Créditos CRECE: una "rifa" de los aportes privados

El informe del Tribunal de Cuentas vinculado con el otorgamiento y seguimiento de los créditos CRECE revela un total descontrol del Estado. El faltante de más de treinta millones que debían destinarse a la producción es solamente la consecuencia de una asignación discrecional, sin garantías y a sola firma en la mayoría de los casos. No hay registro de cuánto aportaron los funcionarios y trabajadores de sus salarios en nueve dependencias del gobierno, que no respondieron a la requisitoria del organismo. Entre el monto de recaudación total informado por Rentas y el registro del sistema SIGA hay una diferencia de dos millones. Ni el Banco, como agente financiero, tiene información actualizada. La Justicia iniciaría una investigación penal independiente de la causa madre para un caso en particular: la entrega de un millón y medio de pesos a una aerolínea regional y tampoco acreditó garantías. El ARI es en parte heredero y en parte responsable de la desaparición del dinero que aportaron el sector privado y los trabajadores públicos. Ríos nunca accionó frente a las irregularidades.

Río Grande.- Entre 75 y 77 millones se habrían recaudado, como mínimo, de los aportes impositivos del sector privado, funcionarios y trabajadores públicos para el "Fondo Social de Reactivación Productiva" creado en la ley de presupuesto 2004.

La cifra no es certera porque, entre el registro de Rentas y el cruce con el sistema SIGA, aparecen dos millones de diferencia y, además, solamente cinco dependencias del Estado respondieron sobre los montos retenidos a los salarios y dietas, mientras que nueve siguen sin informar.

Esta situación está claramente planteada en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la operatoria CRECE, que sin dar demasiados detalles algunos legisladores de la oposición calificaran de "lapidarios" mientras el gobierno arista se llamó a silencio.

El trabajo del Tribunal fue realizado a pedido del juzgado de instrucción donde tramita la causa penal iniciada por la legisladora Virginia López sobre el final de la gestión anterior, cuando debió reemplazar en la Cámara al desaparecido Raúl Ruiz.

Luego, y ante el reclamo de emprendedores que esperaban libramientos que nunca se hicieron, más la modificación de la conformación de la comisión de seguimiento legislativo a poco de asumir el ARI, los legisladores Roberto Frate, Ricardo Wilder y Luis Velázquez, iniciaron otra acción penal por la sospecha del uso de los fondos para el pago de salarios.

El informe del Tribunal menciona una cifra superior a los 30 millones como faltante de la cuenta especial de los CRECE, declarados por ley como "intangibles e inembargables", y ya ni siquiera está la cuenta en el Banco Tierra del Fuego.

Pero eso no es todo: en el detalle y el muestreo de casos, se observa que, de los 50 millones entregados en préstamos, más de la mitad se hizo a sola firma y sin garantías.

Los principales responsables de la aprobación de estos créditos fueron funcionarios coccaristas y, en particular, quien encabezaba la secretaría de la Producción, el licenciado Alejandro García. 

La primera etapa de una historia familiar en la provincia, la entrega de préstamos a amigos del poder con un antecedente en los PRODEFU de la gestión Estabillo. Podría decirse que en cierto modo forma parte de la herencia; pero la desaparición de los fondos o su no restitución como marca la ley es clara responsabilidad de la gestión Ríos, que directamente no entregó un centavo para producción, aun cuando existían varias carpetas aprobadas.

El Tribunal de Cuentas solicitó a la secretaría contable la última actualización del estado de los fondos CRECE con fecha 30 de marzo de este año, por lo cual las conclusiones se remontan al estado de situación al 31 de ese mismo mes.

El contador Emilio May, a cargo del área interna del organismo, plantea una "administración deficiente", el "incumplimiento de las pautas generales de otorgamiento de los créditos" y en general "un manejo sin controles".

