Lea aquí la nota de El Auditor

Buenos Aires.- Muchos niños del Conurbano bonaerense están pácticamente condenados. No pueden jugar a la pelota ni a las escondidas. Y varios de ellos, lamentablemente, ni siquiera llegarán a la adolescencia, ya que en su sangre hay una alta concentración de metales pesados, producto de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sus padres también están enfermos y prácticamente ya perdieron toda esperanza de que, desde el gobierno provincial, les den alguna solución a sus angustiantes reclamos.
 
Pasaron más de tres años desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno nacional, a la Provincia, a la jefatura de Gobierno porteña y a varios municipios la puesta en marcha de un plan de acciones concretas para combatir la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde viven 3 millones de personas en situaciones límite. La realidad es que poco y nada se ha hecho.

También existe un manto de sospecha respecto al destino de los fondos que se están girando desde el Estado nacional para las tareas de saneamiento en la que, sin lugar a dudas, es la zona más contaminada del país.

Un claro ejemplo es que, según un reciente estudio de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso este diario, en los últimos tres años la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar) -organismo público que reúne a representantes del Gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y de la Provincia- transfirió $ 20.424.568 a las comunas afectadas mediante "un acuerdo que no tiene objetivos, condiciones ni plazos definidos".

Además, el reparto no habría sido para nada parejo: la ciudad de Buenos Aires recibió sólo $ 539, mientras que Avellaneda obtuvo $ 1.398.500 para el mismo período. En tanto, de los catorce municipios que forman parte del convenio, sólo cuatro recibieron sin excepción los fondos correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009. A ello se le sumaron, según el organismo contralor, demoras en la entrega de fondos y falencias en las rendiciones de gastos. "La laxitud de sus cláusulas, la vaguedad de los objetos y condiciones, más el exceso de anexos hacen que el acuerdo sea difícil de interpretar", afirmó la AGN (es el organismo que asiste técnicamente al Congreso nacional en el control del estado de las cuentas del sector público) en su informe.

Ante una consulta de Hoy, desde la organización ecologista Greenpeace, también encendieron la alarma. "Hay retrasos muy significativos.
 
Prácticamente no fue relocalizada ninguna de las villas y asentamientos de la cuenca. Solamente en 2006, hubo 25 viviendas de Villa Inflamable que fueron trasladadas, pero luego poco se hizo. Ni siquiera se terminó el censo de las familias que están en riesgo. El fallo de la Corte hizo que adquiriera un poco más de dinamismo en algunas tareas, como la limpieza de los márgenes. Pero hay demoras de todo tipo: por ejemplo, aún no se terminó el relevamiento de las industrias más contaminantes, que la propia Corte estipuló que debería haberse concluido treinta días después de emitido el fallo en 2008", le dijo a Hoy Consuelo Bilbao, coordinadora de Greenpeace de la campaña Riachuelo.

El convenio implica la realización de obras de remediación ambiental, como así también la urbanización de villas y asentamientos. Los reiterados incumplimientos hicieron que, el año pasado, la Justicia Federal, a través del magistrado de Quilmes, Luis Armella, intimara en reiteradas ocasiones a los funcionarios nacionales y provinciales y a los intendentes, para que cumplan con las obras.

Se estima que a la cuenca Matanza-Riachuelo se tira alrededor de 8.500 toneladas de chatarra que contienen: cascos de barcos, esqueletos de autos, basura de todo tipo y un fondo letal formado por numerosos metales pesados y sedimentados en concentraciones muy altas y muy alejadas de los porcentajes internacionalmente tolerados, con un espesor que llega a siete metros de profundidad. Las concentraciones de zinc, plomo y cromo son superiores en 50 veces a los niveles máximos permitidos.

La Autoridad de Cuenca explicó, en el descargo de la auditoría realizada por la AGN, que hubo una obra en la que se ejecutó casi el total de los fondos asignados, un 91%, pero llamativamente se hizo menos de la mitad de los trabajos.

Para colmo la Autoridad de Cuenca omitió aclarar ese "desfasaje con la ejecución financiera". Se trata del servicio de limpieza y mantenimiento de agua y desmalezamiento y el mantenimiento de márgenes del río Matanza, que tenía un valor inicial de $13.224.198 y debía terminarse para diciembre de 2009.

Otro ejemplo es el de la obra de ampliación de la planta depuradora de afluentes cloacales sudoeste, en el partido de La Matanza, cuyo valor fue de $93.538.417. Debía estar terminada para agosto de 2009, pero, sin embargo, para esa fecha los trabajos habían avanzado sólo un 44%. La AGN aseguró que "no surgieron constancias que aprueben la ampliación del plazo".

La auditoría concluyó que hubo varias obras que "presentan ejecuciones financieras y físicas que no guardan relación armónica".

Esto quiere decir que hay trabajos que no avanzaron, en tiempo y forma, conforme a la ejecución de los presupuestos.