Mortalidad adolescente: el efecto post pandemia, violencia y prevención
La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes realizó un informe sobre las causas, tendencias y políticas de prevención de la mortalidad adolescente en nuestro país.
A diferencia de en otros períodos etarios, las tasas de mortalidad durante la adolescencia están relacionadas principalmente a factores externos. Los accidentes o agresiones representan la principal causa de defunciones, seguida por “eventos de intención no determinada” y, en tercer lugar, el suicidio.
Estos datos se desprenden del informe realizado por la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el que, entre otros datos relevantes, se destaca la prevalencia de varones sobre mujeres en la mayoría de los indicadores, y una reversión en la tendencia hasta entonces decreciente durante 2021.
Las causas
Como se mencionó anteriormente, la mitad de las defunciones adolescentes en 2021 fueron por “causas externas”. Tanto en el rango de 15 a 19 años, como entre los 10 y los 14, la mayoría de los afectados son varones. La otra mitad de las defunciones del total de los adolescentes se debió a enfermedades. En este conjunto prevalecen los tumores, las enfermedades infecciosas y las respiratorias.
Dentro de las “causas externas” podemos determinar tres grupos. El primero serían los accidentes o lesiones no intencionales. En su mayor parte, y sobre todo en el rango de 15 a 19 años, se trata de accidentes de tránsito o transporte y, nuevamente, las víctimas son mayoritariamente varones.
El segundo grupo se compone de fallecimientos por “eventos de intención no determinada”. Representan el 27.9% de las defunciones y son aquellas que al momento de elaborar el Informe Estadístico de Defunción, es decir, cuando se inscribe la defunción en el Registro Civil, el médico certificante no ha podido establecer la intencionalidad de la lesión.
Según el informe, esta clasificación puede encubrir algunos suicidios y homicidios que, posteriormente, se determinan por investigación judicial. También bajo esta denominación se suele abarcar accidentes y eventos que, aún con información de autopsias, quedan indeterminados.
Por último, el tercer grupo, pero solo por un 1% de diferencia con el anterior, se trata de defunciones por suicidio. En el 2021, 369 defunciones adolescentes fueron por esta causa, con una notoria diferencia de edades: 68 de adolescentes de 10 a 14 años y 301 de entre 15 y 19.
Un dato distintivo dentro de la estadística de este grupo es que, entre las y los adolescentes de este último segmento etario, el 70.8% fueron varones; mientras que entre los más jóvenes, de 10 a 14 años, esta situación cambia mostrando una prevalencia femenina del 55.9%.
Un llamado de atención
Desde la Defensora ponen el foco, también, sobre las muertes por agresiones en adolescentes varones en algunas jurisdicciones. Se refieren a muertes por armas de fuego, objetos cortantes y secuelas, y afecta particularmente a este grupo entre los 16 y los 19 años. En el 2021 concentraron el 90% de estas defunciones.
En 2021, entre el conurbano bonaerense y Santa Fe, murieron 75 varones en situaciones de violencia.
El número más alto se registró en la provincia de Santa Fe, donde, en 2021, esta tasa superó a la de suicidios, dejando un saldo de 38 muertes por agresión y 30 suicidios en ese año. Es decir, al menos 3 jóvenes por mes murieron ese año en circunstancias violentas.
En ese mismo período, también resultaron preocupantes estas estadísticas en los 24 partidos del conurbano bonaerense ya que se registraron 37 víctimas en total, que superaron a los 32 suicidios asentados. Esto implica casi la misma cantidad de muertos que en toda la provincia de Santa Fe, sólo en este territorio.
Registro de tendencias
El informe desarrolla luego la evolución de los indicadores generales desde el 2002, y explica que se observa un incremento casi constante de la tasa entre el 2004 y el 2013, y que, a partir del 2014, comienza a disminuir hasta el 2020. Es en el 2021 que la tendencia se revierte volviendo a valores apenas inferiores a los del 2019.