Ante el retaceo de información por parte del Banco Tierra del Fuego, designado como agente financiero de la operatoria, considera "ilógico e irrazonable" que no pueda informar el estado de la cuenta. Recuerda que se solicitaron informes el 31 de diciembre del 2008 y que el Banco contestó recién el 5 de marzo de este año que no tenía la información y necesitaba de cuanto menos treinta días para reunirla, aunque sin garantizar que pudiera hacerlo porque dependía "de la disponibilidad efectiva del personal necesario".

La limitación, cuando no impedimento del acceso a la información a un organismo de control queda también certificada, y es "mérito" insoslayable de la gestión arista. Los mismos que ahora pusieron excusas y trabas, eran parte del sector que promovió en la Legislatura una ley de acceso a fines de 2004, pero cuando estaban del lado de la oposición.

La secretaría contable del Tribunal recomienda la comunicación a la gobernadora y al Ministerio de Economía de esta situación, señalándolos como responsables en tanto de ellos depende tanto la Secretaría de Promoción y Política Fiscal como el Banco de la Provincia, "a fin de que se adopten las medidas pertinentes para que esta situación se subsane a la mayor brevedad posible; permitiendo de esta forma un manejo más racional y real de la operatoria de los CRECE", señala.

Finalmente recomienda notificar de las conclusiones de la investigación a la ex legisladora Virginia López, "en su carácter de denunciante" y por supuesto remitir copia al Poder Judicial que realizó el requerimiento.

Entre las conclusiones del informe resaltan los siguientes puntos:

1) No se restituyeron los fondos embargados por la Municipalidad de Río Grande por más de ocho millones, antes de que se declarara la intangibilidad. En el decreto reglamentario de la ley se dispuso la devolución de $8.243.128,75 a la cuenta especial en 36 cuotas de $228.975,80. La primera venció el 1° de enero de 2008, en pleno mandato de Ríos, y nunca se pagó.

2) La administración del programa fue "muy deficitaria" tanto en la forma de registro de los montos ingresados como en todas las erogaciones realizadas. Según disposiciones del decreto 2780/06 la Administración Central debía llevar un registro del Programa y enviar, a través de la Contaduría General, la rendición de cuentas al Tribunal, en forma mensual y con su correspondiente publicación en boletín oficial. A la fecha, ni Cóccaro que dictó el decreto, ni Ríos que lo sucedió en el cargo, cumplieron con la norma.

3) No se cumplieron los procedimientos fijados por resolución del ministerio de la Producción "ya que se otorgaron créditos sin garantía, tanto prendarias como hipotecarias, a beneficiarios inhibidos, motivo de exclusión del programa".

4) Se otorgó un crédito y posterior ampliación (verificada y autorizada por Alejandro García), sin garantía, por un millón primero y 500 mil pesos después, "a la empresa DOS MIL AERO SISTEMA S.A. bajo el expediente 13903-ME-06, el cual a pesar de la situación económica financiera de la empresa, y de la abstención de opinión de las auditorías de sus balances se continuó con la tramitación y al día de la revisión del expediente continuaba sin la constitución de la garantía. Se recomienda una investigación por cuenta separada del caso mencionado para la determinación de responsabilidades atento que en particular la justicia es quien se está ocupando de su cobro", señala textualmente el informe.

5) Respecto de las modificaciones por ley a la integración de la comisión de seguimiento legislativo, realizada en sesión en abril de 2008 (cuando todavía Carlos Bassanetti presidía la Cámara), indica que nunca se reglamentó el funcionamiento ni se observa seguimiento ninguno.

6) Tampoco hay registro del progreso económico, ni informes de flujo de fondos, resultados obtenidos ni generación de mano de obra con estos emprendimientos. No se verificaron las registraciones contables obligatorias tales como Libros IVA Compras e IVA Ventas, ni el detalle de personal incorporado que era uno de los requisitos del programa.

Cabe indicar que el expediente de la secretaría contable del Tribunal de Cuentas se compone de 668 fojas distribuidas en cuatro cuerpos, donde se analizan algunas empresas beneficiarias de la operatoria, y fue presentado en febrero de 2009, con una actualización a abril de este año.

