Lea aquí la nota de El Auditor


Buenos Aires.- En los juzgados se amontonan las demandas iniciadas por los jubilados que reclaman la actualización de haberes. La Auditoría General de la Nación detectó marcadas irregularidades en la Anses.

Uno de los principales caballitos de batalla del Gobierno nacional es vanagloriarse con los aumentos que se le otorgaron a jubilados y pensionados en los últimos 7 años. Pero estos incrementos, en realidad, en muchos casos estuvieron por debajo de los índices reales de inflación y, además, se acentuó el achatamiento de la pirámide previsional. Así es como un trabajador de YPF que se jubiló en los años ‘80 con un haber equivalente al doble del mínimo, en marzo próximo estará percibiendo $ 1.242, el valor más bajo de la escala.

Lejos de ser un caso aislado, especialistas aseguran esta situación podría hacer colapsar el sistema previsional en el mediano o largo plazo en caso de no haber soluciones de fondo. Ya son alrededor de 450 mil los beneficiarios de la Anses que, amparados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó restituir la movilidad jubilatoria (ajustar los haberes a las variaciones del sueldo mínimo de los trabajadores activos), iniciaron juicio al Estado para reclamar una actualización de sus haberes.

Pero la estrategia del Gobierno kirchnerista es pagar lo menos posible e ir pateando la pelota para adelante. De los números oficiales surge que en 2009 se cancelaron casi 27.000 sentencias, en 2010 unas 22.000 y, este año, de acuerdo al presupuesto, podrían cancelarse menos de 20.000.

Un reciente informe, realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN), muestra a las claras los desmanejos que se registran en la Anses, donde sólo cinco abogados tienen a su cargo más de 2.000 juicios por reajuste de haberes y movilidad. Además, uno de ellos lleva adelante 3.075 causas, mientras otros 36 profesionales tienen asignado un solo caso judicial. Según el organismo de control, "no se visualizó una distribución proporcional de las causas judiciales" entre los 235 agentes profesionales disponibles.

Del mismo modo, de acuerdo a lo analizado por la AGN; el propio Estado no sabe con exactitud cuántos juicios en trámite existen. A saber, a septiembre de 2009, para la Gerencia de Asuntos Contenciosos, había 90.505 causas, para el Tablero de Mando Estratégico, 313.777, y la cantidad de juicios sobre los que se determina la previsión contable -herramienta para contemplar la posibilidad de incurrir en una pérdida- al 31 de diciembre de 2008 era de 230.413.

Una de las falencias recurrentes detectadas por la auditoría fue que los reclamos que iniciaban los jubilados por reajuste o movilidad eran directamente rechazados por la Anses, "sin que conste un análisis en esta instancia". Este accionar derivaba en que "los reclamos administrativos por estos conceptos terminan indefectiblemente en un juicio" que, en definitiva, "concluyen en el reconocimiento" de lo exigido, o mejor dicho, en la exigencia de pagar lo demandado.

"El Gobierno nacional no cumple con el criterio de la Corte nacional en cuanto a la movilidad, y por eso prosperan las acciones legales. Resulta muy penoso pensar que el Estado no cumple con algo que ni siquiera es dudoso: son reclamos para que se pague en función de lo aportado, que se cumplan con las leyes y los derechos de los jubilados", le dijo a Hoy Miguel Angel Pouzo, titular de la Asociación de Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip).

Pouzo agregó: "Lo que es aún más preocupante es que millonarios recursos del sistema previsional se están usando en fines que nada tiene que ver con los haberes jubilatorios".

El pasado 10 de febrero el Gobierno nacional blanqueó, mediante una serie de resoluciones, que el Estado tomó fondos de la Anses en casi u$s 2.700 millones en las últimas semanas del año pasado para cubrir gastos de caja. A cambio, el ente previsional cobrará una tasa de interés de 5% cuando la inflación oficial ronda el 10% y la no oficial está por encima del 25%, lo que constituye un rendimiento real negativo. Así es como el dinero de los jubilados cada vez tiene menos valor.


La Auditoría General de la Nación señaló, en su informe, que la Anses "no efectúa la liquidación de las sentencias", aun "estando intimado a hacerlo". Esto quiere decir, que "se le da lugar a la parte actora -el demandante-" para que determine cuánto dinero debe cobrar.

No obstante, si bien el ente previsional tiene la posibilidad de impugnar las liquidaciones hechas por los abogados de los jubilados, lo hace en "forma extemporánea". Estas situaciones, resumen los auditores, permiten que "el juzgado apruebe lo presentado por la parte actora".

"En la mayoría de los casos -afirma el organismo de control- no se cumplió la sentencia antes de los 120 días hábiles exigidos por la ley 24.463", y otros superan el año sin haber recibido lo demandado. De hecho, cuando se liquidaron las sentencias, "no se efectuaron las notificaciones al juzgado", lo que provoca que "la Justicia intime a la Anses para que determine el dinero a pagar y da lugar a que la parte actora efectúe la misma, en general, por montos superiores".

El informe de la auditoría, aprobado el año pasado sobre datos del período 2006 a 2007 y con las tareas de campo efectuadas en 2009, dijo por último que, en relación con la apelación de sentencias, tampoco se aplica un criterio homogéneo porque "en algunos casos el organismo apela y en otros similares no lo hace".


La Anses informó ayer el calendario de pago de la ayuda escolar anual correspondiente al ciclo lectivo 2011, que alcanza aproximadamente a 3,6 millones de alumnos.

El organismo indicó que la ayuda escolar se pagará a todos los trabajadores en relación de dependencia de empresas incorporadas al Sistema Unico de Asignaciones Familiares (SUAF) que tengan derecho al cobro de la asignación por hijo. También la percibirán los beneficiarios de ART, de la prestación por desempleo, jubilados y pensionados.

El organismo detalló que el monto general de la asignación familiar es de $ 170, y puntualizó que "varía en el caso de los trabajadores en relación de dependencia que desarrollan actividad en zonas diferenciales". El tope salarial máximo para cobrar esta asignación es de $ 4.800. Asimismo, recordó que no existe tope salarial en el caso de hijos con discapacidad. El esquema de pagos es el siguiente:

Trabajadores de empresas incorporadas a SUAF: en los meses de marzo y abril.

Beneficiarios de la prestación por desempleo: con la cuota correspondiente a febrero.

La Anses explicó que "el cobro de la asignación será automático, sin necesidad de presentar el certificado escolar, para todos aquellos trabajadores de empresas incorporadas a SUAF, los jubilados, pensionados, y beneficiarios de la prestación por desempleo cuyos hijos tengan entre 5 y 17 años".