Haciendo un análisis más detallado, entre los años 2010 a 2021, la tasa de accidentes en los adolescentes tuvo una clara disminución, de la mano de una caída de los accidentes de tránsito. Sin embargo, la tendencia año a año no fue constante ni similar entre los distintos grupos de edad.
Poniendo el foco en el suicidio, con respecto a su evolución, entre 1990 y 2014, la tasa de suicidio adolescente total tuvo un aumento muy importante (se triplica). En cambio, desde el 2015 al 2021, se observa una tendencia decreciente con una importante caída durante los dos primeros años y los dos últimos (especialmente, 2015 y 2021) y un leve aumento y amesetamiento en los años centrales (entre el 2017 y el 2019).
Otro dato expuesto a tener en cuenta es que, en la población de 15 años o más, la tasa de suicidio de adolescentes es la segunda más alta, por debajo del grupo de 20 a 34 años.
Políticas de prevención
Una vez identificadas las causas y las tendencias es necesario enfocarse en las medidas de prevención.
La tasa de suicidio de adolescentes es la segunda más alta, por debajo del grupo de 20 a 34 años.
En primer lugar, las distintas políticas orientadas a la seguridad vial y la prevención de accidentes a nivel nacional están mayoritariamente centralizadas en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. Lleva adelante campañas para reducir la siniestralidad vial en el territorio nacional.
En segundo lugar, la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27.130/2015, y su reglamentación, tiene como objetivo la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio a través de la prevención, asistencia y posvención. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación, y establece que los servicios médicos deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan realizado un intento de suicidio y a sus familias, y a las familias de quienes lo hayan consumado.
Además, en el año 2022 el Ministerio de Salud de la Nación creó el Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio (Resol. 1717/22) que tiene como propósito promover líneas de acción para el abordaje integral del suicidio.
A los fines del monitoreo de la problemática, el Ministerio de Salud de la Nación tiene entre sus funciones la creación de un sistema de registro nacional de notificación obligatoria, que unifique registros sobre suicidios e intentos de suicidios, mortalidad y morbilidad por suicidios.
Según información del Boletín Epidemiológico Nacional, ya está disponible para el registro el evento “Intento de Suicidio” con los respectivos manuales destinados a la carga para los equipos de Salud.
Finalmente, el informe se refiere a la Inversión en Salud Adolescente. Expresa que a partir de datos presentados por UNICEF y el Ministerio de Economía (2023), para 2021, el último año disponible, se estima que la inversión específica en políticas destinadas a adolescencia representa un 2,7% del PBI y alrededor de 6,6% del gasto público total.
A su vez, del total del gasto clasificado como destinado a niñez y adolescencia (políticas para NNyA de entre 0 y 17 años y sus familias), la inversión en adolescencia representa un poco más de un tercio. Esto incluye componentes tales como escuela técnica y secundaria, programas de justicia penal juvenil, políticas de educación sexual y prevención del embarazo adolescente, entre otras.
Un pedido al Estado y a la ciudadanía
Por último, el informe se refiere a algunas acciones destacadas de la Defensora en la temática. En primer lugar, insta al Estado Nacional, y a los Estados provinciales y de la CABA, y convoca a las y los adultos y adultas a generar los cambios necesarios que permitan adquirir patrones de prevención sostenidos, priorizando el cuidado de las niñas, niños y adolescentes para evitar las muertes por siniestros viales y accidentes prevenibles.
También se refiere a la salud mental de niñas, niños y adolescentes en la post pandemia y expone que “la prevención en salud mental, incluyendo los consumos problemáticos, requiere un trabajo territorial e interministerial que genere políticas públicas de fortalecimiento de las familias y otorgue los recursos materiales y simbólicos necesarios para acompañar a las niñas, niños y adolescentes en su desarrollo”.
En línea con esto, la Defensora apela a la sociedad en su conjunto para promover un cambio cultural, mediante la prevención y el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con padecimientos mentales o consumos problemáticos, sin estigmatizaciones ni discriminación.