La Sindicatura General de la Nación realizó un informe sobre el estado de situación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). El relevamiento se dio en el marco del pedido del poder ejecutivo a la SIGEN para conocer la situación del Estado.

El documento detalla el personal, la ejecución presupuestaria financiera, las compras y contrataciones, juicios, patrimonios, fondos fiduciarios y fideicomisos, y el estado de situación de control interno de cada sector.  

Entre las principales debilidades señaladas por la SIGEN aparece el incumplimiento de las funciones de la Agencia, ante la existencia de usuarios inhabilitados que mantienen en su poder material controlado. La Auditoría General de la Nación había advertido sobre esto en un informe sobre la gestión de los años 2016, 2017 y 2018. En ese entonces, la auditoría mostró que para 2018, fueron 379.122 usuarios que tenían vencidas sus credenciales de tenencia de arma individual y 625.250 las armas denunciadas.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados fue creada en 2015 y su función es la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia y el desarrollo de políticas de prevención de la violencia armada.

Otros de los puntos que fueron hallados por la AGN en su auditoría, y que también fueron observados por la SIGEN, es lo relacionado con la ausencia de archivos, registros unificados y herramientas informáticas adecuadas para la recopilación y procesamiento de los datos emergentes de los requerimientos judiciales y/o administrativos para el tratamiento de los mismos. 

Otras observaciones

El informe de la SIGEN encontró demoras significativas en la determinación de sanciones para las infracciones cometidas por usuarios colectivos; y entre la fecha de ingreso de oficios judiciales que prohíben la compra, tenencia y/o portación de armas de fuego, o la inhabilitación derivada de una sentencia judicial, y la fecha de anotación en el Banco Nacional Informatizado de Datos.

Al mismo tiempo advirtió sobre la existencia de material controlado en resguardo en la Agencia, con significativa demora en su destrucción final, situación que incrementa riesgos considerando el tipo de material.

Además, describió una estructura vigente incompleta y desactualizada, evidenciándose la carencia de manuales de procedimientos para áreas y procesos críticos y sustantivos de la Agencia. Y la inexistencia de un sistema de registro patrimonial que permita asegurar la veracidad e integridad de la información suministrada y el resguardo de los bienes de propiedad del Estado.

Por último, se observó un deficiente control de los plazos dispuestos para la determinación y ejecución de sanciones ante infracciones cometidas por usuarios colectivos, y dificultades orgánico-funcionales para impulsar la ejecución fiscal de las multas impagas.