En lo que va del año, desde El Auditor.info realizamos varios pedidos de acceso a la información pública tanto a nivel nacional como provincial. Los resultados de los distintos trámites fueron heterogéneos, con respuestas en algunos casos, otros sin y la mayoría indicando motivos por los cuales el organismo no estaba obligado a brindar esa información sobre la cantidad de empleados, contratados y de planta.

En concreto, fueron 11 pedidos a distintos gobiernos provinciales, de los cuales respondieron 5 sobre el contenido de la consulta. También enviamos una solicitud al INDEC para conocer la situación habitacional de la población en base a datos del Censo 2022, de los cuales no obtuvimos la información requerida. Y se les solicitó a siete, de ocho ministerios, informes para conocer la estructura de recursos: solo cuatro contestaron.

Por otra parte, se realizó un pedido a SIGEN sobre su informe de evaluación general del Ejecutivo al momento de recambio de presidencia. Y una solicitud a ANSES con la intención de elaborar un informe técnico sobre la cantidad de años de aportes de aquellas personas que accedieron al haber jubilatorio mediante el mecanismo de moratorias. Por último, un trámite de reclamo a la Agencia de Acceso a la Información Pública ante la negativa de ANSES de brindar los datos.

Varios pedidos, distintos resultados

A principio de año, se les solicitó a siete de los ocho ministerios en función, a la Jefatura de Gabinete y a algunas otras dependencias información en general sobre la estructura de recursos con los que contaba, personal, inmuebles, rodados, etc. De los organismos consultados, solo cuatro respondieron correctamente y, en el resto, se observaron algunas falencias.

Desde el Ministerio de Salud y desde el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, enviaron las respuestas en formato PDF, pero con archivos adjuntos en formatos inaccesibles, que no permitían ser consultados. La otra cartera consultada que no contestó en tiempo y forma fue el Ministerio de Capital Humano, quienes solicitaron una prórroga al 28 de junio y -al cierre de esta edición- no enviaron la información aunque el plazo se haya vencido.

También se realizaron consultas a ex ministerios, pero ningún ente estatal respondió por las solicitudes enviadas al ex Ministerio de Obras Públicas, ex Ministerio de Transporte, ex Ministerio del Interior, ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El trámite quedó en un limbo sin respuesta, ni notificación y sin ser derivado automáticamente hacia las carteras que absorbieron estas áreas. 

En tanto, desde Jefatura de Gabinete de Ministros contestaron con la información completa, pero de forma desorganizada y en varias tandas. Primero contestó un área, después otra y al final enviaron toda la información junta en archivos PDF que incluían más archivos PDF adjuntos.

También desde El Auditor.info se solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) el informe realizado en el marco del Decreto 126/2023, sobre el estado de los organismos estatales al momento del cambio de gestión. Una vez realizado el pedido, al cumplirse el plazo para la respuesta, el organismo notificó que los archivos eran pesados y que para retirar la información era necesario dirigirse de manera presencial, llevando un pendrive a su edificio, ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, desde SIGEN comentaron que la información solo podía ser retirada por el o la solicitante, lo cual imposibilita el acceso a la información a quienes residen lejos de Capital Federal. En este caso, se impone la presencialidad como otra barrera al cumplimiento de dicho derecho.

Recientemente, ante un pedido de acceso a la información a la ANSES para conocer los años de aportes de aquellas personas que accedieron a un haber jubilatorio vía moratoria, la respuesta fue que para cumplir con la solicitud debían realizar un proceso de cruce de datos “de muy dificultosa implementación”. Desde el organismo citaron el artículo 5 de la Ley 27.275, que establece que la información “debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla. El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido (...)”. Sin embargo, no enviaron ningún tipo de información, ni siquiera en el estado que la tenían al momento, tal como lo establece la Ley. 

Ante esta situación realizamos un reclamo a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), cuyo seguimiento es vía correo electrónico y no hemos obtenido respuestas ante nuevas consultas.

Solicitudes ante el INDEC

También realizamos un pedido de informe al INDEC sobre la situación actual de la población en términos habitacionales. Específicamente, solicitamos información estadística sobre la población que habita en viviendas particulares en Argentina correspondiente al Censo 2022, desagregado por población que habita en viviendas particulares deficitarias desagregada por tipo de vivienda B y precarias; población en situación de tenencia irregular desagregada por tipo de tenencia; población en viviendas particulares deficitarias y en situación de tenencia irregular (que cumplan ambas condiciones). 

