El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un protocolo de salud mental y consumos problemáticos para personas en situación de calle. Las autoridades podrán internar sin consentimiento a las personas que supongan un riesgo para sí mismas o para terceros. 

Según el último Relevamiento de Personas en Situación de Calle (Renacalle) en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 8 mil personas que viven en esa situación. En el último año solo el 36,8% se hizo un chequeo médico, siendo la salud mental la problemática más común con casi un 28%.

La Policía de la Ciudad y los equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP) informarán sobre aquellas personas que presenten indicios de un cuadro de padecimiento de salud mental o consumo problemático. También se podrán reportar casos a través de los canales telefónicos (107, 108, 147 y 911).

La unidad de emergencia de salud mental del SAME evaluará el caso y, de considerar necesario, podrá trasladar a la persona al Hospital General de Agudos. Se le explicará al paciente su estado de salud, los tratamientos recomendados, las alternativas terapéuticas y las consecuencias de no tratarse.

Cuando una persona decida no tratarse pero suponga un riesgo para sí mismo o para terceros, el equipo del hospital podrá disponer su internación sin el consentimiento del paciente. Será dado de alta una vez que dicho riesgo haya desaparecido.

Desde el gobierno porteño sostienen que el nuevo protocolo viene a mitigar los impactos negativos, que la Ley Nacional de Salud Mental no pudo solucionar. En particular, el cuestionamiento del GCBA recae sobre el Artículo 20 de dicha ley. “La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, sostuvo.

X de Jorge Macri

¿Cuánto se cumple la Ley de Salud Mental?

La Ley 26.657 dispone que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas. Además, prohíbe "la creación de nuevos manicomios públicos y privados", promueve dispositivos de medio camino como “casas de convivencia y hospitales de día”.

En 2023 se cumplió por primera vez con la ejecución del presupuesto correspondiente que establece la norma. El Artículo 32 dispone que el 10% del gasto total de salud a nivel nacional debe destinarse a salud mental para garantizar el acceso a una atención integral, humanizada y de calidad en materia de salud mental.

Según el último censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental, en 2019 seguían existiendo 162 instituciones monovalentes públicas y privadas a lo largo de todo el país, con 12 mil personas internadas.