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Para Raimbault los CRECE eran "un fracaso" porque sobraban fondos para producción

Palabras, tan sólo palabras

Los diarios de sesiones, esa fuente oficial consultada últimamente con frecuencia cuando se intenta dilucidar las contradicciones del gobierno, registra la opinión del legislador Manuel Raimbault sobre la operatoria CRECE, cuando ocupaba una banca de oposición.

En la sesión ordinaria del 29 de marzo de 2007, y tras el embargo de la Municipalidad de Río Grande por deudas de coparticipación sobre la cuenta especial, los legisladores Roberto Frate y Raúl Ruiz ?entonces miembros de la comisión de seguimiento legislativo- impulsaron la modificación de la ley para declarar intangibles a esos fondos.

Frate destacó que ese dinero "resulta de una contribución realizada por el sector privado, los comerciantes, empleados públicos y funcionarios" y que el fondo "tiene un destino específico que son la reactivación y producción de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). No obstante, ha tenido embargos de las municipalidades, desvirtuándose el destino para el que fue creado. El Ejecutivo usa ese dinero para cubrir deudas que tiene con las municipalidades y, de esta manera, se desmerece la posibilidad de que sea destinado a quienes realmente los necesitan.

Por ese motivo, consideramos que el Ejecutivo no debe usar estos fondos para cubrir sus deudas y vamos a solicitar el acompañamiento de nuestros pares para poder determinar la inembargabilidad de estos fondos y que su destino sea para lo que fueron creados", dijo en sesión, defendiendo un proyecto que se aprobó por mayoría.

Sin embargo el ARI se opuso -el mismo ARI que votó en 2008 el cambio en la comisión de seguimiento-, pero no por el programa en sí, sino por considerar "un fracaso" que se tuviera que recurrir al aporte de privados para financiar proyectos productivos, cuando el presupuesto de la provincia superaba los 1.700 millones.

Ahora supera los dos mil, y de este lado de la valla el crítico legislador no ha dicho una palabra sobre la reafirmación del fracaso que, en todo caso, constituye que Ríos no haya podido destinar ya no un centavo a la producción, sino tampoco a obras de infraestructura esenciales.

Quizás con aquella argumentación y negativa, veladamente Raimbault avaló el desvío de fondos que más tarde implementaría la mandataria arista.

Recordemos sus palabras: "Si nosotros tenemos que poner impuestos al consumo o impuestos al salario con un presupuesto de mil setecientos millones de pesos para aplicar a políticas activas de pequeña y mediana empresa, en realidad, esa es la concesión del fracaso. Con mil setecientos millones de pesos no pudimos destinar un solo peso para las políticas activas. Le tuvimos que sacar dinero a los empleados públicos o a los comerciantes para hacer lo que el Estado no puede hacer.

Entonces, me parece que en esa conceptualización de los fondos CRECE, como es el reconocimiento a un fracaso, también tiene que ser revisada", señaló Raimbault.

Y avanzó diciendo que el gobierno en ejercicio entonces, "creó casi una especie de banco paralelo o banco provincial con determinadas condiciones y tasas" y que con el alto ingreso provincial (menor que el actual aun cuando ya se había cumplido con el Megapase) "no pudimos discutir cómo aplicar a pequeñas y medianas empresas semejante masa (presupuestaria) de dinero, no pudimos discutir cómo hacíamos políticas serias en cuestiones económicas; la verdad es que, como mínimo, si le vamos a poner un reparo y un corralito de protección a los fondos CRECE, nosotros queremos empezar a discutir para qué están sirviendo los fondos CRECE; y cómo hacemos para reconocer qué gran fracaso tuvimos en Tierra del Fuego, para que lo que era excepcional, lo que tenía que terminar rápido, el impuesto al consumo, el impuesto al salario, ahora se haya convertido en permanente, aplaudido y encima protegido", fustigó.

Meses después el ARI oficialista insiste en gravar el consumo con una tarifaria que todavía no termina de acordarse con la oposición y, de aquellos criticados fondos, sólo queda el rastro de la desaparición y la oportunidad de la Justicia de encontrar a los responsables.