El Tribunal de Cuentas detectó hace unos meses un fraude que compromete a distintos funcionarios de Vialidad, entre ellos, a su director Oscar Sandes y a la responsable de Recursos Humanos, Corina Gallardo. También aparecen involucrados la tesorera Miriam Herrera y Jaime Obrador, quien murió a fines de 2019.

De hecho, a la espera del examen de cuenta, el organismo de control provincial publicó un acuerdo que señala que "en caso de fallecimiento de un funcionario obligado a rendir la cuenta debe cumplir dicho deber público sus causahabientes". Incluso, sus herederos podrían ser obligados a devolver el dinero que su padre utilizó de forma indebida.

¿Qué pasó? Se detectaron facturas adulteradas con el objetivo de quedarse con el dinero de la caja chica. Corresponden a vacaciones y viajes personales. Hay tickets fiscales de desayunos, almuerzos, cenas y estadías en San Bernardo y Pehuajó. Si bien desde el Tribunal aclaran que están en proceso de investigación, los montos desviados irían desde los dos a los cinco millones de pesos.

El Acuerdo del Tribunal mendocino fue publicado el 18 de diciembre.

En diálogo con El Auditor.info, el secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales, Claudio Díaz, reveló que esa área “se deslindó de las responsabilidades”. El gremialista aseguró que “el director le echa la culpa a sus empleados sosteniendo que le falsificaron la firma”.

En ese sentido, también comentó que Sandes quiere que realicen una auditoría externa para que investigue la situación. “No puede contratar a alguien para que lo audite a él mismo. En la provincia está el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Investigaciones y Ética Pública, que ya lo había denunciado en 2016 por sobresueldos en la Secretaría Privada”, amplió el titular del gremio que será querellante en la causa penal.

Por último, Díaz confirmó que la cuestión está “totalmente probada”. “Están las facturas firmadas y los tickets fiscales con los detalles de los pedidos”, sentenció.    

Ahora bien, ¿cómo sigue el caso? Los expedientes están en revisión a la espera de que los responsables contesten y es inminente el fallo del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios 2018 y 2019. Una vez que eso ocurra, todo indica que les exigirán a los empleados que reintegren el dinero que sustrajeron de forma indebida.