Se presentó la evaluación del Índice de Transparencia Activa, realizado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia. También se dio a conocer la nueva metodología del Índice que utiliza la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) para monitorear el cumplimiento de las políticas de transparencia. El relevamiento se realizó sobre el proceso de implementación del Índice de Transparencia 2021-2022. 

De los principales resultados se destaca el conocimiento de la herramienta, aunque existe el desafío de ampliar su difusión a universidades nacionales y organismos descentralizados. También se destacó que el Índice se consolidó como un instrumento de monitoreo con un buen alcance. En la cuarta etapa de la evaluación se integraron todos los hallazgos a la nueva propuesta metodológica del Índice. 

El Índice de Transparencia Activa es una herramienta que permite monitorear el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que establece la Ley 27.275, para la rendición de cuentas por parte de los organismos del Ejecutivo nacional. Brinda tanto a los funcionarios públicos, como a la ciudadanía, la información para evaluar el desempeño en materia de políticas de transparencia. 

La evaluación del Índice de Transparencia Activa comprende cuatro etapas: el análisis de documentos metodológicos; el relevamiento de la percepción de la Red de Responsables de Acceso a la Información Pública; el diálogo con organizaciones de la sociedad civil; y una evaluación agrupada donde se propone una nueva metodología. 

Análisis y relevamiento

Durante la primera etapa, el análisis se centró en la valoración de la metodología del índice tomando como fuente los documentos que dan registro de las decisiones tomadas. De allí se obtuvieron hallazgos que permitieron tomar decisiones de mejora en la implementación del índice. 

Luego, en una segunda etapa, se buscó conocer las opiniones y percepciones de los responsables de Acceso a la Información y Transparencia, quienes están en mayor contacto con el Índice. Entre los principales hallazgos se destaca que la mayoría de los individuos conocían la herramienta, aunque eran personas que pertenecían a los organismos centralizados por lo que existe el desafío de ampliar su difusión a universidades nacionales y organismos descentralizados. Por otro lado, también se extendió una idea mayoritaria de incorporar nuevas dimensiones, entre las que aparecen: Código de Ética; Participación Ciudadana; Desarrollo sostenible; entre otras.

Articulación con la ciudadanía y nueva metodología

En tercer lugar, se llevó a cabo un diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil donde se destacó que el Índice es un instrumento de monitoreo consolidado con un buen alcance. Además, los participantes realizaron propuestas entre las que destaca la incorporación de criterios de disponibilidad y lenguaje claro, en conjunto con los mecanismos de denuncia y solicitud de información como nuevas dimensiones del índice; y el relevamiento de la información financiera, la misión, objetivos y metas. 

A partir de las jornadas con las organizaciones de la sociedad civil, la Agencia de Acceso a la Información Pública desarrolló el Portal Nacional de Transparencia. 

En la cuarta etapa se integraron los diferentes hallazgos y se presentó una propuesta metodológica para el Índice. 

En relación a la muestra, el proyecto sugiere una muestra aleatoria separada por los tipos de Sujeto Obligado: Administración Central, Organismos Descentralizados, Empresas y Entes del Sector Público Nacional, y Universidades. A diferencia de la propuesta original que utilizaba dos muestras, separando a los Organismos de la Administración Central de organismos descentralizados. 

Sobre la frecuencia del relevamiento, la nueva metodología propone relevar de manera trimestral, abarcando el 50% de los sujetos obligados en cada trimestre. Esperando alcanzar el 100% de los sujetos obligados dos veces al año. El índice original hacía un relevamiento por muestra, los organismos de la administración central se relevaban los meses pares y los descentralizados los meses impares.

Por último, se mantienen las dimensiones originales, aunque reagrupadas, y se agregan: Misión y/u objetivos; Servicios y/o trámites; Autoridades y designaciones; Declaraciones Juradas; Compras y contrataciones; Informes de auditoría y evaluación; Solicitud de información; entre otras.