La Pampa.- Las señales políticas que bajaron desde la cúpula de la Legislatura el año pasado, cuando se reavivó el escandaloso destino que algunos diputados provinciales le dan a los 18.000 pesos mensuales que tienen para otorgar subsidios, parecieron en ese momento promisorias. Sin embargo, el paso de los meses ha mostrado que poco cambió y que, cuando el tema desapareció de las tapas de los diarios, ningún funcionario y/o legislador volvió a mostrar inquietud para que esos fondos sean realmente transparentados.

Si bien es una sana costumbre creer en la palabra -aunque en los tiempos actuales lo que vale es el papel firmado-, también es difícil darle absoluta fe cuando los hechos demuestran que "se la lleva el viento".

Los cambios sustanciales en el control de esos fondos que se propusieron en septiembre fueron el publicar en la web los montos de cada una de las resoluciones por las que se otorgan los subsidios, y que éstos fueran controlados por el Tribunal de Cuentas. El maquillaje asomó interesante, y de hecho sería un logro que después de 27 años de democracia se informe abiertamente quiénes son los beneficiarios de más de 5,5 millones de pesos anuales; si bien la pregunta de fondo sigue sin debatirse: ¿es correcto que los 26 diputados otorguen subsidios o esa debería ser una facultad exclusiva de dependencias del Poder Ejecutivo? Eso sí, con estrictos contralores sobre su ejecución y destino, algo que actualmente no parece ser tan minucioso.

La simple formulación del interrogante suena a mala palabra en la Cámara de Diputados, porque muchos de los legisladores utilizan esos dineros públicos para, directa o indirectamente, hacer política partidaria. Tan mala palabra es ir al hueso del debate que aún hoy varias fundaciones ignotas continúan recibiendo fondos que salen de los impuestos que pagan los pampeanos. Está claro que para la actual Cámara, y otras anteriores, no alcanzó la vieja historia de las fundaciones "truchas" creadas por los propios diputados del PJ ni la condena penal a un aliado del oficialismo para revertir esa situación.

Por eso, vale en este caso recurrir al refrán popular que dice que "al rengo hay que verlo caminar", para saber si realmente las proclamas de transparencia son una definición política taxativa u otro canto de sirenas. Porque bien pueden blanquearse algunas conductas anómalas, pero pueden seguir utilizándose instituciones "fantasmas" para burlar la norma vigente que impide otorgar subsidios a personas físicas.

El nuevo sistema de control ya está legalmente en marcha y a fin de mes debería estar en la página digital de la Legislatura el primer listado con los destinos y montos de los subsidios otorgados en diciembre. Claro, que si todavía no figuran allí los entregados en octubre y noviembre, las dudas surgen y se vuelven inevitables.

Ahora ya no hay más por decir, sólo interesan los hechos y las conductas. Aunque suene a migaja para un presupuesto provincial de 5 mil millones de pesos, se trata de una partida de 1.300.000 dólares, o sea 25.000 asignaciones universales por hijo.