Acceso a la información pública: "La AAIP no redactó, no impulsó y no avaló el Decreto 780”

Beatriz Anchorena, al frente de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), se presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja al ser convocada para debatir en torno al Decreto 780, que limita los datos que pueden ser solicitados, excluye la información privada de funcionarios y documentos preliminares, establece nuevos requisitos, busca crear un registro de solicitantes y posibilita las sanciones a quienes pidan datos públicos.

Al comenzar, hizo un recorrido sobre las leyes que hoy amparan este derecho y la historia de la Agencia que lidera.

Anchorena comentó que el Decreto 780 llegó a la Agencia y desde el organismo solo pudieron redactar comentarios sobre los puntos críticos a la espera de ser convocados a una mesa de diálogo. Sin embargo, "solo pudimos tener un breve intercambio con el equipo técnico y finalmente la idea de que pudiéramos subir las modificaciones no se pudo llevar a cabo porque el decreto debía ser firmado ese mismo día”, explicó. 

“La agencia no redactó, no impulsó y no avaló el decreto”, sostuvo. “Acá hay una precuela que es el dictamen del Procurador del Tesoro, donde recomienda que se redefina el derecho a información pública”, señaló la titular de la AAIP.

Anchorena remarcó que con la reforma de la Constitución Nacional se incorporaron los tratados internacionales, por lo cual el derecho de acceso tiene rango constitucional. “Estamos hablando de un plexo normativo amplio, que se tiene que interpretar armónicamente. A esto le tenemos que sumar hitos de jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Suprema de Justicia”, agregó.

En este sentido, informó que desde la Agencia van a trabajar para sumar el reciente decreto reglamentario. “Incorporaremos en el plexo normativo el decreto para que no se distorsione el cuerpo normativo que creemos que ha tenido un crecimiento en los últimos años en Argentina”.

“En las reuniones con las agencias de acceso a la información, que tenemos periódicamente, llegamos a una conclusión: el decreto no era necesario porque contamos con instrumentos para gestionar la tensión entre lo público y lo privado. De todas maneras, se debe interpretar de manera armónica con normativas nacionales e internacionales, y en ese sentido se va a avanzar. Vamos a seguir trabajando en un plan de trabajo para la correcta interpretación del decreto y del plexo normativo general”, añadió.

Por otro lado, señaló los riesgos que conlleva el nuevo decreto reglamentario y manifestó preocupación por la tensión que existe entre la nueva definición de información pública y la que rige en la Ley 27.275. Ya que con la modificación, la definición de información pública pasó de ser todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato en manos del Estado, a: “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”.

“La ley lo define por la positiva y el decreto por la negativa. No conozco casos donde se defina por la negativa. Existen excepciones. Al establecer lo que no es información pública, se restringe el concepto. Al optar por limitar el concepto, introduce algunos riesgos, cuando los datos son privados y cuando son públicos”, explicó Anchorena.

Ante esto, la AAIP planteó que va a trabajar en un plan para evitar dichos riesgos. Con este plan apunta a contar con herramientas para la interpretación, con talleres de capacitación y acciones de asistencia técnica. 

Cuestionamientos de diputados

Entre los diputados presentes estaban Silvana Giudici (bloque PRO), Karina Banfi (Unión Cívica Radical), Silvia Lospennato (PRO), Vanesa Siley (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Encuentro Federal), Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Carolina Gaillard (Unión por la Patria), quienes coincidieron en el rechazo al Decreto 780 que limita el acceso a la información pública.  

En su turno, Giudici señaló que el organismo ya había emitido en otras ocasiones resoluciones restrictivas al acceso a la información pública. Además, denunció que la Agencia fue parte del Decreto 780: “Se puede ver en el GDE que la Agencia sí participó”, expresó. “No hubo una sola actuación de la Agencia donde dijeran que no habían tenido nada que ver”, sumó.

En la misma línea, Banfi remarcó que el Decreto 780 interfiere con las funciones de la Agencia, como establece el artículo 24 de la Ley 27.275, donde indica que la AAIP es la encargada de reglamentar la Ley. Y puso en duda la autonomía actual del órgano garante. “Esto debe judicializarse o derogarse”, arremetió la diputada Banfi.

“La mayoría de los bloques estamos pidiendo la derogación del decreto”, añadió Paulón, con lo que coincidió Castillo: “hay que pasar rápidamente al tratamiento del decreto en el Congreso y anularlo”.

Por su parte, Lospennato sostuvo que las recientes modificaciones vulneran la ley, ya que “no se pueden limitar los derechos por la vía de la reglamentación”. Lospennato además solicitó a la Agencia los papeles de trabajo que se ejecutaron en el proceso de creación del Decreto 780.

Para finalizar, Anchorena contestó las preguntas y cuestionamientos de los legisladores presentes. Y sentenció: “No le compete a la Agencia decir si un decreto es constitucional o no”. Además, insistió en que van a trabajar en un instructivo para implementar el Decreto 780, consultando a los actores para que tenga consenso.

Con respecto a los cuestionamientos de la intervención de la AAIP en la participación en el Decreto 780, repitió que cuando llegó el expediente, “no fuimos consultados, no fuimos citados a dar nuestra opinión para reformar el decreto reglamentario anterior, el 206. Lo que hizo la Agencia no es una intervención, es una toma de conocimiento, porque al no haber tiempo de hacer un dictamen técnico ni jurídico, lo único que alcanzamos a hacer fueron comentarios que vamos a publicar para que tengan acceso”, finalizó Anchorena.