El Congreso aprueba, el Ejecutivo veta: ¿Qué va a pasar con las jubilaciones?

Con la Ley 27.756, luego vetada vía el Decreto 782/2024, el haber mínimo habría quedado en $317 mil. En el actual esquema de movilidad, establecido por el DNU 274/2024, el piso de haberes más el bono de $70 mil suma un total de $304 mil. Entre sus argumentos, el decreto detalla que el cumplimiento de la medida sancionada por el Congreso pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que provocaría "la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”. 

La sancionada, y luego vetada, norma legislativa mantenía el esquema de actualización por inflación vigente, pero se le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril. También se agregaba un piso a las jubilaciones mínimas equivalentes al 1,09 de la canasta básica por adulto, que en julio alcanzó, según INDEC, el valor de $291.472. 

Además, se establecía que la fórmula de movilidad tenga en cuenta a los salarios. De esta manera, si la inflación queda por debajo de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), los haberes se actualizarían en un 50% de esa diferencia entre IPC-RIPTE a través de un ajuste semestral y la cancelación de las deudas previsionales de la ANSES con las cajas provinciales de seguridad social. 

Ante el veto presidencial, el proyecto de movilidad jubilatoria debe volver a la cámara de origen, que en este caso se trata de Diputados, donde se deben conseguir dos tercios para rechazar el veto y luego proseguir el mismo trámite en el Senado. Si en ambas cámaras se conforman los dos tercios para rechazar el veto, el Ejecutivo debe promulgar la ley. En caso de que en alguna de las cámaras no se alcancen los dos tercios, el proyecto no puede volver a tratarse durante el periodo legislativo vigente, dejando vigente el veto presidencial.

Distintos mecanismos de movilidad, ¿mismos resultados?

Ajustado a precios constantes de agosto de 2024, el siguiente análisis recorre la evolución del haber jubilatorio mínimo desde noviembre de 2009 hasta diciembre de 2025, donde se incluye una proyección sobre los efectos de la ley de movilidad vetada.

Previo a la reforma de 2017, se observa una tendencia oscilante en el haber jubilatorio mínimo, con valores que fluctúan entre $275.449 en agosto de 2010 y un pico máximo de $443.136 en septiembre de 2013. La reforma aprobada en diciembre de 2017 introdujo un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzó a indexar los haberes por la inflación pasada. 

Desde esta reforma, el haber jubilatorio mínimo mostró una tendencia decreciente en términos reales, iniciando con un valor de $430.211 en septiembre de 2017 y descendiendo gradualmente hasta un valor de $364.844 en agosto de 2018. A pesar de las fluctuaciones, el período posterior a la reforma de 2017 se caracteriza por una caída sostenida en el poder adquisitivo.

La reforma de enero de 2021 introdujo la actualización del haber jubilatorio tomando como referencia tanto la evolución de los salarios como la recaudación tributaria. Desde un valor de $332.107 en febrero de 2020, el haber jubilatorio mínimo continuó su descenso hasta alcanzar los $280.364 en noviembre de 2022. 

Sin embargo, esta medida no logró revertir la tendencia decreciente del poder adquisitivo. La caída más pronunciada se observa a partir de mediados de 2022 y se profundiza aún más en los últimos meses de 2023 y principios de 2024. La implementación de la reforma de 2021, aunque con un enfoque diferente al de la reforma de 2017, no evitó la erosión del poder de compra de los jubilados.

El mecanismo vigente de movilidad establecido por el DNU 274/2024 determina que la actualización del haber jubilatorio mínimo se realice únicamente en función de la inflación pasada. Este enfoque tiene como consecuencia la estabilización del haber en términos reales, manteniéndolo en mínimos históricos y dejando de lado la posibilidad de mejora del poder adquisitivo. 

Los valores proyectados para 2024 y 2025, bajo este decreto, muestran una estabilización en torno a los $230.572 en diciembre de 2024 y $232.205 en diciembre de 2025. Estos valores se mantienen en niveles considerablemente bajos comparados con los picos históricos previos a 2018.

