Buenos Aires.- El Gobierno Nacional resolvió incorporar al Plan Argentina Trabaja a unos 3.000 nuevos beneficiarios por mes, pertenecientes a grupos sociales opositores, con la intención de desactivar las protestas y acampes callejeros.

También fomentará la creación de una fiscalía especial que dependerá del Ministerio Público e investigará las denuncias por presuntas irregularidades y clientelismo político en ese programa, realizadas por grupos piqueteros antikirchneristas.

La estrategia del Ministerio de Desarrollo Social apunta a desactivar la protesta callejera y comenzar a capacitar y a pagar los 1.200 pesos mensuales que le corresponden a los beneficiarios del plan.

Según los últimos datos brindados de manera oficial, el programa de empleo alcanza a más de 40 municipios del Conurbano Bonaerense y emplea a unos 80 mil cooperativistas.

Tras siete meses de idas y venidas, el Gobierno Nacional acordó incorporar 750 piqueteros opositores que cada semana comenzarán a capacitarse, lo que implicará un presupuesto global de unos 3.600.000 de pesos por mes sólo para este sector.

El encargado de realizar este acuerdo es Sergio Berni, un ex militar y médico cirujano que acompaña desde sus inicios a la Presidenta de la Nación y que hace pocas semanas fue ascendido a secretario de Gestión y Articulación Institucional, el segundo cargo en relevancia dentro del Ministerio de Desarrollo Social.

Más de 10 mil personas

"No cambió nada, aunque hablando las cosas se arreglan", explicó Berni, quien prometió la inclusión a la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Polo Obrero, el MST-Teresa Vive, el Bloque Piquetero Nacional y el CUBA-MTR, entre otras agrupaciones.

Los beneficiados serían personas que ya están inscriptas por cobrar algún plan social y actualmente figuran como "observados" por el Ministerio de Desarrollo Social.

Sin embargo, este grupo sería de más de diez mil personas, lo que retrasaría varios meses la inclusión.

En principio, los destinatarios de los planes deben ser personas sin ingresos en el grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacional, ni planes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales.

El mayor porcentaje de beneficiarios corresponde al Conurbano de la provincia de Buenos Aires, aunque también hay en Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Hasta el momento los controles correspondían a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) -que el próximo mes terminará la primera auditoría- y a los Tribunales de Cuentas provinciales.

Fiscalía especial

Pero el Gobierno Nacional tiene pensado crear en lo inmediato una fiscalía especial de investigaciones que funcionaría bajo la órbita del Ministerio Público, donde se recibirían las denuncias por irregularidades específicas del Plan Argentina Trabaja.

Además, el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, adelantó que este año hará una auditoría al Plan de Empleo porque "hubo muchas quejas sobre la falta de información y sospechas sobre la falta de transparencia".