En Argentina, 1.3 millones de personas se reconocen indígenas o descendientes de pueblos originarios, de acuerdo a los datos del Censo 2022. Este colectivo representa el 3% del total de la población del país. Cabe destacar que en provincias como Jujuy y Salta, el porcentaje con respecto al total es aún mayor: allí, 1 de cada 10 personas se reconoce como integrante de un pueblo originario. 

Durante el Siglo XX, las comunidades fueron desplazadas y proletarizadas sobre todo bajo la negación de una identidad cultural y de acceso a la tierra. Recién con el regreso de la democracia comenzaron a tratarse ciertas legislaciones provinciales referentes al tema, en 1985 se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y en 1994, con la reforma constitucional, se reconocen a los indígenas como sujetos de derecho. 

En su último informe, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) indicó que “no hay manera de medir la gestión del INAI”. El relevamiento se dio en el marco del pedido del poder ejecutivo a la SIGEN para conocer la situación del Estado.

El documento detalla el personal, la ejecución presupuestaria financiera, las compras y contrataciones, juicios, patrimonios, fondos fiduciarios y fideicomisos, y el estado de situación de control interno de cada sector.  

Entre los principales hallazgos, la Sindicatura detectó la “falta de seguimiento, control y detalles de los subsidios con fines sociales” ejecutados por parte del ente encargado de aplicar la política indígena en el país.

Por su parte, la Auditoría General de la Nación controla el funcionamiento del INAI y aprobó informes en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 y 2017. En esos análisis se detectaron fallas en los mecanismos de registración, seguimiento y control de las acciones programadas y ejecutadas. En 2012, además se detectaron desembolsos sin justificar por parte del organismo, observación que fue reiterada en 2017.

Desarrollo de comunidades indígenas

La Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas se encarga de diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos orientados al desarrollo integral de las comunidades indígenas en el país.

La Sindicatura observó, en su último relevamiento, la “carencia de un sistema de control de gestión” que contribuya a una ejecución adecuada de las acciones y responsabilidades primarias del organismo.

Entre los principales descubrimientos, el organismo de control expuso la “ausencia” de un proceso formalizado para la tramitación de los subsidios no reintegrables con fines sociales, lo cual “impide realizar un seguimiento y control de los mismos”. A esto se suma, la “carencia de detalle” en los convenios de estos subsidios.

Además, la SIGEN detectó la “inexistencia de un sistema de información”, como consecuencia, esto genera la imposibilidad de saber los niveles de cumplimiento de los objetivos esenciales del programa de relevamiento territorial.

La bandera Wiphala es un símbolo que vincula a los pueblos originarios de las regiones andinas.
La bandera Wiphala es un símbolo que vincula a los pueblos originarios de las regiones andinas.

Relevamiento territorial

El documento oficial del órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional marcó, por otro lado, la “falta de cumplimiento total de la ejecución de los convenios de relevamiento territorial".

Cabe destacar que hay dos formas de relevamiento, que dependen de la densidad de población indígena: en las provincias con mayor cantidad de habitantes originarios se promueve la ejecución descentralizada, que está a cargo de una Unidad Ejecutora Provincial compuesta por delegados del Consejo de Participación Indígena, representantes del Poder Ejecutivo provincial y miembros del Equipo Técnico operativo. También está el accionar centralizado, que se utiliza en los terrenos menos poblados, y en donde participan en forma directa equipos técnicos dependientes del INAI y de las provincias.

A su vez, es importante señalar que la Auditoría General de la Nación advirtió en 2012 que “el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas tuvo un escaso nivel de ejecución durante sus primeros años”.

Deudas y desvíos 

Entre las principales debilidades señaladas por la SIGEN aparecen "deudas previsionales e impositivas" sin identificar que podrían derivar en juicios de ejecución fiscal, así como la ausencia de un acto administrativo de aprobación por parte de autoridad competente para la asignación y pago de unidades retributivas, lo que incumple con la normativa vigente.

La auditoría advirtió, además, "desvíos significativos en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones", circunstancia que genera muchos pagos en concepto de reconocimiento de gastos para la obtención de algunos bienes y servicios, sin un proceso regular de contratación.