La difundida preocupación por la escasa transparencia en el sistema de subsidios oficiales al transporte se ha reforzado a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que da cuenta de varias irregularidades.

Los subsidios comenzaron a aplicarse durante el gobierno de Néstor Kirchner como una compensación a las empresas por el atraso tarifario y se convirtieron en uno de los rubros de mayor crecimiento en el gasto público.

Los fondos se canalizan a través de la secretaría de Transporte y en numerosas oportunidades se criticó que no existía una adecuada información sobre la forma en que se aplicaban y su relación con la calidad de los servicios.

La AGN realizó un primer informe sobre la gestión del sistema en el período 2001-2004 y en el mismo se objetó el manejo de $ 1.600 millones del total aportado por el Estado. Un informe más reciente abarca el período 2005-2007 y pone en cuestión la gestión de una suma que multiplica por diez la anterior. Entre los puntos señalados por la Auditoría se encuentra una modificación a la normativa de la Secretaría que beneficia a las empresas y que se contradice con la Ley de Administración Financiera y sistemas de control nacionales.

Se señalan también la insuficiencia de la auditoría de la Subsecretaría de Transporte Automotor y una transferencia realizada a la obra social de los camioneros.

Cabe recordar que, paralelamente, el ex titular de la Secretaría, Ricardo Jaime, un funcionario de estrecho contacto con Néstor Kirchner, es investigado por la frecuente utilización de un avión privado y de aviones de las empresas subsidiadas.

Los hallazgos de la Auditoría son preocupantes en la medida que involucran procedimientos objetables en el manejo de fondos públicos y ponen en cuestión un sistema que ha provocado serias distorsiones en los precios y las prestaciones de un servicio público. Los hallazgos de la AGN deben estar seguidos, por lo tanto, de las correspondientes correcciones y sanciones a los responsables.

La Auditoría General de la Nación encontró falta de control en el manejo de subsidios al transporte, por parte de la Secretaría del rubro, cuyo ex titular está bajo investigación judicial.