Publicado: 05-12-2011

Buenos Aires.- No sólo por estos días se cumplen diez años de la peor crisis económica argentina sino que el calendario también marcó una década de frustraciones para los proyectos de libre acceso a la información pública en el Congreso nacional.

Esa iniciativa es tomada desde hace años como pilar para la transparencia de un Estado y su mayor o menor aplicación es considerado un reflejo del nivel de corrupción dentro de un país.

Por eso están claramente asociadas dos informaciones surgidas en las últimas horas: la posibilidad de que otro proyecto de acceso a la información pierda estado parlamentario en el Congreso y la permanencia argentina dentro de las naciones aplazadas en el índice de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente la organización Transparencia Internacional.

La difusión del índice encontró a la presidenta Cristina Kirchner en Venezuela. Justamente, ese es el otro país de Sudamérica donde no rige la ley conocida internacionalmente como FOIA (por sus siglas en inglés), ni sus ampliaciones o actualizaciones denominadas Gobierno Abierto.

El primer intento por aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública fue en 2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró un proyecto, que se trabó dos años después y perdió estado parlamentario.

Actualmente hay otro proyecto en Diputados que tiene sanción del Senado y que puede seguir el camino de su antecesor, aunque esta circunstancia depende de la interpretación de la ley. Comenzó a tratarse en 2009 en la Cámara alta y tiene dos dictámenes de comisión en Diputados pero está trabada en la de Presupuesto, conducida por el kirchnerista Gustavo Marconato.

Más allá de lo que ocurra con esa iniciativa, luego del 54 por ciento obtenido en la elecciones, la Presidenta tiene una extraordinaria oportunidad de sacar la ley que se le ocurra para garantizar los principios básicos del acceso a la información.

Los datos públicos, salvo en excepciones como cuestiones de seguridad nacional o de derecho a la intimidad, son un bien público al que todos los ciudadanos deberían tener acceso. Además, alienta su participación y fomenta la rendición de cuentas de los servidores públicos.


En 2003, cuando Néstor Kirchner tomó iniciativas aperturistas y con amplio consenso popular como la renovación de la Corte Suprema de Justicia, también dictó el decreto 1172 de Acceso a la Información Pública, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él.

Este decreto es en sí mismo un límite, porque sólo concierne al Poder Ejecutivo y no rige en el Legislativo o el Judicial. Pero lo más grave es que se aplica de manera parcial. Para suplir esa falencia la Corte Suprema acaba de anunciar su adopción de política de Gobierno Abierto justamente encaminada a profundizar el acceso a la información judicial de la población.

En aquel momento Kirchner había puesto como autoridad de incumbencia sobre ese decreto a Marta Oyhanarte, cuya labor fue rescatada por las organizaciones que velan por la transparencia.

Pero a medida que su administración avanzó, el entonces Presidente fue optando por la opacidad. Desde inicios de 2010 la Subsecretaría de Reforma Institucional para el Fortalecimiento de la Democracia es conducida por el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque. "No ha hecho nada para aumentar el cumplimiento de la ley y fomentar el decreto. Tampoco me dio un listado de sus empleados pese a que son públicos. Por ese motivo lo denuncié ante la Oficina Anticorrupción", detalló Laura Alonso, diputada del PRO y ex directora ejecutiva de la Fundación Poder Ciudadano.

La legisladora, además, entabló un litigio con el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, por no responder un pedido de información sobre las partidas que el Estado destinó a la Fundación Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas populares, pese a que esa información está alcanzada por el decreto de Kirchner.

Alonso presentó la solicitud de información a mitad de año y el decreto de 2003 establece que el funcionario tiene un plazo de diez días hábiles prorrogables por otro lapso igual para responder.


El índice de Transparencia Internacional se elabora sobre la base de encuestas en los distintos países que integran el relevamiento, por lo que no puede ser tomado como un barómetro de la corrupción, pero sí es un indicador importante.

En el último registro, que este año relevó a 183 países, la Argentina ocupó el puesto 100 con una puntuación de 3,0 en una escala que va de 0 para los países más corruptos a 10 para los más transparentes.

Si bien avanzó cinco casilleros y una décima respecto del año pasado (de 2,9 a 3), su posición estuvo en la media de la última década. Desde 2003, cuando se ubicó en la posición 92 con un puntaje de 2,5 la progresión fue la siguiente: 2004, 108 - 2,5; 2005, 97-2,8; 2006, 93 - 2,9; 2007, 105 - 2,9; 2008, 199 - 2,9; 2009, 106 - 2,9; 2010, 105 - 2,9.

"El prolongado estancamiento de la Argentina demuestra que necesitamos un acuerdo entre gobierno y oposición, tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias y municipios, para que las herramientas básicas de prevención y persecución de la corrupción sean efectivas. Acceso a la información, independencia del poder judicial y organismos superiores de control fuertes son condiciones para que la reducción de la corrupción sea un objetivo alcanzable. Sin embargo, mientras esto no se vuelva una demanda de los ciudadanos, es difícil que ocurra", sintetizó Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano.