jubilaciones

La Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el ejercicio 2021 del SIPA y detectó que la estructura estatal cubrió el 51,6% de los beneficios que paga. Además, el informe determinó que los haberes previsionales promedio "no son suficientes para mantener en la etapa pasiva el nivel de vida durante la etapa activa".

La Oficina de Presupuesto del Congreso analizó la flexibilidad del gasto de la Administración Pública Nacional desde 2010 hasta 2021. Según el informe, la presencia de rigideces presupuestarias limita la capacidad de la política fiscal para reaccionar a escenarios imprevistos o nuevos.

Desde mayo del año pasado, habitantes de los 27 estados que conforman la UE discuten iniciativas vinculadas a cuestiones habitacionales, previsionales, de ambiente, inmigración. Un tercio de cada panel de debate estuvo formado por jóvenes.

En 2020 el régimen de judiciales y servicio exterior fue modificado y oportunamente la Oficina de Presupuesto de Congreso estimó el impacto de la medida. El Gobierno nacional admitió que revisará nuevamente esos haberes.

El país quedó posicionado entre los peores del mundo en un ranking sobre sistemas previsionales. Según el Global Pension Index, es poco sostenible y advirtieron sobre la necesidad de sumar activos.

En los primeros 10 meses del año se devengaron $8.053.017 millones. Esto representa un cumplimiento del 83% en regla con la proporción de tiempo transcurrido a nivel global, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Economía.

La oficina parlamentaria reveló que los desembolsos destinados a “la veintena de programas” de la categoría pasaron del 1 al 2,1% del PBI en once años. Si se mide por cantidad de ayudas otorgadas, hay un incremento de 5,2 millones de transferencias.

Hasta 2019, infancia y adolescencia sumaban algo más de 9 millones de transferencias, con una participación del 1,2% del PBI. El informe parlamentario también detalló que el 35,8% de las prestaciones fue a adultos mayores, el 12,7% a la población en edad de trabajar, mientras que el resto se dirigió a planes como excombatientes y tarjetas alimentarias.

Según el área parlamentaria, en 2008 el Estado realizaba unas 12,7 millones de transferencias a personas físicas, incluyendo jubilaciones, pensiones, becas y otras ayudas. El año pasado, ese universo llegó a 21,3 millones. “El principal factor fue la AUH”, explicó la investigación. En el mismo período, la participación de esas iniciativas en el PBI pasó del 6,5 al 10,3%.

La entidad describió el impacto de la pandemia en una región que antes de marzo ya mostraba “gran fragilidad”. En el caso argentino, sugirió la posibilidad de “ampliar el seguro de desempleo” y hasta “establecer un ingreso básico universal” como parte de una “reforma previsional”.

El relevamiento del área parlamentaria detalló que, mientras el haber medio asciende a $ 24.731, los 704 retirados del Servicio Exterior perciben $ 386 mil. Además, hay 51 regímenes diferenciales y ocho de cada 10 aportantes trabaja en el sector privado.

La Fundación Éforo y la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) realizaron un conversatorio para reflexionar sobre las jubilaciones en Argentina. Los invitados coincidieron en que se necesitan consensos para tener un funcionamiento más estable y viable.

Lo reveló la Oficina de Presupuesto del Congreso. Hay regímenes cuyo déficit roza el 40%. Alertan sobre una “desproporción” entre la cantidad de activos requeridos para sostener a los pasivos, la “pérdida sustancial del poder adquisitivo” de quienes se jubilan y la “imposibilidad de acceder a beneficios previsionales a largo plazo”.

La ley aprobada la semana pasada alcanza a menos de 8.000 personas y a uno de cada mil retirados. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la cifra en cuestión no cubre ni un tercio del déficit de los regímenes de judiciales y diplomáticos.

Mientras se aguardan los números del año que viene, un área técnica del Congreso reveló que, con altibajos, en las últimas dos décadas, 6 de cada 10 pesos se destinaron a Servicios Sociales, que incluye jubilaciones, educación, salud, vivienda y agua, entre otras cuestiones. ¿Cómo se repartirán los recursos a partir de enero?