El Colegio de Auditores de la Nación aprobó el Programa de Acción Anual (POA) 2025. Incluye 296 proyectos de auditoría: 128 nuevos y 168 que corresponden a años anteriores. Se realizarán auditorías a universidades públicas, a áreas del Ministerio de Defensa y Seguridad, programas de asistencia alimentaria del Ministerio de Capital Humano y a la gestión de CAMMESA.

El proyecto fue presentado por el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos. En detalle, el 62% de los proyectos de auditoría planteados para 2025 por la AGN son de gestión gubernamental. En relación a los periodos auditados, el 85% corresponden a gestiones de gobierno de los últimos tres años. 

Con respecto a las universidades, el POA incorporó informes sobre la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y las universidades públicas nacionales de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco; de Chilecito; de Avellaneda, del Nordeste.

También serán auditados el proceso de compras y contrataciones de los Ministerios de Defensa y Seguridad. Otros objetos de auditoría para el próximo año serán las reservas de oro y los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) para la regularización de los pagos de las importaciones del Banco Central de la República Argentina, la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano, el Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), la política energética sobre la gestión de CAMMESA y la gestión de los entes reguladores de servicios públicos sobre los reclamos presentados por los usuarios.

La AGN analizará el control financiero de más de 35 préstamos internacionales, entre ellos, el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo, el Proyecto de Corredor Vial del Noroeste y el Programa Federal de Seguridad; el cumplimiento de la Agenda 2030 en lo referente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre igualdad de género; las transferencias al sector privado para financiar gastos de atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas; y los estados contables del PAMI.

También se auditará la gestión integral de la Policía Federal Argentina; el cumplimiento de las obligaciones de Corredores Viales SA con relación a el mantenimiento de las rutas a su cargo;
el otorgamiento, liquidación y puesta al pago de las prestaciones por desempleo de parte de ANSES; la gestión del Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino; el control de las transferencias a gobiernos municipales para financiar gastos de capital; y los estados financieros de AySA respecto del Programa de Atención a Zonas Vulnerables.

El Programa de Acción Anual 2025 será remitido a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y luego será publicado en la página oficial de la AGN. 

“La relación entre la cantidad y la calidad, y la oportuna confección de los informes es muy importante. Es un objetivo la elaboración de informes útiles para el Congreso de la Nación, para la toma de decisiones y para la sociedad en general”, analizó Olmos durante la presentación del programa.

En ese sentido, el Presidente de la AGN aseguró que el organismo busca un cambio de paradigma en relación al tiempo en que se deben realizar los trabajos y la temporalidad de los mismos. “Debemos dejar atrás la antropología institucional para darle herramientas al Estado y a la Administración”, concluyó.

Informes aprobados

Durante la jornada, además del Programa de Acción Anual, el Colegio de Auditores aprobó un informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa para la Implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de Argentina del Ministerio de Economía, por el ejercicio irregular comprendido entre el 10/12/2020 y el 31/12/2023. 

El trabajo fue presentado por el auditor general, Javier Fernández, quien reveló que durante el periodo analizado “se ejecutó menos del 1% del monto original” del proyecto. En ese mismo lapso de tiempo, además, se pagaron comisiones por un monto mayor al que se usó del préstamo que financió el programa.

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