La respuesta del INDEC refiere a que el organismo “se encuentra trabajando en la preparación de los resultados definitivos del CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS RONDA 2020 por localidades y radios censales, así como la base de microdatos en sistema REDATAM para disponibilizar en el sitio web del Instituto.”

El FONID y los pedidos a organismos provinciales

Durante los primeros días de julio, realizamos 11 pedidos de acceso a la información pública para conocer la respuesta de los gobiernos provinciales ante la decisión del gobierno nacional de derogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Solo 5 provincias respondieron a nuestra solicitud: Jujuy, Buenos Aires, CABA, Neuquén y Mendoza.

Las 11 provincias que disponen de algún mecanismo de acceso a la información presentan formatos y modalidades de trámites distintos entre sí. En algunos casos, el seguimiento se realiza por iniciativa personal del solicitante mediante una consulta vía correo electrónico; en otros, se requiere el ingreso periódico en las páginas para consultar el estado del trámite, y en algunos casos es necesario ser ciudadano digital de la provincia. 

Balance anual y una nueva gestión por delante

La AAIP presentó su informe anual correspondiente al 2023. Durante el año pasado, se realizaron 11.615 solicitudes de información, casi un 30% más respecto al 2022, 867 reclamos y con un 92% de efectividad en el cumplimiento de la ley. Además, se detalla que durante el año se realizaron 64 capacitaciones, 394 asistencias técnicas a sujetos obligados, fueron evaluados 224 organismos públicos y se registraron aproximadamente 100 mil visitas al sitio de Transparencia Activa

A nivel presupuestario, la AAIP cerró el año con un crédito disponible de $989 millones y un nivel de ejecución del 94.81% del total. Se aclara que estos recursos permitieron “el fortalecimiento de las capacidades de la institución en aspectos cruciales como infraestructura física, servicios informáticos, servicios generales y dotación de profesionales altamente especializados.”

Actualmente, la Agencia de Acceso a la Información Pública cuenta con un crédito vigente de $2.336 millones, 130% más que los disponibles en 2023, y lleva devengado al cierre de agosto 2024 casi el 53% de los recursos.

Nuevas restricciones por decreto a la información pública

A través del Decreto 780/2024 publicado el 2 de septiembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de la Ley 27.275. Esta decisión cambia significativamente la normativa y, por lo tanto, la práctica de acceso a la información pública.

Entre los principales cambios establecidos se limitan los datos que pueden ser solicitados, se excluye información privada de los funcionarios y documentos preliminares de acceso público, se redefine el concepto de la información pública, se incluye la figura de “abuso del derecho” y se crea un registro para identificar a las personas que realizan pedidos de acceso, entre otros.

¿Qué dice la Ley de Acceso a la Información Pública?

En Argentina, la Ley 27.275 (2016) establece el acceso a la información pública y aclara que cualquier ciudadano argentino puede solicitarla sin necesidad de explicar la razón del pedido. A partir de la sanción, se invitó a las distintas jurisdicciones a sumarse a esta ley para “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. 

La ley creó la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa a nivel nacional. Entre sus funciones está la de fomentar la transparencia activa y la protección de datos personales.

Actualmente, se puede pedir información en las instituciones estatales (online o presencial) de forma gratuita. A nivel provincial también se puede solicitar información, pero cada jurisdicción presenta una metodología diferente. Desde El Auditor.info armamos una guía para quienes deseen pedir información en las 20 jurisdicciones que tienen una normativa al respecto y un instructivo con los pasos para realizar un pedido de acceso. Solo tres provincias no tienen una ley al respecto: Tucumán, Formosa y San Juan.

Desde 2022, cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso a la Información Pública. Reconocida tanto a nivel nacional como internacional como una herramienta fundamental para el ejercicio de otros derechos humanos, como el de la salud, la educación, la vivienda y la justicia, el acceso a la información es lo que permite a todo ciudadano buscar y recibir información, componentes esenciales de la libertad de expresión. 

El acceso a la información pública habilita la difusión de un conocimiento más amplio y específico sobre las acciones de los gobiernos, dinamizando la relación entre ciudadanía y Estado. Esta articulación es elemental al momento de diseñar proyectos, implementar políticas públicas y ejercer el control y relevamiento sobre los resultados y metas alcanzadas, y fortalecer los mecanismos institucionales de participación ciudadana.