Las cifras crecen y duelen: el 57% de niñas, niños y adolescentes -unos 7 millones- viven en hogares pobres del país y 1.700.000 lo hacen en la pobreza extrema. Los servicios públicos forman parte de los gastos que las familias deben afrontar y, pese a que son fundamentales para el desarrollo y derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el segundo gasto en importancia en este tipo de viviendas después de los alimentos. 

Una de las funciones que tiene la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la República Argentina (La Defe) es monitorear el alcance de los ingresos en los hogares donde habitan menores. En ese sentido, y con motivo de la audiencia pública convocada por el Interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, observó que en una vivienda humilde el dinero destinado a servicios representa un 14,5% del gasto total.

Según el informe de La Defe, la utilización de la red de gas para cocinar es del 52,6% en el país y de gas en garrafa del 39% (INDEC). Además, acceder al gas permite calefaccionar las viviendas y adecuar la temperatura del agua para el aseo personal. 

De los datos disponibles del tercer trimestre 2022 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), si bien la zona más afectada del país es el Norte, se desprende que casi el 50% de los hogares con niños y adolescentes no accede a la red de gas.

Los más afectados

Los resultados de la EPH revelaron un problema en el acceso al servicio de gas en red, sobre todo en las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. 

El 99% de los hogares del Noreste no tiene acceso a la red de gas.

En este sentido, se observó que el 99% de los hogares del Noreste no tiene acceso a la red de gas, mientras que en el resto de las regiones el porcentaje de inaccesibilidad es de 54% para el Noroeste; 39% región Pampeana; 28% GBA; 26% Cuyo y 4% Patagonia. 

Pese a que es una alternativa poco segura en lugares cerrados, la garrafa es la opción más utilizada por los hogares de bajos ingresos debido al menor costo de instalación y mantenimiento. Y esto conlleva a que puedan registrarse fugas o explosiones. La manera de revertir esta situación es -para la Defensoría- que haya más obras de infraestructura para la ampliación de la red de gas y de este modo se reduzcan las brechas de acceso.

De acuerdo a los relevamientos, en los barrios populares esa realidad está lejos de concretarse. En el país, y según el Registro de Barrios Populares (RENABAP) compuesto por 6.467 barrios con 1.124.797 viviendas donde viven 1.237.795 familias y 960.290 menores, la conexión a la red de gas para cocinar y calefaccionar es prácticamente inexistente y las conexiones formales e irregulares a la red no alcanzan el 2% de los hogares. 

Desde La Defe exigen también que los precios del suministro de gas contemplen la realidad de la mayoría de las familias y que el Ente Regulador actúe para que la inflación no impacte en las tarifas de los hogares de bajos ingresos y se mantenga la tarifa social a familias receptoras de Asignación Universal por Hijo.

“Aún ante situaciones extraordinarias, las niñas, niños y adolescentes deben ser los más cuidados, tal como lo indica el principio de especialidad y protección especial consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales que forman parte de la Constitución Argentina”, indicaron.

Hacia el fin de la pobreza

En el 2015, nuestro país adhirió a la Agenda 2030. Uno de los objetivos impulsados por el proyecto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue avanzar en la erradicación de la pobreza. Con respecto a estas medidas, la Auditoría General de la Nación llevó a cabo una revisión de las gestiones realizadas durante los primeros cuatro años de su implementación y los hallazgos expusieron recortes a los programas preexistentes, reducción de beneficiarios de distintos planes de ayuda y poca relación con las metas planteadas como ejes principales del objetivo.