Con esta norma recientemente vetada, los jubilados hubieran experimentado una recuperación parcial de su poder adquisitivo, acercándose a los valores que precedieron a la reforma de 2021, pero no habría alcanzado para recuperar lo perdido tras la reforma de 2017. Esto muestra una clara tendencia a la reducción del poder adquisitivo del haber jubilatorio mínimo a lo largo del tiempo, especialmente operado tras las sucesivas reformas legislativas. 

La política previsional implementada bajo el DNU 274/2024, que ante el veto total de la ley vuelve a estar en vigencia, parece consolidar esta tendencia de caída real de los haberes sobre la mejora del poder de compra. La reciente ley de movilidad aprobada y luego vetada hubiera podido revertir parcialmente esta tendencia, ofreciendo una mejora en el haber mínimo garantizado y, por ende, en la calidad de vida de los jubilados ante el deterioro acelerado al que se vieron expuestos en el último año.

ANSES  y su ¿superávit en 2024?

El eje central de la política económica del actual gobierno es eliminar el déficit fiscal. Y en línea con el programa oficial, el potencial veto presidencial de la ley de movilidad aprobada por el Congreso viene a defender ese principio de equilibrio en las cuentas públicas. 

Sin embargo, en los primeros ocho meses del año, los recursos de ANSES superaron significativamente a los gastos en casi $4.338.059 millones. Hoy la ANSES presenta y sostiene un superávit financiero que comenzó a desarrollarse en 2023. Este superávit se alcanzó en un contexto de recesión económica, lo cual afecta tanto a los haberes otorgados desde ANSES como a los ingresos del organismo de la seguridad social, a las cajas previsionales provinciales y a las asignaciones familiares. 

Situación financiera de ANSES

Fuente: elaboración propia en base a información pública.

Al tratarse de recursos propios de la ANSES, estos tienen como propósito principal: mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y equipararse con el nivel de ingresos en su etapa activa en el mundo del trabajo. Actualmente, el superávit en las cuentas de  ANSES abre un escenario en el que se pueden reconciliar la prioridad del bienestar de los jubilados y la estabilidad fiscal del país.

Datos Claves del Sistema Jubilatorio Argentino

Desde Fundación Éforo nos propusimos ofrecer una visión integral del Sistema Previsional Nacional en Argentina. A partir de los últimos datos públicos disponibles, analizamos su estructura y evaluamos su sostenibilidad. También buscamos reconocer los recursos con los que cuenta, comprender el grado de cobertura e identificar el poder de compra de la jubilación mínima. 

En la actualidad, el SIPA cuenta con aproximadamente 10,9 millones de trabajadores/as aportantes (activos) y otorga 6,8 millones de beneficios. El total de aportantes representa el 48% de la población económicamente activa (PEA) y sólo el 65,6% corresponde a trabajadores/as en relación de dependencia. 

En cuanto al grado de cobertura, el informe resalta el alto grado de protección ofrecido por el SIPA. Prácticamente, el 91% de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura brindada por el SIPA. El 9% restante comprende adultos mayores que aún se encuentran trabajando, adultos mayores sin empleo o adultos mayores que se desempeñan en la informalidad. 

En cuanto a su peso presupuestario, observamos en nuestro informe que entre 2004-2022, los recursos del SIPA pasaron del 4,2% del PBI en 2004 al 7,3% en 2022, mientras los gastos subieron del 4,5% del PBI al 8,6%. Así, se llegó al 2022, año en el que los ingresos por aportes y contribuciones financiaban sólo el 65% de las prestaciones a la seguridad social y el 50% de los gastos totales de la ANSES.

El 67% de las jubilaciones vigentes se obtuvieron por la implementación de moratorias. Esto explica la proporción de aportantes necesarios para cada beneficiario. La relación activo-pasivo actualmente es de 1,6 activos por cada pasivo, que resulta significativamente más baja de lo necesario para lograr el equilibrio a largo plazo. La relación activo-pasivo de referencia para garantizar un resultado financiero sostenible ronda entre los 3 o 4 aportantes (activos) por cada beneficiario.

Para profundizar aún más en el tema y porque analizar la realidad es también participar, desde Fundación Éforo te invitamos a conocer los informes técnicos y ciudadanos disponibles en nuestro sitio web.