Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) indicó que, si bien el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) lleva a cabo controles y fiscalizaciones que son eficaces en la supervisión de los embalses, debe mejorar algunos aspectos administrativos y formales. Además consideró importante implementar planificaciones operativas anuales para facilitar el seguimiento de las actividades. La información del ORSEP “no está bien organizada ni centralizada, lo que dificulta la transparencia y complica la evaluación de los resultados”, señaló el documento.

La función principal del ente es garantizar la seguridad estructural y operativa de los proyectos que supervisa. Esto incluye monitorear y orientar a las empresas concesionarias en la construcción, operación y mantenimiento de las represas, con el objetivo de salvaguardar a la población, así como también proteger el patrimonio de la Nación y las provincias.

Qué es y cómo funciona el ORSEP

Las presas, también conocidas como represas, son infraestructuras que permiten controlar de crecidas e inundaciones, el suministro de agua potable, la producción de alimentos, la generación de energía y la creación de espacios recreativos. Sin embargo, la instalación de estas obras y sus estructuras auxiliares conlleva riesgos en caso de incidentes o fallas, lo que podría afectar la seguridad pública y el ambiente.

El ORSEP y las direcciones regionales son responsables de garantizar el cumplimiento del procedimiento general de gestión de emergencias en sus respectivas jurisdicciones. Para supervisar este trabajo, deben designar a un responsable de los procedimientos específicos relacionados con la fiscalización de la elaboración del plan de acción durante emergencias (PADE), la capacitación y ejercitación del mismo, la revisión de su actualización y la gestión interna de emergencias.

A través de estos procedimientos, el ORSEP asegura que las entidades responsables elaboren, actualicen e implementen una estrategia de acción, así como un programa de formación y ejercitación para su aplicación práctica. 

Además, el organismo debe elaborar un Plan de Intervención en Emergencias (PIDE), mantenerlo actualizado y diseñar un programa de capacitación y ejercitación para el personal de cada unidad organizativa, facilitando así la interpretación y aplicación de los PADE.

Control efectivo y mejoras necesarias

Entre los hallazgos y conclusiones, la auditoría aprobada en mayo de 2024 advirtió que el organismo “es eficiente en el control y la fiscalización de las presas”, sin embargo “es necesario realizar ajustes en ciertos aspectos administrativos y formales”. Según la AGN, es fundamental que el ORSEP implemente planificaciones operativas anuales para mejorar el seguimiento de lo ejecutado en relación con lo planificado.

Para el cumplimiento de sus obligaciones, según estándares internacionales, "el ORSEP debe basarse en pilares fundamentales de seguridad, que incluyen la implementación de un programa rutinario de vigilancia y mantenimiento para la detección temprana, un programa de instrumentación y monitoreo, y la planificación de emergencias”, enumeró la AGN en su documento. 

En igual sentido, el organismo de control identificó en el periodo auditado, enero de 2018 a diciembre de 2021, la “falta de actualización y formalización por acto administrativo de algunas normas, directivas técnicas y lineamientos que deben implementar las direcciones regionales para asegurar y monitorear la seguridad de las presas”. 

Por otro lado, se expuso que “la información respecto de todas las actividades realizadas por el ORSEP no se encuentra centralizada ni ordenada”, lo que atenta contra la transparencia de sus actividades y dificulta poner en valor el trabajo desarrollado. 

Mapa de emergencias

El Plan de Acción Durante Emergencias (PADE) es el manual de gestión de las empresas concesionarias que detalla los procedimientos para prevenir y actuar ante contingencias en la presa. Su implementación es un proceso continuo que incluye el diseño, puesta en marcha, ejercitación y actualización de acciones para mitigar los efectos de fallas operativas o estructurales.

Los mapas deben incluir una versión general con la extensión de la inundación y otra detallada que muestre las vías de escape y las áreas afectadas en cada localidad. Ambos deben indicar el área inundada, las vías de comunicación y otras referencias necesarias para su comprensión. Se actualizan anualmente como parte del PADE, según lo establecido en los contratos de concesión, ante cualquier cambio significativo aguas arriba o aguas abajo que pueda alterar el flujo del agua, el área inundada o la ubicación de personas y bienes a alertar.

Según la auditoría, “el ORSEP no emite informes anuales que certifiquen la revisión de los mapas de inundación ni que indiquen si es necesario actualizarlos”.

“El organismo no intimó ni inició sumario administrativo a la concesionaria AES Argentina Generación S.A., ante el incumplimiento en la actualización de los mapas de inundación, respecto de las presas Cabral Corral, Peñas Blancas y El Tunal”, detalló la AGN. 

Plan interno de emergencias

El Plan Interno Durante Emergencias (PIDE) es un programa anual que detalla las acciones del organismo regulador en cada unidad organizativa y así garantizar su preparación ante emergencias. Para proteger la vida y reducir daños en zonas afectadas por emergencias hídricas vinculadas a represas, es esencial coordinar los sistemas de protección pública, los PADE de las Entidades Responsables y el PIDE del ORSEP. En este marco, las Direcciones Regionales y la Presidencia deben elaborar un plan interno conforme a los "lineamientos para la gestión interna de emergencias".

La AGN observó que la planilla "Capacitación, ejercitación y actualización de PIDE" no es utilizada por todas las unidades organizativas. Algunas emplean formularios diferentes para registrar la gestión interna de emergencias, sin un criterio uniforme. “La mayoría está incompleta, ya que falta la firma, aclaración de autoridades, fecha o número de registro”, agregó el organismo de control.

Cupo y capacitación

Según el informe de auditoría, el Organismo Regulador no cumple con el cupo del 4% de personas con discapacidad establecido por la Ley 22.431. En 2018, sólo alcanzó el 1,33% de empleados con discapacidad; en 2019, el 1,41%; en 2020, el 1,47%; y en 2021, llegó al 3,53%.

Además, el órgano incumple con la Ley Micaela (Ley 27.499), que exige la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todo el personal público. "En 2019, se capacitaron seis personas, el 7,3% del total de empleados", indicó el documento. En 2020, el porcentaje subió al 54%, con 40 personas capacitadas, pero en 2021 cayó al 3,37%, con apenas tres capacitaciones.

El texto también mencionó discrepancias en la cantidad de empleados capacitados según la fuente consultada. "El organismo reporta 108 agentes capacitados, pero los certificados y reportes del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) solo refieren 49", aclara la AGN.

De acuerdo a los datos publicados por la auditoría, el ORSEP “no proporciona suficiente información para determinar cuántos empleados están capacitados”. Además, la Dirección Regional Cuyo Centro utiliza un formato diferente al aprobado por la normativa interna para registrar las capacitaciones.