Con su superávit, la ANSES sostiene las cuentas del Estado

Entre enero y octubre de 2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social consolidó un superávit de $5,2 billones. Este ahorro juega un rol fundamental en la política económica del actual gobierno, al ser una de las principales fuentes de recursos que sostienen el equilibrio fiscal de las cuentas públicas nacionales.

Al analizar la composición del superávit en las cuentas públicas, las jubilaciones y pensiones aparecen entre los principales factores que explican el recorte del gasto, seguido por transferencias nacionales a provincias y luego por la obra pública. Distintas estimaciones sostienen que el recorte en jubilaciones y pensiones constituye el 25,3% del total del ajuste en las cuentas públicas nacionales.

Sin los aportes de ANSES, el gobierno enfrentaría un desequilibrio fiscal significativo.

El superávit de ANSES es un apoyo central para evitar que la administración nacional incurra en un déficit. Pero este resultado positivo se debe principalmente a la falta de actualización en el pago de las jubilaciones y no por un incremento de sus recursos, que son básicamente los aportes y contribuciones que provienen del mundo laboral y están directamente relacionados con la evolución del salario formal.

Mientras que el total de la Administración Pública Nacional registra un superávit de $1,9 billones, una mirada desagregada revela que esta cifra se debe en gran parte al excedente de la ANSES. Si excluimos los recursos y gastos de la ANSES, el resto de la APN arrojaría un déficit de más de $3 billones. En otras palabras, sin los recursos excedentes de la seguridad social, el gobierno enfrentaría un desequilibrio fiscal significativo.

El saldo positivo obedece a que las prestaciones de seguridad social, en particular las jubilaciones y pensiones, han experimentado una reducción en términos reales debido a que los ajustes aplicados no han alcanzado a cubrir la inflación. Situación que se combina con el recorte de las transferencias de ANSES hacia las cajas previsionales provinciales, profundizando el ajuste en el gasto público.

En los primeros 10 meses del año, la ANSES recaudó un total de $36,3 billones, mientras que sus gastos alcanzaron los $31,1 billones, resultando en un superávit neto de más de $5 billones. Estos recursos, además de financiar los gastos propios del sistema previsional, también están siendo utilizados para cubrir gastos de otros sectores de la APN. Los recursos de ANSES son un respaldo crucial en el financiamiento de otras áreas de la administración nacional.

El resultado financiero positivo muestra la orientación de la gestión actual del gobierno sobre la ANSES al no asignar parte de este superávit ni al refuerzo ni a la recomposición de las jubilaciones. Las distintas medidas implementadas desde el Ejecutivo van desde la suspensión de las transferencias a las nueve cajas previsionales provinciales, el veto a la ley de movilidad jubilatoria, hasta la profundización de la erosión del poder adquisitivo real de las jubilaciones, proceso que se viene desarrollando desde los últimos 15 años.

¿Un esfuerzo necesario?

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la deuda acumulada a julio de este año con las nueve cajas provinciales por parte de Nación asciende a 703.353 millones de pesos, equivalente al 0,13% del PBI. De acuerdo al estudio, el gasto adicional en jubilaciones y pensiones del impacto pleno de la ley vetada hubiera sido del 0,44% del PBI, lo que equivale a un monto aproximado al ahorro actualmente vigente en las cuentas financieras de ANSES.

Este resultado financiero positivo se debe en parte a la restricción de cualquier política que contemple un proceso de recomposición y recuperación de los haberes. Sin embargo, el esfuerzo por ordenar las cuentas públicas parece haber sido mayor al necesario, tal como lo demuestran los números de la ANSES. La política previsional actualmente vigente tiene un efecto concreto más allá de su aporte al equilibrio fiscal de las cuentas nacionales: consolidar la caída real y fijar un piso histórico en el poder de compra de los haberes previsionales.

La actual fórmula de movilidad previsional, establecida por el Decreto 274/2024, ajusta los haberes jubilatorios en función de la inflación pasada, replicando el mismo mecanismo de actualización que utilizan las canastas del INDEC. Al quedar indexado por el mismo factor (la inflación pasada), la relación entre la jubilación mínima y la canasta básica total para un adulto mayor quedará equiparada en el mismo nivel. Esto implica el acercamiento y estabilización de la línea de pobreza con la jubilación mínima.

Con esta fórmula se impiden mejoras reales en el poder adquisitivo de los jubilados. De seguir aplicándose, los adultos mayores que perciben la jubilación mínima vivirán ajustados al límite de la línea de pobreza, sin margen para afrontar otros gastos o mejorar su calidad de vida.

Una tendencia en baja

A partir de diciembre de 2015 hasta la actualidad, comenzó una tendencia de caída persistente, pero con diferentes momentos de aceleración y estabilización. Y en lo que va del 2024, hay una confirmación de la tendencia decreciente de las jubilaciones abonadas por el gobierno nacional. En el mes de febrero último, se liquidó el haber mínimo más bajo de los últimos 15, que fue de $152.900 a valores constantes de agosto de 2024.

Esta dinámica del sistema previsional señala la consolidación de la baja en las jubilaciones, acelerada en los últimos nueve meses, y que llegó a una caída de en torno al 34% de las jubilaciones promedio liquidadas por las últimas cinco gestiones del gobierno nacional.

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