La Cámara de Diputados aprobó la ley que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por 180 días debido a los incendios forestales. El proyecto instruye a la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente a destinar una partida extraordinaria para reconstruir la infraestructura y reactivar las actividades económicas afectadas.

La norma, aprobada por unanimidad con 218 votos, permite al Ejecutivo liberar fondos adicionales para atender la catástrofe. Estos se destinarán a la recuperación de las áreas afectadas y a medidas tributarias que alivien la carga económica de las familias y productores damnificados.

Además, se priorizarán obras públicas urgentes, como la reparación y construcción de viviendas, basadas en estudios técnicos para asegurar el uso eficiente de los recursos. La ley también establece medidas financieras para restaurar las zonas afectadas y prevenir nuevos incendios, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión de Riesgos.

Medidas a tomar

La ley busca asistir en la reconstrucción de infraestructura y la reactivación de actividades económicas afectadas. Los fondos se distribuirán en coordinación con las autoridades provinciales, priorizando la reparación y construcción de viviendas e instalaciones.

El proyecto propone créditos con tasas bonificadas para la reparación de viviendas y la recuperación de sectores clave, garantizando el empleo y la continuidad productiva. También contempla la suspensión de deudas bancarias y la renovación de obligaciones pendientes, brindando alivio a los afectados.

Se permite suspender juicios y procedimientos de cobro por hasta 90 días, evitando sanciones inmediatas para productores y emprendedores. Además, se habilitan regímenes impositivos especiales con prórrogas y exenciones.

Estas medidas se coordinarán con la provincia de Córdoba y municipios, siguiendo el Plan Nacional de Manejo del Fuego. La normativa también autoriza al Ejecutivo a implementar apoyos financieros específicos para las economías locales afectadas, según la Ley 27.287.

Situación de Córdoba

Determinar con precisión la cantidad de hectáreas afectadas es complicado debido a la dispersión y continuidad de los incendios en varias zonas. Sin embargo, se estima que más de 43.000 hectáreas de bosque nativo y pastizales fueron destruidas en Punilla y Calamuchita durante septiembre. 

En 2024, Córdoba acumula unas 69.000 hectáreas quemadas, que se suman a las 40.000 de 2023. Chancaní es una de las áreas más afectadas, con una devastación significativa de vegetación y pérdida de hábitats para la fauna local. San Marcos Sierras y Capilla del Monte, aunque parcialmente contenidas, también presentan daños considerables, afectando actividades agrícolas y turísticas.

En Salsacate, un foco de difícil acceso está siendo combatido por bomberos helitransportados, apoyados por aviones hidrantes y helicópteros. En Punilla, dos nuevos incendios cerca de San Marcos Sierras y Capilla del Monte han sido controlados en su mayoría. El gobierno provincial informó que, aunque persiste actividad en la Quebrada de la Mermela, el foco de Yacanto fue rápidamente contenido, evitando mayores daños.

Se espera que el gobierno nacional anuncie en los próximos días más recursos y equipos especializados para combatir el fuego y asistir a la población afectada.

Qué medidas adoptaron los gobiernos provincial y nacional

La respuesta del Estado ante los incendios en Córdoba enfrenta varios desafíos. Se desplegaron bomberos voluntarios, brigadistas del ETAC y personal del ejército, con más de 100 combatientes en La Granja. Sin embargo, "la magnitud de los incendios y las difíciles condiciones climáticas complicaron la tarea", expresó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre los incendios forestales en dicha provincia.

El gobierno nacional también intervino con medios aéreos y apoyo logístico, aunque la coordinación fue criticada. La Defensoría  señaló que "hubo demoras en la movilización de algunos recursos clave", lo que subraya la necesidad de mejorar la planificación ante emergencias ambientales. En agosto, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego ya había alertado sobre el incremento del riesgo de incendios en la región.

Por su parte, se sancionó la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en las áreas afectadas. Además, se implementaron medidas preventivas, como la prohibición de acceso a los cerros Champaquí y Uritorco, para proteger a los residentes y facilitar las operaciones de emergencia.

Propuestas de la Defensoría 

Los incendios masivos en Córdoba durante septiembre revelaron la vulnerabilidad de la región frente a desastres ambientales. El impacto fue severo, tanto en lo ambiental como en lo socioeconómico, y el peligro persiste. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el riesgo de nuevos incendios sigue siendo "extremo", lo que mantiene a toda la zona en alerta.  Frente a este problema recurrente, la Defensoría del Pueblo señaló la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y combate de incendios, afirmando que las medidas implementadas hasta ahora han resultado insuficientes.

Entre las propuestas del organismo, se destacó la importancia de mejorar la coordinación interinstitucional para optimizar la comunicación entre los distintos niveles de gobierno y las agencias de emergencia, con el objetivo de lograr una respuesta más eficiente. 

