La Auditoría General de la Nación (AGN) se creó en 1992, a través de la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Dos años más tarde, en 1994, la reforma de la Constitución Nacional, en su Artículo 85, le otorgó rango constitucional.

Desde ese momento, la AGN cuenta con autonomía funcional y con facultades propias. Su trabajo es la realización de auditorías y estudios especiales para asistir técnicamente al Congreso de la Nación en el ejercicio del control externo del Sector Público Nacional. Su objetivo es “promover el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos y contribuir a la rendición de cuentas y sus resultados para el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad”.

Pero, ¿Qué pasó entre la sanción de la Ley de Administración Financiera y la Reforma Constitucional de 1994? Como lo explica Mario Alberto Aiscurri, en su tesis de la Maestría en Auditoría Gubernamental de la Universidad de San Martín, en ese momento estaban en debate “dos concepciones distintas sobre la gestión pública”.

La idea vigente hasta el momento era que el cumplimiento normativo estricto garantizaba la preservación del patrimonio estatal. El nuevo concepto que apareció en el inicio de la década del '90, y quedó establecido con la reforma constitucional, se basaba en la premisa de que el Estado que produce bienes y servicios públicos debe rendir cuentas de los resultados que se obtengan en esos procesos de producción.

El trabajo de Aiscurri agrega que el Tribunal de Cuentas de la Nación “no estaba facultado para evaluar la gestión”, sino que tenía que medir la preservación del patrimonio sin considerar la conveniencia del gasto.

En diálogo con El Auditor.info, el ex presidente de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, mencionó algunos puntos importantes que surgieron en ese momento. La necesidad de la reforma, sostuvo, sufrió algunos cambios entre el Congreso que estableció los contenidos y la Constituyente. "Se establecía de manera ambigua que la presidencia de la Auditoría General de la Nación correspondía a la oposición y la Constituyente estableció, de manera precisa, que esa era una designación formulada por el partido político opositor con mayor número de bancas en el Congreso", puntualizó.

Además, quien fuera también diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, representando a su distrito en la Convención Nacional que reformó la Constitución, recordó que “se le dio obligatoriedad a la intervención de la Auditoría General de la Nación para el tratamiento de la Cuenta de Inversión, se estableció que sólo podía ser la Auditoría, y que no era objeto de revisión por parte del Congreso los dictámenes de la AGN”.

En esa línea, el ex auditor general entre 1993 y 1999, Norberto Bruno, analizó que “en épocas del Tribunal de Cuentas, el status institucional del organismo no estaba claramente definido y ese es un aspecto fundamental para las garantías de independencia que debe tener el organismo de control externo”.

“La AGN, a merced de la Constitución Nacional y de la Ley N° 24.156, tiene el rango institucional y las facultades operativas suficientes como para desarrollar toda la potencialidad que se espera y necesita de un organismo que debe velar por el buen uso de los recursos públicos y la integridad de la función pública”, valoró Bruno y advirtió que actualmente “hay disponibles tecnologías como para realizar controles más amplios, más pormenorizados y más rápidos”.

El sistema de control hoy

Sobre el funcionamiento actual, Bruno aseguró que “la organización institucional es adecuada”, pero se pueden pensar reformas en el control gubernamental vinculadas a una “revisión de énfasis y enfoques”. "De ese modo tendrían lugar intervenciones oportunas, con valor agregado para la gestión y en salvaguarda del patrimonio público y una mayor coordinación y cooperación entre las estructuras de control interno y externo para que el control global sea realmente integral e integrado”, agregó.

Por su parte, en relación a la idea de actualizar el sistema de control en Argentina, Jesús Rodríguez, consideró que “hace falta una mejora haciéndolo más rápido, más oportuno y más pertinente porque el control es un requisito básico de un ordenamiento republicano eficaz y en eso tanto la SIGEN como la AGN tienen un papel definitivo”.