En Argentina, 955.032 personas se identifican como indígenas o descendientes de indígenas. Se estima que esa cifra es mayor ya que estudios genético-antropológicos han demostrado que los orígenes autóctonos están más presentes de lo que se suele creer. Si bien en los últimos años hubo avances importantes en conquista de derechos, las comunidades se enfrentan aún hoy a diversos conflictos, mientras reclaman que se cumplan las leyes ya sancionadas. 

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. “Un punto de partida es entender la conquista del desierto en términos de genocidio”, indica a El Auditor.info la investigadora de Conicet, Pilar Pérez. “La idea y el concepto de genocidio es entender a ese proceso histórico no como un hecho aislado de violencia, producto de un pensamiento de época, sino como un proceso que tiene efectos hacia adelante. Someter a los pueblos originarios bajo un cierto marco de la sociedad argentina. Mientras este procedimiento no tenga un reconocimiento histórico oficial, difícilmente entendamos las consecuencias que ese genocidio tuvo y tiene en los pueblos originarios”, agrega.

Tweet de Amnistía Internacional Argentina

El tipo de violencia y silenciamiento al que son sometidas las comunidades indígenas se evidencia en los despojos de territorios, desmembramientos familiares, en la obligatoriedad del uso de la lengua o la negación de ser parte de los procesos históricos. “Es el no ser parte y quedar afuera del relato que tiene como contraparte una narrativa de un proceso glorioso de civilización. Ese relato se arrastró a lo largo del tiempo y hasta hoy sigue sin ser contemplada su existencia y mucho menos se entiende cómo es que están reclamando sus derechos”, explica Pérez. 

El derecho a la tierra

Durante el Siglo XX las comunidades han sido desplazadas y proletarizadas sobre todo bajo la negación de una identidad cultural y de acceso a la tierra. Recién con el regreso de la democracia comenzaron a tratarse ciertas legislaciones provinciales referentes al tema, en 1985 se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y en 1994, con la reforma constitucional, se reconocen a los indígenas como sujetos de derecho. 

“Al ser reconocidos en la Constitución se empieza a complejizar la situación porque durante siglos se les negó ser parte de la historia. Toda esta violencia choca a nivel social con estos reconocimientos que los pueblos originarios están demandando en el presente y que tienen amparos legales, fundamentalmente de la Constitución pero también de otras leyes que se han ido sancionando producto de las luchas de los pueblos originarios”, indica Pérez.

En 2006 se sancionó la Ley 26.160 que dio lugar al Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas para dar cumplimiento. Si bien tenía una caducidad de cuatro años, se fue prorrogando hasta hoy. Todas estas demoras en su ejecución se deben a diversos factores y, pese a que ya han pasado casi 20 años, sigue sin completarse. La norma tiene como objetivo un relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por las comunidades y la prohibición de los desalojos de comunidades como reivindicación territorial.

Hasta la fecha, existe un universo de 1.760 comunidades indígenas identificadas y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha finalizado el proceso de relevamiento de 746.

“Hay, por un lado, muchos intereses en puja por el uso de esas tierras pero también toda una complejidad y diversidad en la composición de las comunidades que habitan tanto en zonas rurales como también en espacios urbanos a las que fueron desplazadas que demanda de recursos, económicos y humanos, y tiempo. Además de tener que contemplar muchos derechos indígenas amparados en legislaciones nacionales como internacionales que en el país se han instrumentado parcialmente o aún no tienen una reglamentación clara, con lo cual siguen siendo derechos vulnerados. Por ejemplo, si hay un uso minero que se le quiere dar a cierto territorio, debería haber una consulta libre e informada y eso no se cumple”, señala Pérez.

Según el Decreto 805/2021, publicado en noviembre del año pasado en el Boletín Oficial, y que prorroga hasta noviembre de 2025 los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.160, hay un universo de 1.760 comunidades indígenas identificadas a la fecha y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha finalizado el proceso de relevamiento de 746. Asimismo, se indica en ese mismo texto que se ha iniciado el proceso de relevamiento en otras 246, que se encuentra en distintos grados de avances de ejecución, restando relevar 768.

La Auditoría General de la Nación controla el funcionamiento del INAI y ha aprobado informes en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 y 2017. En esos análisis se detectaron fallas en los mecanismos de registración, seguimiento y control de las acciones programadas y ejecutadas. En 2012, además se detectaron desembolsos sin justificar por parte del organismo, observación que fue reiterada en 2017. 

Relevamiento de conflictos

"Hay que deconstruir el racismo. El genocidio logró instalar un sentido común que pese a las leyes y a las vastas investigaciones existentes sigue estando vigente", afirma la investigadora Pilar Pérez.

Desde hace siete años, Amnistía Internacional realiza un relevamiento de conflictos llamado Territorio Indígena. Este año, desde la organización, señalaron dos tensiones en particular. Una es la del pueblo Nivaclé, en la provincia de Formosa, que reclama el "derecho a la identidad y el acceso a la documentación nacional de identidad". Y por otra parte el pedido de justicia de la comunidad Qom por "abusos y tortura por parte de la policía chaqueña". Estos dos casos son apenas un ejemplo de la deuda del Estado argentino en la garantía de derechos.

“En Argentina, los pueblos indígenas atraviesan situaciones reiteradas de violencia institucional que los estigmatiza, criminaliza y reprime. Algunos de ellos ni siquiera logran acceder a algo tan necesario como el Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde Amnistía Internacional reiteramos el deber que tiene el Estado argentino en lo que respecta el cumplimiento de los derechos de los pueblos, la necesidad de detener la violencia policial y avanzar de manera urgente en la implementación de ley de emergencia territorial indígena”, señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Recién en el Censo realizado en 2001, el estado argentino incorporó la pregunta de pertenencia indígena. En 2010 fueron censados 955.032 descendientes de pueblos originarios y en la Encuesta Complementaria de Pueblos Originarios 2005 se arrojó la cantidad 600.329. En las preguntas 22,23 y 24 del Censo 2022 se indaga sobre la descendencia o pertenencia a pueblos indígenas u originarios.

“Hay una enorme lucha vigente por el autorreconocimiento que llevan adelante las comunidades porque han sido mucho tiempo estigmatizadas. Nadie quiere reconocerse como indígena, ello conlleva una carga peyorativa. Ser indio sigue siendo en muchos sectores concebido como el último escalafón de la sociedad, con todo lo que eso implica. Hubo rupturas, se fue dejando de transmitir la lengua o ceremonias entre las generaciones, porque por siglos fueron perseguidos o estigmatizados. Aun hoy, cuando hemos conquistado que muchos sitios sean declarados en el Sur como interculturales, se siguen considerando a los mapuches como grupos terroristas cuando es de una diversidad que no se contempla. Hay que deconstruir el racismo. El genocidio logró instalar un sentido común que pese a las leyes y a las vastas  investigaciones existentes sigue estando vigente”, afirma Pérez.