En el salón Eva Perón de la Legislatura porteña se realizó  la Jornada Preparatoria de Organismos de Control y Poder Judicial: A 20 años de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. El evento fue coordinado por las diputadas Paula Oliveto (Coalición Cívica) y María Rosa Muiños (Frente para la Victoria) y participaron distintos representantes de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSP) y de la Defensoría del Pueblo.

Una de las organizadoras, Paula Oliveto, exigió que los organismos de control puedan desplegar todo el poder que la Constitución les dio al momento de pensarlos. Es una necesidad que el presupuesto cuente con una afectación específica para los organismos de la Constitución que controlan al Ejecutivo y a otras dependencias del Estado, entendió la Diputada.

Además, Oliveto se refirió al problema que genera la falta de respuesta de los funcionarios a los pedidos de información realizados por los organismos de control. Es un problema que la Procuración de la Ciudad no tiene competencias para perseguir a los funcionarios que incumplen en cuanto a la remisión de la información, analizó y aseguró: Creo que se podría trabajar en conjunto con la Justicia.

Por otro lado, mencionó un tema presente en cada debate sobre la actividad del control: los informes ex-post. A veces el trabajo de los auditores es tan ex-post que no permite tomar medidas correctivas; me parece que es una cuenta pendiente reformar el procedimiento.

En sintonía con los conceptos volcados por Oliveto, el Auditor General de la Ciudad, Facundo del Gaiso, afirmó que sin herramientas sancionatorias no se puede generar un buen control ex-post y las auditorías terminan siendo más formales que reales. Hay que darle algunas facultades sancionatorias a la AGCBA para que tenga sentido ese control, reclamó Del Gaiso y fue más allá: En algunos hechos concretos necesitamos la posibilidad de hacer controles concomitantes.

El control concomitante es una cuestión para empezar a trabajar porque hace a la salud de las gestiones. Evitaría muchas trabas y daría más transparencia. Habría menos cuestionamientos a las obras si la Auditoría trabaja al mismo tiempo en los procesos licitatorios y de obra, continuó el Auditor General.

Por otro lado, Alejandro Fernández, quien también integra el colegio de Auditores de la AGCBA, se refirió a la reticencia de los organismos de todos los poderes en el envío de la información. Si bien no coincidió en que haya una sanción como pidió Oliveto, sí sostuvo que debería haber un compromiso muy fuerte por parte de los tres poderes para responder los pedidos.

Por último, Fernández, que si bien consideró que la concomitancia sería dificultosa de llevar a cabo, pidió pensar a la Auditoria como una ayuda en la gestión de la cosa pública para que el funcionario utilice bien los recursos humanos y financieros. El organismo de control debería ser un último escalón en la evaluación de políticas públicas, concluyó.