Publicado: 21-09-09

El grupo Clarín no sólo cesanteó en forma directa o indirecta a 700 trabajadores, violando lo estipulado en el pliego licitatorio una vez que el Estado le entregó la emisora. Además, se benefició en una suma cercana a los 7 millones de dólares", asegura José María Carbonelli, ex delegado del personal de esa señal.

El grupo Clarín no sólo cesanteó en forma directa o indirecta a 700 trabajadores, violando lo estipulado en el pliego licitatorio una vez que el Estado le entregó la emisora. Además, se benefició en una suma cercana a los 7 millones de dólares", asegura José María Carbonelli, ex delegado del personal del Canal 13. Su denuncia, presentada ante la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, apunta directamente a los ex funcionarios menemistas Jorge Rachid, Raúl Granillo Ocampo, Raúl Otero y León Guinzburg, piezas fundamentales del armado. Pero también roza a Ernestina Herrara de Noble y Héctor Magnetto.

"La comisión evaluadora que integraban Rachid, Otero, Granillo Ocampo y Guinzburg desestimó en primera instancia las ofertas presentadas por los otros tres oferentes, lo que les impidió mejorar sus respectivas propuestas. Esa jugada le permitió a Artear ganar la licitación pagando 5.581.395 dólares", explica Carbonelli. Una adjudicación que apenas superó en un 7,1% el valor de base fijado. Un monto que contrasta con los 8.139.534 dólares que pagó Telefé para ganarle la puja en segunda instancia a Tevemac ?del grupo Macri? por el Canal 11, suma superior en un 111,6% al piso estipulado en los pliegos del concurso.

"La bondad menemista llegó al punto de entregarles en comodato gratuito por cinco años la utilización de los bienes muebles a las empresas adjudicatarias. En el caso del Canal 13, a valores actuales, el monto por los alquileres rondaría el millón de dólares", precisa Carbonelli. Sin embargo, las irregularidades no terminan allí. Apoyado en el dictamen que en su momento emitió el Superior Tribunal de Cuentas de la Nación, Carbonelli recuerda que la comisión evaluadora asignó a los oferentes puntajes en el momento de analizar las propuestas, y no antes como lo requieren las normas.

Ni siquiera las tasaciones de los activos de las emisoras privatizadas tuvieron la claridad que requieren los actos del Estado. En los hechos, fueron practicadas por el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo y, como en el caso del patrimonio fílmico, se concretaron "sin consideraciones de orden técnico", como destacó en su momento el Superior Tribunal de Cuentas. "Ahora que el Congreso discute una nueva ley de radiodifusión, espero que se haga justicia para que nunca más el monopolio Clarín avasalle los derechos de los demás con el poder que le confiere la concentración de medios", afirma Carbonelli.