A partir del análisis sobre el contexto de la reforma financiera que ocurrió en la Argentina a principios de los ‘90, un alumno de la Maestría en Auditoría Gubernamental señaló que el sistema de control actual, derivado de ese proceso, demostró falta de planeamiento por parte del Estado y una susceptibilidad a las presiones políticas de entonces.

Las apreciaciones forman parte de la tesis que presentó el profesor Mario Alberto Aiscurri en el Posgrado que dicta la Universidad Nacional de San Martín.

Tras repasar los debates parlamentarios que precedieron a la reforma de la administración financiera, con posiciones antagónicas sobre facultades y competencias del control público por venir, el autor observa que el proyecto original del Poder Ejecutivo Nacional se refería a un ente dependiente del Congreso, compuesto y dirigido por funcionarios especializados pero que, en los hechos, primó un modelo de dirigencia política en el que el cuerpo colegiado, se sostuvo bajo la lógica del contrapeso partidario, que terminó perjudicando la deseada jerarquización de los profesionales que finalmente integraron la Auditoría General de la Nación (AGN).

Aiscurri también incluye otras voces que enriquecieron el debate de la época. Así, toma testimonios del actual titular de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Hugo Quintana, del auditor Oscar Lamberto, del economista Marcos Makón, además de Emilia Lerner, Melchor Cruchaga, Kelly Olmos, Martín Hourest y Noemí Posse.

De estas versiones surgen distintas opiniones, por ejemplo, sobre la capacidad punitiva de los organismos de control, entre los que están a favor –como Quintana y Cruchaga-, y quienes se oponen -Lamberto y Lerner-, por considerar que esa es una actividad propia de la justicia y no de las auditorías.

No obstante, todos coincidieron en que la responsabilidad de los funcionarios públicos es uno de los puntos más débiles de la Ley 24.156 de Administración Financiera; así cobra fuerza una de las especialidades de Makón, la inclusión de un sistema de gestión por resultados, con sus consecuentes premios y castigos.

Del Tribunal de Cuentas y la Auditoría

Para el autor de la tesis, no fue la evaluación negativa del desempeño del Tribunal de Cuentas lo que generó su desplazo de la escena nacional y la posterior aparición de la AGN, sino una serie de factores políticos que presionaron al punto de llevar a Aiscurri a sugerir que, aunque no hubiese existido el TCN, igualmente el sistema de control del país iba a experimentar los mismos cambios que se registraron.

Sobre lo que considera una imprevisión estatal, el profesor Aiscurri aborda la “dialéctica del isomorfismo”. Es decir, desde la certeza de que los resultados de la reforma del control público no fueron los esperados, y a partir de dos de las causas de este fenómeno (la dificultad de importar instituciones de otros ambientes políticos sin una adecuada adaptación, y la imposibilidad de acceder a las claves del éxito de esas experiencias), el autor abre el debate sobre una cuestión de fondo a resolver: si se vuelve al esquema anterior de Tribunal, o bien, si se busca la corrección de los desvíos registrados.

En ese sentido, se realiza una revisión de la Auditoría General de la Nación y sus nudos problemáticos particulares, y las diferencias entre el control normativo y el de resultados. Además, Aiscurri compara las características de la AGN con la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) y la estrecha relación entre las leyes de administración financiera tanto nacional como porteña. Así surge que la AGCBA tiene legitimación procesal cuando lo considera necesario, es decir, puede ser querellante, y asimismo es independiente de la Legislatura con respecto a la publicación de sus informes y dictámenes. No obstante, de los testimonios recogidos por el autor, se evidencia que más allá de la autonomía obtenida, el organismo de control de la Ciudad es, en realidad, dependiente de los acuerdos parlamentarios, y que en sus primeros años hubo primacía de abogados y contadores, con poca integración de profesionales de otras especialidades.

Aiscurri va mucho más allá y extiende la comparación a las experiencias que se registraron en Córdoba, Salta, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, las distintas formas de controlar y sus adaptaciones a los nuevos sistemas de trabajo.

Propuestas

Entre las propuestas que figuran en la tesis de Aiscurri se destaca la “vindicación de la hibridez”. Puntualmente, se refiere a la posibilidad de lograr una interacción entre los actores del control público, desde las posiciones académicas y burocráticas, hasta las sindicales. En este marco, el autor resalta la oportunidad actual de conseguir esa sinergia, a partir de una serie de factores que allanaron los enfrentamientos pretéritos entre Tribunales y Auditorías, tomando la iniciativa de la red federal de control llevada adelante por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como un ejemplo del “acercamiento hacia un fin común, más allá de sus denominaciones”. Para esto, según Aiscurri, se hace necesario abrir el juego en dos planos: por un lado, la incorporación de profesionales de varias disciplinas, “despejando los intereses corporativistas de abogados y contadores”, y poniendo en práctica la “estrategia del bricolage", que implica la adecuación parcial y recíproca de las instituciones de control de una manera constructivista.