Publicado: 12-09-2010
 
Tucumán.- El ministro de Salud Pública de la Provincia, Pablo Yedlin -un mimado del gobernador-, se bambolea en la cuerda floja. Con el paso del tiempo se ve cada vez más complicado por una defraudación, en grado de tentativa, cuando quiso cobrar $800.000 por un curso odontológico nunca dictado, por una fundación que no existe (Funsal). Aunque no hubo daño patrimonial al Estado, lo mismo es delito con pena de prisión. El Tribunal de Cuentas, al momento de abonar el dinero, advirtió las anomalías y frenó la operación, denunciándolas a través de la prensa. 

Sorprendió a todos

Por lo general, en maniobras que afectan a funcionarios del oficialismo, el ente guarda piadoso silencio. A su par nacional, Juan Manzur, no le va mejor por la denuncia de enriquecimiento ilícito. Ahora apareció un edificio de departamentos, en altura, cuya propiedad se adjudica a su esposa.

Los mal pensados barruntan que un misterioso personaje con polleras, desde las sombras, atiza la investigación que, en rigor, apunta más al ministro nacional del área, Juan Manzur. La pelea de fondo es por un apetecible sitio de poder, entre el funcionario y Beatriz Rojkés, esposa de Alperovich. Este optó por el ministro nacional de Salud como copiloto de fórmula en 2011 y a él se atribuye la creación de Funsal, antes de asumir en el gabinete de Cristina. Yedlin, en realidad, sería un perejil que paga platos rotos ajenos. 

Al constituirse, tomó la presidencia el dentista chileno Héctor Silva Olivares, amigo personal de Manzur. Integró Funsal con funcionarios de salud pública: Julio Walter Fernández Paz, Christian Guillermo Cúneo, Pedro Sisali y Luis Francisco Chincarini. Éstos, en sede judicial, declararon desconocer el dictado de los cursos para asistentes dentales. Lo más grave: negaron saber que Funsal presentó para su cobro facturas por $800.000, a impulso del ministro Yedlin. Dos de los integrantes desconocieron como propias las firmas asentadas en el acta de constitución de la entidad, creada sin fines de lucro, según dijeron. Paz y Sisali renunciaron a la fundación y advirtieron que nunca concurrieron a la Dirección de Personas Jurídicas a firmar el acta legal. 

La investigación avanza a paso de tortuga

Hasta ahora el principal imputado no fue citado por la Justicia. Por su rango debe declarar ante un juez. La fundación fue inscripta legalmente después de dar por iniciados los cursos supuestos. Se fijó como domicilio legal un departamento de esta ciudad, cuyo propietario es el jefe de gabinete del ministerio de Manzur. Los testimonios comprometen seriamente a Yedlin y al ciudadano chileno, pero hasta ahora no tocan al funcionario nacional. 

El caso Yedlin hace mucho ruido y dio pie a vitriólicas críticas del arco opositor que exige la renuncia del imputado. El gobernador se hace el distraído, pese a haber dicho infinidad de veces que si se enterara de que alguien roba bajo su gestión, él mismo denunciaría a los corruptos. Hasta ahora la única medida punitiva contra Yedlin fue una multa de $60.000, aplicada por el Tribunal de Cuentas. El Parlamento bajo férreo control del mandamás se niega a la interpelación que promueven los escasísimos legisladores contradictores de Alperovich. Yedlin nunca pisará el recinto por la protección de su padrino y patrón. 

El ministro acaba de tragarse la derrota infligida por los médicos autoconvocados, después de una trifulca de 16 meses ininterrumpidos. Al final, obtuvieron aumentos salariales, encasillamientos acordes con sus funciones, estabilidad en sus empleos, mejores condiciones de trabajo y la incorporación a la planta permanente de cientos de profesionales con contratos precarios y pago en negro de sus haberes. También lograron el reingreso de médicos echados y desplazaron al sindicalismo peronista como interlocutor del gobierno.