Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) muestra “inconsistencias de criterio” para determinar cuántos son los inmuebles que debe controlar, lo que equivale a decir que no sabe cuál es su propio campo de acción. 

¿Cómo se llegó a esta conclusión? En primer lugar, la investigación indicó que la AABE había contado a diciembre de 2015 unos 185 organismos nacionales, cada uno con sus propiedades, pero dejó fuera de su órbita a los terrenos de YPF y Aerolíneas Argentinas, “que integran el sector público según el artículo 8 de la Ley 24.156”, remarcó la AGN.

Además, el ente de control observó que la Administración de Bienes “no instó a los organismos a cumplir el deber de informar” la existencia de inmuebles que son propiedad del Estado nacional. 

Entes del Sector Público Nacional (SPN) que debían informar inmuebles bajo su órbita.

Así, los auditores descubrieron que, de la muestra inicial de 185 organismos, 38 no declararon cuántos terrenos figuraban bajo su órbita, una obligación establecida en el Decreto 1.382, aprobado en 2012, con el que se creó la AABE (ver El antecedente). 

Entre los incumplidores figuran la Jefatura de Gabinete, la Entidad Binacional Yacyretá, el Correo Oficial, el Instituto de Asuntos Indígenas y 21 universidades nacionales. 

Y, para completar, de los 116 entes que sí declararon poseer inmuebles, “54 no acompañaron la correspondiente documentación de respaldo”, y otra vez, la AABE no los exhortó a cumplir la normativa vigente. 

Cuatro chances

Por otra parte, la Auditoría alertó sobre un “escaso grado de avance en la validación de la información remitida por los organismos” del Estado nacional.

¿Qué significa? Puertas adentro, la AABE creó cuatro categorías para confirmar los datos que le llegan desde los entes públicos. Estos niveles miden de menor a mayor la intervención de la Administración. Por ejemplo, el 0 equivale a inmuebles declarados por organismos estatales que no son controlados por el llamado RENABE, que es el registro nacional de bienes; en el 1 ya entran en juego geo-referencias con plataformas como Google Earth; el nivel 2 incluye un informe técnico-dominial; y el 3 supone inspecciones in situ, es decir, visitas a los lugares. 

Así chequeaba la AABE la información que recibía de los organismos públicos.

En su investigación, la Auditoría concluyó que la AABE no controló el 62 por ciento de la información que recibe, y que visitó menos del 4 por ciento de los inmuebles declarados. 

El antecedente

El título de esta nota hace referencia al ente que precedió a la AABE. Se llamaba ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado) y, como la oficina actual, tampoco sabía cuántos inmuebles tenía que controlar. 

Según la Auditoría, este ente tenía “herramientas parciales, desintegradas y distorsionadas” para confeccionar un inventario de propiedades públicas.

A palabras de los técnicos, semejante nivel de “dispersión”, conspiró contra el objetivo de “cuantificar en unidades físicas y monetarias el universo de bienes” estatales, y les “imposibilitó emitir una opinión respecto de la confiabilidad” del organismo.

El ONABE fue disuelto por decreto en 2012 y reemplazado por la AABE.

Desde entonces, el ente en cuestión cumple la función de ser el órgano rector de la actividad inmobiliaria del Estado nacional.