Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el conjunto de merluzas en condiciones de reproducirse en aguas argentinas “se encuentra en niveles críticos, lo que indica que la explotación del recurso no es sustentable”.

El organismo de control analizó la labor de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SAPYA) y detectó que “las decisiones sobre cupos de captura no respetan recomendaciones del organismo técnico”, en referencia al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La AGN ya había detectado irregularidades en sus anteriores auditorías (una aprobada en 2002 y otra, de seguimiento, en 2008). En este nuevo informe se precisa que, de aquellas recomendaciones, la mayoría fue parcialmente subsanada. No obstante, algunos de los problemas antes observados “se han profundizado y el sistema de fiscalización y control presenta inconsistencias en varios puntos”.

Con el fin de “evitar excesos de explotación y asegurar su conservación a largo plazo”, el organismo de control identifica dos indicadores “claves para la gestión sustentable de las pesquerías”: la captura biológicamente aceptable –CBA-, que anualmente estima el INIDEP, y el indicador de captura máxima permisible –CMP- que debe tener en cuenta los valores del CBA.

Según el informe, “no se ha logrado que la captura máxima permisible se ajuste a la captura biológica aceptable recomendada por el INIDEP”. De hecho, el organismo resalta que ya desde el año 2000, “la biomasa reproductiva se mantiene un 40% por debajo del nivel crítico mínimo”, estimado en 130 mil toneladas. Y es que, con excepción de 2008, “la administración pesquera ha establecido capturas mayores a las recomendadas por las investigaciones científicas”.

Al respecto, la AGN concluye que se necesita reducir urgentemente la presión de pesca de merluza, “para recuperar la biomasa total y reproductiva, y evitar el colapso en plazos relativamente cortos”. Para ello considera “necesario implementar un plan de recuperación de los stocks de merluza que contemple las recomendaciones formuladas por el INIDEP y un plan de control y monitoreo efectivo de la pesquería”.

Por si fuera poco, la investigación agrega que las dificultades internas del INIDEP “afectaron la calidad de datos científicos en los que se basa la estimación de la captura biológicamente aceptable”.

Informes

La Auditoría añadió que “en los últimos años existió un significativo retraso de entrega” de los informes del INIDEP. Por ejemplo, en 2006, el trabajo de la entidad no fue publicado y en 2008 se publicó 4 meses después.

En los informes anteriores, la AGN había detectado “retrasos entre la fecha de la supuesta infracción hasta la intimación formal (a) la empresa armadora responsable del buque” y que el procedimiento sumarial era extenso y “no eficiente”. En la última auditoría se tomó una muestra de 170 expedientes sumariales y detectaron que en uno de cada cuatro casos el supuesto infractor no fue sido notificado, y que el 45% se comunicó dentro de los seis meses de iniciado el expediente, por lo que los auditores concluyen que el proceso continúa siendo largo, con una “duración aproximada de 745 días”.

Por otro lado, la Auditoría observó que “desde que se constata una infracción hasta la resolución del expediente” solo el 4,4% fue resuelto dentro de los seis meses y el 53,6% aún no se había resuelto.

La AGN señala que “la aplicación de sanciones a las empresas armadoras infractoras sigue siendo poco efectiva”: de los casi $ 72 millones de sanciones durante el periodo auditado, solamente fue cobrado el 18,5%.

Control a bordo

La Auditoría ya había señalado que los informes de los inspectores que se subían a los buques presentaban varias irregularidades, ya que “no labraban el acta correspondiente y falseaban el registro de pesca responsable”, invalidando así el informe del inspector como prueba. Ante ello, la AGN considera “evidente la necesidad de realizar un exhaustivo seguimiento de la actuación de los inspectores a fin de sancionar a los que actúen de mala fe o no cumplan debidamente con sus funciones”.

Malos Tratos

El organismo detectó “problemas respecto del pago a los inspectores, ya que cobran con retraso de hasta 2 meses”, y que las denuncias realizadas por los propios inspectores por malos tratos recibidos a bordo “no tienen una respuesta institucional formal, excepto la de evitar que ese inspector vuelva a embarcar en el mismo buque o con la misma empresa”.