El interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, explicó que las objeciones del Tribunal de Cuentas (TC) a dos adjudicaciones de obras, por un total de $ 35 millones, se deben específicamente a los diferentes criterios con el que se rigen el organismo de control y la repartición que él conduce.

Mediante dos acordadas, los vocales del TC justificaron el rechazo de las operaciones en la existencia de diferencias entre los costos presupuestados para las obras y los montos dispuestos finalmente, tras las adjudicación de los proyectos.

Al margen del Indec

Durán aclaró que respeta y que acatará la decisión del Tribunal de Cuentas. No obstante, afirmó que el Instituto de la Vivienda tiene un criterio distinto al del TC para evaluar las ofertas. "La comisión de preadjudicación, que estudia las ofertas, adoptó un criterio correcto. No siempre la oferta más económica es la más conveniente", dijo.

Luego explicó los pasos seguidos por su repartición. Afirmó que, por lo general, se diseñan los pliegos de licitación con un presupuesto oficial fijado a la fecha de iniciado el proceso. Y que hasta que las obras pueden ser adjudicadas transcurren entre tres y cuatro meses. "Para esa fecha, las ofertas tienen otro valor", afirmó. Sostuvo que la diferencia de criterio radica en que, mientras el Tribunal de Cuentas exige que la actualización de precios se haga sobre datos del Indec, ellos efectúan su propio relevamiento de valores para acercarse a la realidad. "Sabemos que la medición del Indec no acompaña la variación de precios real. Por eso, volvemos a hacer un presupuesto oficial con un nuevo relevamiento de mercado. Así adjudicamos muchas obras y nunca fueron observadas. No es bueno arrancar con precios depreciados", planteó.

"Incluso, en el expediente hicimos la comparación entre la medición oficial y el relevamiento, para argumentar por qué adjudicamos la obra a la oferta que nos parecía más razonable", añadió el funcionario. 

Durán minimizó la decisión del Tribunal de Cuentas y ratificó que volverán a iniciar el proceso de adjudicación en ambos procesos. De todas formas, consideró que sería importante, para estos casos de disparidad de posiciones, que exista un organismo con capacidad de terciar en la cuestión. "Como una suerte de laudo arbitral", esbozó.

"Vamos adjudicando más de 400 proyectos, y sólo dos fueron observados. De todas formas, no hay problemas en que ambas adjudicaciones sean revisadas, porque contamos con la aprobación de la Nación. Esto significará entre dos y tres meses de retraso hasta que se pongan nuevamente en marcha", concluyó el titular de la Vivienda.