La Defensoría resaltó que "es esencial que las instituciones trabajen de manera conjunta para evitar que estas situaciones se repitan". También subrayó la urgencia de implementar acciones que impulsen la recuperación económica, poniendo un especial énfasis en las comunidades afectadas, particularmente en los sectores turístico y productivo, los más perjudicados, según la entidad.

Por otro lado, la Defensoría señaló la necesidad de avanzar en las investigaciones para sancionar a los responsables de incendios intencionales, y propone que estos hechos "deberían considerarse como delitos penales". La organización también impulsó el desarrollo de planes de reforestación enfocados en la restauración del ecosistema, además de la prohibición del cambio de uso del suelo en áreas afectadas por el fuego. "Estas medidas son fundamentales para prevenir futuros incendios provocados", afirmó el comunicado oficial.

Con relación a las propuestas del organismo, se destaca la importancia de mejorar la coordinación interinstitucional, para optimizar la comunicación entre los distintos niveles de gobierno y las agencias de emergencia. Además, se subraya la urgencia de implementar acciones que impulsen la recuperación económica, con un especial enfoque en las comunidades afectadas, particularmente en los sectores turístico y productivo, que han sido los más perjudicados.

Otro aspecto clave que menciona la Defensoría es la necesidad de avanzar en las investigaciones para sancionar a los responsables de incendios intencionales, planteando que estos hechos sean considerados como delitos penales. A esto se suma la propuesta de desarrollar planes de reforestación que promuevan la restauración del ecosistema y prohíban el cambio de uso del suelo en áreas quemadas, a fin de prevenir la ocurrencia de incendios provocados.

En cuanto a las estrategias de prevención, el ente propuso la implementación de campañas de concientización "más efectivas" y la imposición de restricciones temporales en las zonas de mayor riesgo durante la temporada de incendios. Además, subrayó la relevancia de fortalecer los programas de atención en salud, haciendo hincapié en el cuidado de la salud mental de las personas afectadas. "Es esencial brindar contención y apoyo en este contexto tan difícil", completó la Defensoría.

Pedido de acceso a la información 

La Fundación Vida Silvestre Argentina presentó un pedido formal de información a las autoridades sobre la gestión del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Según la organización, "es crucial conocer el uso de los recursos públicos destinados a combatir incendios forestales para garantizar una correcta implementación de la Ley y la protección de nuestra naturaleza". Además, el documento destacó la importancia de la transparencia "para fortalecer la participación ciudadana y asegurar un futuro sustentable para todos".

"Es fundamental que se implementen y financien los planes de manejo de manejo del fuego”, aseguró Fernando Miñarro, director del Departamento de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina en comunicación con El Auditor.info.

A su vez advirtió que "las leyes vigentes exigen el cumplimiento de medidas al Estado orientadas a evitar situaciones como las que se viven en Córdoba o, si es necesario, atenderlas de manera efectiva". 

Según el especialista, es indispensable conocer si estas normativas se están cumpliendo en su totalidad, ya que la falta de acceso a información clave es un obstáculo importante. "No sabemos si los planes de manejo de fuego para prevenir y suprimir incendios existen y se están implementando, ni cuáles son los recursos económicos asignados o ejecutados para este fin", señaló.

"La información solicitada permitirá entender mejor dónde hay que reforzar el funcionamiento del SNMF y el cumplimiento de las leyes", sostuvo. En este sentido, agregó que la emergencia climática obliga a fortalecer la capacidad del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que, si bien cuenta con profesionales y equipos de primera línea, "necesita de mayores recursos operativos para la prevención, detección y respuesta temprana".

“Prevenir los incendios es mucho mejor que enfrentarlos cuando ya están ardiendo. Por cada peso invertido en prevención, se pueden ahorrar más de 10 pesos en logística de control de incendios”, subrayó Miñarro. 

La sociedad -enfatizó el ambientalista- debe demandar a empresas y gobiernos el cumplimiento de leyes como la Ley de Bosques, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Quema.

Al ser consultado sobre las acciones del Comité Ejecutivo del Fideicomiso del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, Miñarro afirmó que “no se dispone de información al respecto”.

En concreto, la Fundación solicita información sobre:

  • Acciones del Comité Ejecutivo del Fideicomiso del Fondo Nacional de Manejo del Fuego.
  • Organigrama del SNMF, estado de ejecución de fondos, cantidad de combatientes y personal contratado, así como medios aéreos y vehículos disponibles.
  • Equipos meteorológicos adquiridos, presupuesto restante para 2024 y previsiones para 2025.
  • Planes provinciales de manejo del fuego y reporte diario de incendios.

“El derecho a la información ambiental es fundamental para la ciudadanía”, concluyó el documento de la Fundación Vida Silvestre.