Publicado: 4-12-2011  

Capital Federal.- La denuncia de la Coalición Cívica (CC) por supuestos sobreprecios de 268 millones de pesos en una obra de interconexión de energía eléctrica, que tuvo como principal repercusión mediática la salida del periodista Nelson Castro de su programa en Radio Del Plata, fue archivada por inexistencia de delito. La decisión fue adoptada por el juez federal Ariel Lijo y consentida por el fiscal Gerardo Pollicita, de modo tal que está firme. Un análisis económico contable realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) "determinó que no había elementos para poner en tela de juicio la razonabilidad de los costos de las obras". La investigación fue archivada porque "no se advierte la existencia de elementos de prueba suficientes para sostener una imputación penal". A principios de 2009, la denuncia de la CC disparó una conflictiva situación tras la cual Nelson Castro rescindió su contrato con Radio Del Plata, cuya propietaria es la empresa Electroingeniería, una de las denunciadas por aquel entonces por Elisa Carrió y, principalmente, Juan Carlos Morán.

El eje de imputación se centró en supuestos sobreprecios en la obra de interconexión del tramo Puerto Madryn-Pico Truncado. La denuncia de la Coalición Cívica hablaba de un 50%, ante lo cual el juez dispuso una auditoría por parte de la AGN para constatar si ello era cierto. La conclusión fue que "no surgen evidencias que permitan poner en duda la razonabilidad de los precios de las ofertas realizadas y contratos ejecutados por INTESAR SA (vinculada con Electroingeniería) a efectos de la construcción del tramo de la línea de alta tensión entre Puerto Madryn y Pico Truncado en el año 2005, en un mercado competitivo de acuerdo con la fecha y características de la obra mencionada". No obstante, un informe en minoría, firmado por los auditores Alejandro Nieva, Horacio Pernasetti y Leandro Despouy, consideró que "la oferta ganadora fue un 54,59% (más cara) y que debió la licitación de las obras de interconexión ser anulada." Entonces. Lijo desmenuzó el trabajo y observó que la única fuente consultada para la auditoría que consideró que existía un sobreprecio superior al 50% fue el ingeniero Jorge Lapeña, un ex funcionario radical que fue secretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Para el ingeniero Oscar Perrone, la variación fue del 6,7%; para la Universidad Tecnológica Nacional no existieron diferencias entre lo real y lo presupuestado, y para la Consultora Esin la diferencia de más fue del 9,17 por ciento. "Según la experiencia y la casuística en materia de aprobación de licitaciones públicas, sólo el desvío estimado por Lapeña excede el margen considerado razonable. De ahí la conclusión de que no surgen evidencias que permitan poner en duda la razonabilidad de los precios de las ofertas realizadas y los contratos ejecutados", señaló.

En febrero de 2009, en el marco de una causa impulsada por Carrió, Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias y Elsa Quiroz, entre otros, caratulada "Kirchner, Néstor y otros sobre asociación ilícita", el fiscal Pollicita promovió la investigación sobre seis puntos: desvío de dinero destinado a obras de interconexión eléctrica, la priorización de una obra entre Puerto Madryn y Pico Truncado en lugar de una en la región noroeste-nordeste, sobreprecios por 267.987.100 de pesos, incompatibilidades en la participación de Electroingeniería en las obras, irregularidades en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal y operaciones contables "extrañas al objeto social y a la finalidad establecida" por parte de una de las empresas encargadas de las obras.

Una por una, el juez Lijo fue descartando el resto de las hipótesis delictivas. Así, determinó que no hubo desvío de fondos, porque "quedó demostrado que lo obtenido del gravamen no tenía por fin la atención de los costos de las obras de interconexión de Santa Cruz sino la disminución del nivel de las tarifas de los usuarios finales del servicio de electricidad". Y subrayó también que la decisión de la Secretaría de Energía de concretar la interconexión entre Puerto Madryn y Pico Truncado era "relevante y necesaria", pese a que un informe técnico aconsejaba realizar primero otra en la región norte. En cuanto a una supuesta irregularidad en las funciones que asumió Electroingeniería, "no se verificó allí ninguna incompatibilidad penalmente relevante", dice el fallo. El juez no halló situaciones penalmente reprochables en el manejo del fondo fiduciario ni tampoco en la realización de "operaciones contables extrañas", ya que aun cuando hubieren existido, "las obras de interconexión no se vieron desfinanciadas a raíz de tales operaciones, lo que permitiría descartar que el dinero recibido fuera aplicado a una finalidad distinta de la prevista en el contrato".

Para el juez Lijo, los hechos denunciados por la Coalición Cívica "son cuestiones que sólo en algún caso se corresponden con irregularidades de corte administrativo susceptibles de ser regularizadas en aquel ámbito, sin que por el momento y con los elementos considerados permitan la continuación de la investigación".