Publicado: 11-07-2010
 
CABA.- En los últimos meses una serie de movimientos han logrado que la actual ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, carezca de control de parte de la Auditoría General de la Ciudad en una de las áreas más sensibles: su política habitacional. Una trama que desde el oficialismo porteño prefieren mantener en la máxima oscuridad.

Al momento de asumir Macri, la presidencia de la Agcba quedó en manos de Sandra Bergenfeld ligada al kirchnerismo y, como corresponde por ley, de signo político contrario al jefe de Gobierno. La titular del ente mantiene una sórdida disputa con la otra figura relevante en ese organismo: Santiago de Estrada (PRO) y ex embajador ante el Vaticano durante la dictadura. El puntapié inicial del operativo que permite la carencia de control ocurrió en diciembre de 2007 cuando la Auditoría se separó en dos Direcciones Generales: Salud y Desarrollo Social, que hasta esa fecha eran una sola.

La de Salud quedó en manos de Miguel Matos (director hasta ese momento del área unificada) y propuesto por la Unión de Personal Civil de la Nación (Upcn), y la de Desarrollo Social fue para Roxana Cardarelli, proveniente de Recrear y que hoy sigue formando parte del PRO.

Esta nueva Dirección General nombró a dos Directores de Proyectos, que si bien eran de carrera, se trata de lugares políticos . Estos directores han tenido grandes problemas para llevar adelante su trabajo, desde la falta de personal y recursos, hasta aprietes por parte de la ONG macrista Unidos por la Justicia, una fundación que armaron el fiscal general de la Ciudad Germán Garavano y el diputado nacional Francisco de Narváez, que incluyen amenazas telefónicas por un informe que llevó a la ruptura de convenios entre esta fundación y el Ministerio de Desarrollo Social.

Un expediente oscuro

Pero es un legajo el que desencadenó la silenciosa pero potente crisis. El Informe Final 1053, auditaba el programa Ciudadanía Porteña y daba detallado incumplimiento de las obligaciones de esa cartera del Ejecutivo. Consecuencia de ello fue la baja del convenio de cooperación con Unidos por la Justicia, dado que no había sustento para que esa Fundación fuera parte del Programa. A partir de la publicación del informe, la presión sobre el personal de la Auditoría, en el área Desarrollo Social, ha sido muy fuerte.

De Estrada si bien no es el presidente de la Auditoría, es quien decide, en forma de facta, qué informes se llevan adelante y se aprueban y cuáles no. Los trabajadores de la Auditoría, en su mayoría técnicos especializados en la temática, sostienen que aquello que no pasa por su escritorio nunca salen a la luz.

El caso más llamativo es el del proyecto 3.08.12 B, que se puede ver en la página web del organismo. Este proyecto, como todos, fue aprobado por la Legislatura en 2007. Como en ese año no se pudo ejecutar, se reprogramó para 2008 y al día de hoy sigue sin haber más que un preinforme sin aprobación por el Colegio de Auditores. Casualmente o no tanto, este proyecto audita los programas de política habitacional. Así es que la Directora General de Control de Desarrollo Social, Roxana Cardarelli, nombrada con el apoyo de Esteban Bullrich, actual Ministro de Educación, separó de su cargo a gente con experiencia y de carrera, tan sólo por cumplir con su trabajo, que al día de hoy sigue sin estar terminado y que, al ser un preinforme es secreto según lo establece el reglamento interno del ente. Qué dice ese informe acerca de las políticas tal vez nunca sea público.