Acuerdo con ortopedia generó un pedido de informe de Cruz

Publicado: 20-05-2010

 

Santa Cruz.- El año pasado, la Caja de Servicios Sociales (C.S.S.) suscribió un convenio a partir del 1º de Mayo con el Programa Asistir S. A. de Buenos Aires, para que brinde un servicio y cobertura de todos los implantes traumatológicos, neuroquirúrgicos y material de colocación interna para sus afiliados.

Esto motivó la presentación en Cámara de Diputados de un pedido de informes por parte del legislador radical Jorge Cruz, que solicita saber los motivos por los que se llevó adelante y si hubo una compulsa de precios con las casas locales para abastecer a la CSS.

El proyecto tomó estado parlamentario en la última sesión legislativa y ahora será discutido en la comisión de Acción Social, Derechos Humanos, Deportes, Salud Pública y Vivienda, que se reunirá el próximo miércoles 27 de mayo a las 14:00.

El proyecto solicita al Tribunal de Cuentas tome intervención de su competencia en los expedientes de la CSS, en cuyo marco se dictaron los decretos provinciales 2339/09, 3030/09 y 105/10, a fin de establecer la legalidad de dichos procedimientos administrativos.

El autor de la iniciativa recordó que durante un tiempo más que prudencial, "nuestros empresarios locales suministraron los insumos requeridos por la CSS, cada vez que se demandaba una prótesis o implante se realizaba un concurso de precios, erogando el Estado provincial aproximadamente $ 4.000.000 anuales, contra los $ 11.425.000 que deberá pagar a la firma Programas Asistir SA de la provincia de Buenos Aires". 

Cruz apuntó en un comunicado de prensa que "el CPN Diego Robles, por entonces interventor de la CSS y actual Ministro de Economía, el 4 de mayo de 2009 contrata a la firma, convenio que luego es observado como ilegal por el Tribunal de Cuentas".

Para el legislador, "lo que no se explicaba es si se practicaba una compulsa de oferentes locales para la compra de un solo elemento, por qué no se hizo un procedimiento de selección de proveedores, como por ejemplo una licitación pública, formalidad que exigen los artículos 25º y 26º de la Ley Provincial de Contabilidad número 760".

Cruz advirtió que esta contratación debió canalizarse por el procedimiento de licitación pública, atendiendo la importancia económica de la misma, que "supera ampliamente el tope para la licitación privada, fijada por la misma ley en $ 40.000". 

Dijo que "prestigiosos profesionales médicos de nuestra comunidad, mediante nota presentada ante la CSS el 28 de mayo de 2008, expresaban fundadas dudas respecto de la calidad de los insumos comprometidos por aquella empresa, así como señalaban la ausencia de personal técnico de la misma en nuestro medio, todo lo cual pone en riesgo la eficiencia de la labor profesional en la atención de los pacientes, y podría comprometer su responsabilidad ante eventuales casos de mala praxis por las desconocidas virtudes de los materiales a proveer por Programa Asistir SA".

El año pasado, abordado por este tema, el entonces Interventor de la obra social de la provincia, contador Diego Robles, dio a entender a TiempoSur que las casas locales tasan muy alto los productos. Asimismo, afirmó que con esta medida, la Caja se ahorraría 2 millones de pesos al año. 

"Hemos decidido, justificado precisamente por este ahorro y porque tenemos la certeza del gasto ya proyectado para el año de vigencia del contrato, aumentar la cobertura para todos estos tipos de implantes de origen extranjero al cien por cien, cuando hasta el último día de abril la cobertura era del 70 por ciento a cargo de la obra social y el 30 lo tenía que abonar el afiliado", resaltó en esa oportunidad.

El entonces titular del organismo explicó que hasta ese momento la provisión se realizaba a través de una compulsa o concurso de precios, dependiendo del tiempo que se podía esperar por la programación de la cirugía, con casas de ortopedias del medio o que estuvieran en condiciones de cotizar los implantes que pedían los médicos solicitantes.

A su vez, afirmó que esta resolución adoptada por la CSS no es única o novedosa. Al respecto, dijo que la vecina provincia de Chubut también avanzó en el mismo sentido en el mes de abril.

"No es casual que las dos obras sociales provinciales hayan tomado esta medida, justamente porque estábamos teniendo el mismo mix de proveedores y el mismo sobrecosto financiero para afrontar determinadas cuestiones", y añadió que también contaban con la imposibilidad de tener proveedores que ofrecieran el mismo servicio y a costo menor. 

"Con esto morigeramos la incidencia en la moneda extranjera que se puede llegar a proyectar ya que tenemos el costo fijo en base a la cantidad de afiliados de aquí hasta el fin de la vigencia de este convenio", y agregó que también "solucionamos la falta de provisión y reprogramación de cirugías, muchas veces por falta de materiales en fábricas; y también en el último año algunos importadores que han disminuido su provisión hacia el país de determinado tipo de prótesis".

Robles había aclarado que la CSS tiene en su Carta Orgánica en la Ley 364 - artículo 14, la facultad de realizar este tipo de convenios. "Con el asesoramiento de IOMA, la máxima obra social del país, hemos establecido contactos previamente a suscribir este convenio que consta en el expediente con otras casas, siempre pensando en una solución integral para todas las prestaciones de la obra social". "Mi responsabilidad, mientras esté en este cargo, no es pensar en intereses comerciales que puedan llegar a tener determinadas firmas, sino en el bienestar de 105 mil afiliados que tiene la obra social que creo que con esta medida se ven ampliamente beneficiados", había dicho.