A partir de una nota del periódico colombiano El Espectador, la semana pasada El Auditor.info publicó que para la Contraloría General de ese país la explotación ilícita minera de oro, arena y arcilla causa un elevado impacto negativo sobre el medio ambiente. Pero el informe del organismo va más allá y explica cómo se inició esta práctica, qué rol tiene el estado, qué porcentaje de la actividad se desarrolla de manera ilegítima y qué consecuencias traen esos trabajos, entre otras cuestiones

Pese a los esfuerzos estatales para la legalización de esta actividad, el último balance presentado por el Ministerio de Minas y Energías deja expuesto que “hasta abril de 2010, en ocho años se legalizaron 158 minas a un costo de  U$S 7.208.934”. La efectividad del programa “es tan solo del 3,7%”.

Pero, la Contraloría deja entrever que el intento de eliminar definitivamente la actividad minera ilegal es tibio al afirmar que “hacen falta acciones reales y contundentes, materializadas con el cierre de minas”.

Ahora, ¿cómo se origina esta explotación ilícita en Colombia? El organismo de control afirma que “la política está diseñada para que en el marco de la legalidad subsistan solo las empresas fuertes”. Es que “la igualdad de derechos y obligaciones entre inversores nacionales y extranjeros, la política de incentivos tributarios (como la excepción del pago de IVA) a las grandes empresas y el establecimiento de concesiones por 30 años”, fueron el caldo de cultivo perfecto para “convertir este negocio en privado y para que el éxito esté asegurado únicamente para el empresario con mayor fortaleza económica”.

El informe también hace hincapié en que “las zonas mineras se sienten abandonadas por el Estado” y que esta situación “genera un ambiente propicio para ilegalidad”. Es en este vacío estatal donde “ingresan rápida y fácilmente los grupos al margen de la ley que otorgan permisos, cobran impuestos, imponen a su manera un orden social, sancionan y condenan con la fuerza de las armas y en total impunidad al margen de la Constitución y cualquier legislación”. Una especie de estado paralelo.

A esta alarmante realidad se suma que “los altos retornos de la minería hacen que aparezcan grupos armados que pretendan captar la renta de la producción del oro”.

Colombia desconoció durante años el grado de ilegalidad existente en la materia: mientras los estudios estatales daban un porcentaje de 36 puntos, la Organización Internacional del Trabajo estimaba para el mismo período un 70%. El último Censo Minero realizado por el Ministerio de Minas y Energías arrojó que la ilegalidad minera en ese país estaría cerca del 63% y destaca que la mayor concentración explotación fuera de la ley se da en unidades pequeñas.

Río Dagua

El informe especial se detiene en el análisis de dos asentamientos. Sobre el que está en el municipio de Buenaventura, cerca de la cuenca del Río Dagua, afirma que “la explotación ilegal de oro vive un proceso de expansión acelerada a partir de 2008”. Para los auditores “el componente étnico, en un 88% afro colombianos, se convierte aquí en un factor fundamental, por la ausencia de programas sociales dirigidos a esta población”. Como si fuera poco no solo se suma que las mujeres que se dedican a la minería artesanal son “potenciales víctimas de abusos sexuales” sino también la existencia de “un aumento considerable en los niveles de violencia que actualmente cuentan con la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

En esta zona, los daños ambientales van desde la contaminación de aguas superficiales hasta la afectación del suelo por la remoción de vegetales y materiales orgánicos, problemas con la agricultura, destrucción de la flora y la fauna.

Río San Juan

A orillas de este río en el departamento del Chocó, “la ilegalidad en la explotación minera existe desde los años 80, por lo que en la actualidad hay importantes niveles de adaptación a la informalidad y  a los mercados no regulados”. Es que, según la Contraloría, “cualquiera que tenga necesidades básicas insatisfechas puede vincularse a este oficio ilegal para sobrevivir”.

En esta zona el ente de control también hizo un relevamiento sobre los problemas medioambientales que derivan de esta actividad ilegal. Se destacan la contaminación de fuentes hídricas, la emisión de gases contaminantes, la destrucción de bosques por tala indiscriminada y la pérdida de flora y fauna.