Al cierre de esta edición, Perú era el sexto país con más contagios de coronavirus en el mundo y uno de los más golpeados de Latinoamérica, con 255 mil casos confirmados y más de 8 mil muertes. En ese marco, el Gobierno ya destinó el equivalente en soles a 2.526 millones de dólares para afrontar la pandemia y, a la vez, sancionó una ley que permite a la Contraloría General, un equivalente a la AGN argentina, a hacer control en tiempo real sobre la ejecución de esos fondos.

En rigor, la potestad del organismo de hacer lo que se llama control concomitante ya estaba prevista en la ley 27785 (para seguir con las comparaciones, un equivalente a la Ley de Administración Financiera argentina). Ese texto decía que las fiscalizaciones “podrán ser preventivas o simultáneas cuando se determine taxativamente por normativa expresa sin que, en ningún caso, conlleve injerencia en los procesos de dirección o gerencia” de las gestiones.

Justamente, esa normativa expresa se promulgó a principios de abril, amparada en la “emergencia sanitaria por el Covid-19”. Así, el ente quedó facultado a controlar todas las áreas estatales que reciban recursos públicos para luchar contra la pandemia, sobre todo en lo relacionado a la adquisición de bienes.

El monitor

Además de esta adaptación normativa, la Contraloría presentó un sitio web con detalles de su tarea: allí puede observarse por ejemplo que, hasta el lunes 22 de junio, se llevaban ejecutados algo más de 5.800 millones de soles sobre un total asignado a la lucha contra el coronavirus de 8.970 millones.

El ente también reconoce haber hecho más de 6 mil informes, entre las llamadas visitas de control, fiscalizaciones concurrentes y orientaciones de oficio, que incluyeron un examen previo, vinculado a una operación de endeudamiento tomado por la Administración nacional.

Las irregularidades

Por otra parte, esta herramienta reveló que más de 4 mil funcionarios y servidores públicos recibieron canastas básicas con víveres que la Nación le había enviado a familias vulnerables.

El desagregado de la información llega a tal nivel de detalle que incluso discrimina entre los sueldos de los que se beneficiaron con la práctica y a qué jurisdicciones pertenecen.

El hallazgo, en tanto, causó revuelo en la opinión pública peruana y la Contraloría se comprometió a entregar los datos al Ministerio Público.

Los 653 actos ilícitos

Más allá del monitor de la Contraloría, otras irregularidades también fueron descubiertas en medio de la pandemia.

Según un relevamiento regional publicado esta semana, la Fiscalía Anticorrupción de Perú “tenía identificados 653 presuntos actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos” en los últimos tres meses.

De esos casos, el “más significativo” fue el “escándalo por la compra de materiales en el seno de la Policía Nacional, que le costó el cargo al Ministro del Interior y a todo el alto mando del cuerpo de Seguridad”. Se trató de la adquisición de desinfectante diluido y tapabocas “defectuosos” para los agentes de Policía.

Según el propio Gobierno, más de 11 mil uniformados se contagiaron y 200 murieron de coronavirus, lo que obligó a cerrar varias comisarías para evitar nuevos brotes.