos.  

Informes de Auditoría

En 2013, la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Alimentos, dependiente de la ANMAT, encargado de fiscalizar, controlar y vigilar los alimentos envasados para su consumo y suplementos dietarios. En el documento advierten que no el organismo no utiliza un sistema de monitoreo de calidad del servicio y no usa indicadores de gestión. 

La AGN tampoco registró articulaciones en las tareas de control, fiscalización y/o prevención, con las autoridades sanitarias provinciales y/o municipales, lo cual ya había sido advertido por esta Auditoría en un informe previo. Y en ese momento aún no contaba con un Registro Nacional Único de Productos y Establecimientos Alimentarios, tal como lo establece el Decreto Nº 815/99. 

En tanto, el año pasado el organismo de control publicó otro informe sobre la gestión ambiental en la Dirección de Alimentos y Bebidas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), en el que halló irregularidades en la eficacia y la equidad de la gestión y falta de articulación con organismos como SENASA.